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  • 7.3.16
Se supone que España es un país democrático, plural y moderno en el que se respetan los valores promovidos por la Carta de Derechos Humanos proclamada por la ONU. Formalmente, así se consagra en la Constitución española, que define, además, al Estado como Social y de Derecho, y en toda la arquitectura legal del país. Incluso lo declara como aconfesional en su relación con las religiones para evitar privilegios estatales de unas sobre otras, aunque luego considere “autoridad pública” a la jerarquía eclesiástica católica de cada diócesis.



Es decir, España se reconoce formalmente como un país laico (no distingo la diferencia entre aconfesional y laico) en el que prevalece el interés social, regido por un sistema democrático en forma de monarquía parlamentaria, jamás elegida y hereditaria, y sometido al imperio de la ley. Esto es, al menos, lo que creemos que somos oficialmente y por lo que han de velar las instituciones con que nos hemos dotado. Luego viene la comparación con la realidad para hacernos despertar del encantamiento.

Vayamos, pues, por partes deconstruyendo esta democracia, en el sentido de analizar sus estructuras. Para empezar, el sistema democrático no es lo suficientemente democrático para ser completamente democrático, esto es, justo. La calidad de la democracia española, de arriba abajo, deja mucho que desear.

En la cúspide no se elige al jefe del Estado sino que se mantiene la decisión del ya desaparecido dictador Francisco Franco de nombrar como su sucesor al nieto del último rey que reinó en España, saltándose, entre otras cosas, el orden dinástico histórico. Transitamos, así, de una dictadura a una monarquía por un capricho personal.

Posteriormente, con la restauración de la democracia, tutelada por el propio régimen, se somete la monarquía a referéndum como parte inseparable de la Constitución, por lo que nunca los españoles han podido escoger entre república y monarquía. Resulta, por tanto, discutidamente democrático el mecanismo por el que se impone una forma de Estado y se sanciona la decisión de un dictador.

Tampoco se elige directamente al presidente del Gobierno sino a los miembros de las Cortes españolas. La elección del presidente del Ejecutivo queda al arbitrio de una decisión parlamentaria, mediante acuerdo por mayoría absoluta o simple de los diputados, que otorgan su confianza al candidato durante una sesión de investidura en la que se aprueba o rechaza su programa de Gobierno.

Elegido el presidente, los demás miembros del Gobierno serán nombrados por el rey a propuesta del presidente de Gobierno. Con este sistema, elegimos parlamentarios, no presidente de Gobierno. En un sistema presidencialista los votantes pueden elegir a unos y otro. En comparación, la democracia en España no es lo suficientemente amplia como para permitirnos elegir en las urnas al Jefe del Estado, al presidente del Gobierno y a su equipo gubernamental. Sólo nos deja elegir a los representantes que los designan, salvo al rey, que viene impuesto por el régimen anterior.

Pero es que, además, la extracción de esos “representantes” de la soberanía nacional no la hacemos directamente, votando individualmente al candidato que conozca nuestros problemas y nos ofrezca mayor confianza, sino a través de unas listas cerradas en las que un partido decide quién y en qué orden presenta, con posibilidades de salir elegido, formando parte de una papeleta indivisible.

La democracia española no nos concede la libertad de elaborar nuestra propia lista de personas merecedoras de nuestro voto. O todo o nada. Nos obliga a votar unas siglas en las que destaca, como mucho, el líder que las encabeza, conocido por ser el rostro de la publicidad electoral. Ni siquiera conocemos el programa con el que se presentan y que jamás se distribuye entre la población, pero del que se vocean cuatro o cinco consignas que se reiteran en todos los mítines, entrevistas y actos de campaña cual eslóganes propagandísticos.

Por desconocer, una mayoría de los votantes no distingue la diferencia ideológica entre las formaciones que concurren a unos comicios en los que “elegimos” a nuestros representantes para que formen gobierno y elaboren las leyes que regularán nuestra convivencia. Simplemente, votamos la lista cerrada y amañada que la tradición, la simpatía o la campaña publicitaria nos hace parecer idónea.

La escasa democracia interna de los partidos con que se afronta la composición del “ticket” electoral que nos obligan a votar, hace que este procedimiento se haya convertido en un poderoso instrumento de control de todas las tendencias, corrientes y disputas que anidan en el seno de esas formaciones políticas.

Quien no siga fielmente las directrices del “aparato” no tendrá oportunidades de figurar en ninguna lista, por mucho que se haya “pateado” su circunscripción y mostrado interés en conocer los problemas que la aquejan. Es cuestión de lealtades, no de aptitudes. Ni el subterfugio de las primarias (votación entre los militantes a un candidato) corrige la tendencia endogámica en la extracción de los componentes de un puesto orgánico y de los integrantes en una lista electoral. Hay intereses más importantes que el simple interés de la gente a la que se dice representar.

