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  • 12.8.18
Los primeros días de agosto están siendo fértiles en acontecimientos. Pero han sido dos, fuegos forestales y encuestas del CIS aparte, los que han acaparado la atención de los medios de comunicación y los debates de la gente: la huelga en el sector del taxi y la salida de prisión, tras cumplir condena, del sanguinario etarra Santi Potros.



Cualquier otro hecho no ha tenido oportunidad de existir puesto que no se ha visto reflejado en los titulares periodísticos ni en los vídeos de los telediarios. Así se construye la realidad sobre la que nos hacen interesarnos.

Sobre el manido conflicto del taxi y las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), que ha motivado una huelga salvaje y desproporcionada, convendría reflexionar un poco, no vaya a ser que, en nombre del derecho al trabajo de los taxistas, se esté defendiendo un oligopolio e impidiendo la libre competencia, tan necesitada en el sector.

Máxime si, incluso albergando grandes dosis de razón de su parte, los métodos empleados por los taxistas, con quema de vehículos VTC, agresiones a sus conductores y otras salvajadas intolerables, les lleva a perder toda legitimidad con que justificar la paralización de un servicio público como forma de chantaje en su negociación con el Gobierno.

¿Y qué es lo que piden los taxistas? Que se respete la ley de 2015 que les garantizaba la proporción de un VTC por cada 30 taxis, pero que se ha visto superada por sentencias judiciales que han permitido una proporción real de uno a siete. ¿Y por qué aquella proporción? Pues para dar ventaja y seguridad al taxi tradicional frente a un servicio que lo supera en calidad, profesionalidad, disponibilidad y precio.

Para ello, arguyen costes e impuestos, cuando ambos servicios adquieren sus licencias mediante tasas administrativas (normalmente municipales) de relativo importe (distinto es adquirir tales licencias en el mercado secundario, comprándosela a quien ya la poseía) y han de pagar impuestos, mantenimientos de vehículos y gastos de Seguridad Social semejantes.

¿Dónde radica, entonces, la supuesta afrenta desleal que dicen sufrir los taxistas? En tener que competir, debiendo repartirse la “tarta” entre todos, para ganarse a los clientes. No están acostumbrados a ello porque conforman un mercado que solo los taxistas administraban en condiciones prácticamente de monopolio, y que no desean compartir ni competir con nadie.

No se dan cuenta de que tienen la guerra perdida por mucho que griten, bloqueen ciudades y se comporten cual energúmenos, como suelen hacer cuando se disputan entre ellos mismos terminales privilegiadas, como la de los aeropuertos. Ya lo intentaron los estibadores y tuvieron que aceptar una transición hacia la liberalización de su nicho de mercado.

Ahora les toca a los taxistas, que disfrutan de la concesión de explotación de un negocio que se desarrolla en un espacio que depende y regula la Administración. De ahí que el Gobierno derive la solución del conflicto hacia las Comunidades Autónomas que tienen transferidas estas competencias.

¿Y qué va a pasar en septiembre? Pues, si hay sensatez, se impondrá el diálogo y los acuerdos beneficiosos para ambas partes, previa cesión por parte de todos los implicados. Si no, huelgas y chantajes hasta que los ciudadanos se harten y el orden público haya que imponerse, si fuera necesario, por la fuerza.

Al taxi le falta calidad, el valor añadido que ofrecen los VTC para el mismo servicio. Es lo que exigimos los usuarios de cualquier servicio, público o privado. Hay que proteger al sector del taxi, pero modernizándolo y haciéndolo competitivo, no encapsulándolo entre normas antiguas de oligopolio.

La otra noticia en boca de todos es la excarcelación de Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, el inductor de más de 40 asesinatos en atentados terroristas, entre ellos el de Hipercor de Barcelona, después de cumplir 31 años entre rejas de condena (18 en España y 13 en Francia).

La mayoría de las opiniones se manifiesta en contra de una excarcelación que viene condicionada por la aplicación estricta de la legalidad penal y penitenciaria. El etarra, de 70 años, salía de la cárcel de Salamanca sin grandes recibimientos (sólo su mujer y dos familiares) y sin hacer declaraciones, como corresponde a un vencido completamente, tras la derrota definitiva de la banda ETA a la que pertenecía como pistolero, del que no se espera siquiera signos de arrepentimiento y culpa. Carece de moral para tan nobles y elevados sentimientos.

Los de ETA se han visto obligados a dejar de matar y pagar por sus asesinatos, sin obtener ninguno de sus supuestos propósitos. Ha sido una victoria contundente de la democracia española y de los pacíficos amantes de la ley.

Sin embargo, sectores recalcitrantes de la derecha, dispuestos otra vez a manipular los sentimientos de las víctimas del terrorismo, aprovechan la ocasión para denunciar, no el triunfo de la Justicia y del Estado de Derecho, sino el escaso, a su juicio, coste penal que supone a cualquier terrorista asesinar en España, país que no contempla la cadena perpetua ni la condena a muerte.

Como si eso fuera una debilidad de nuestro Estado de Derecho y de nuestra entereza cívica y ética. Y advertir de que no tolerarán “ni acercamientos de presos –a cárceles del País Vasco–ni homenajes a etarras”, como si tal fuese la voluntad del Gobierno, cuando lo primero corresponde al fin de la dispersión y al respeto de Derechos Humanos en casos particulares, y lo segundo no fuese ajeno a la actuación gubernamental, que velará, en todo caso, por impedir cualquier acto de exaltación de la violencia y de apología del terrorismo.

Llama la atención que esa misma derecha, tan exigente en el endurecimiento penal y la intransigencia vengativa aunque sean contrarios a la legalidad vigente, no recuerde que fue la que flexibilizó la política penitenciaria y acercó presos al País Vasco cuando convino al expresidente José María Aznar y a su ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, entre 1996 y 2000, ambos ahora adalides infatigables del rigor sin contemplaciones.

Y es que, tanto la conflictividad laboral como la manipulación emotiva que genera todo lo relacionado con el terrorismo sirven a los propósitos inmediatos del interés partidista, sea desde la oposición o desde el Gobierno. Y por ello ocupan, por iniciativa propia o dirigida, la atención preferente de los medios de comunicación y, por extensión, del debate de la opinión pública.

¿Son los asuntos más importantes y trascendentales que preocupan a los españoles a estas alturas de agosto? Lo dudo, porque continúan los casos de corrupción en el sistema político institucional y partidista, la temporalidad laboral y la precariedad salarial siguen sin erradicarse, la desigualdad permanece firmemente instalada en la sociedad, la violencia machista asesina mujeres cuando le viene en gana y la educación de las futuras generaciones es inseparable del sectarismo ideológico y el adoctrinamiento religioso. Pero, mientras tanto, hablamos de los taxistas y de la salida de la cárcel del etarra de marras como asuntos prioritarios de la actualidad. Nos quedan serpientes de verano para rato.

DANIEL GUERRERO

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