Lo mismo sucede en las elecciones autonómicas y municipales, en las que se vota también la lista cerrada de cada partido en liza. La elaboración de tales listas o papeletas adolece de idénticas deficiencias democráticas que para las generales, por lo que resulta reiterativo insistir en esta manipulación que constriñe nuestra voluntad y doblega nuestra democracia, sin que hasta la fecha ningún gobierno ni ningún “representante” del pueblo hayan impulsado, cuando han podido, una reforma para implantar el sistema de listas electorales abiertas. No les interesa.

Como tampoco les interesa cambiar el sistema electoral para que los diputados reflejen la diversidad de opciones y opiniones existente en la sociedad. La actual configuración ideológica del Congreso se debe al sistema proporcional, basado en el método D´Hondt, que otorga el reparto de los escaños de manera proporcional según los votos obtenidos por cada partido y teniendo en cuenta la población de cada una de las 52 circunscripciones en que se divide el país: una por provincia, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Al distribuir dos escaños, como mínimo, por provincia, salvo Ceuta y Melilla que disponen de sólo uno, se produce una sobrerrepresentación del voto rural y una gran asimetría territorial. Este sistema proporcional se adoptó, cuando se reinstauró la democracia, para evitar la excesiva fragmentación del Parlamento y garantizar la gobernabilidad del Estado.

Pero adolece de notables carencias que le restan representatividad, ya que permite que los votos no valgan lo mismo en todas las circunscripciones. Un partido nacionalista, por ejemplo, consigue representación parlamentaria con menos votos que un partido pequeño, como Izquierda Unida, si se presenta en todas las circunscripciones, aunque obtenga un cómputo mayor de votos. Ello proviene de la intención de potenciar la representatividad de los partidos más votados y de los partidos nacionalistas en detrimento de las pequeñas formaciones, aunque no refleje fielmente la pluralidad social.

Un sistema mayoritario y la circunscripción única para todo el Estado ofrecerían unos resultados electorales más fidedignos a los votos obtenidos y a la pluralidad de pareceres de los votantes. Pero, al parecer, un sistema electoral que amplíe la representatividad de manera más democrática, real y justa que el actual no es del grado de los que llevan gobernando en España durante todo el período democrático. Tampoco les interesa.

Y si acudimos al cuarto escalón de la Administración, esa mastodóntica e innecesaria institución bicentenaria de las Diputaciones, su escaso barniz democrático quedará patente. Estos organismos de ámbito provincial se mantienen como auténticas anomalías en la estructura autonómica del Estado y justifican su existencia en la necesidad de coordinar la gestión administrativa y de gobierno de las pequeñas localidades.

Una función sin duda encomiable cuando el Estado era centralista y no existía una administración regional descentralizada. Pero con la configuración autonómica del Estado, aquellas atribuciones pueden ser asumidas por las delegaciones provinciales de las consejerías correspondientes, evitando la duplicidad de estructuras administrativas y ventilando, de paso, la opacidad y el clientelismo de unos entes que han devenido reductos sólo útiles para el retiro de amortizados activos humanos de los partidos políticos que las controlan y administran a su antojo.

Porque la democracia con que se constituyen las diputaciones es, aparte de confusa, peculiar. Sus miembros se eligen de manera indirecta entre los concejales electos de cada partido político de los municipios que forman un partido judicial y en virtud de unas cuotas por censo de población. Al final, no los elige nadie y se eligen entre ellos, formando una especie de club de alcaldes y concejales que manejan un presupuesto y unas subvenciones nada desdeñables.

Cualquiera, pues, que sea el nivel en que nos fijemos para deconstruir la democracia española, apreciaremos aspectos manifiestamente mejorables que la dotarían de un mayor calado democrático, la harían más justa y le permitirían representar de manera más fidedigna la diversidad y pluralidad de la sociedad moderna de España.

Muchas de las deficiencias señaladas proceden de cautelas de los padres fundadores de la actual democracia por evitar peligros y errores de pasados momentos históricos en que la semilla democrática fue abrupta y violentamente segada.

Pero otras, en su inmensa mayoría, son fruto de intereses partidistas que se ven beneficiados por las carencias del sistema político democrático en la actualidad. Ello es lo que hay que denunciar y obligar a corregir, puesto que somos un país adulto que merece una democracia más sólida, transparente y eficaz.

DANIEL GUERRERO

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