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DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - 25 N

CLÍNICA PAREJO Y CAÑERO - ÚNICO HOSPITAL DE DÍA DEL CENTRO DE ANDALUCÍA

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - CÓRDOBA SINGULAR

  • 24.11.21
La presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur, Francisca Carmona, presentó este martes los datos que el Centro de Información a la Mujer (CIM) ha elaborado sobre violencia de género en los diez municipios que reciben atención del mismo –Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor, Monturque, Moriles, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y Santaella– y que, en el último año, ha registrado un aumento del 15 por ciento de las consultas relacionadas con la violencia machista.


Carmona destacó que si bien el servicio ha registrado, un año más, un incremento de las consultas por violencia de género, han disminuido las mujeres que necesitan protección policial activa, contabilizándose en estos momentos 29 mujeres en la comarca. "De las casi 1.100 asistencias a mujeres que se han atendido este año, 80 de ellas son de mujeres que acuden a nuestro centro por primera vez, un hecho que demuestra la necesidad de este tipo de atención por la que no dejamos de apostar cada año”, indicó la presidenta.

Según los datos de CIM Campiña Sur, el total de consultas han aumentado un 30 por ciento con respecto al pasado año, estando el grueso de las mismas –685 consultas– centradas en temas de derecho de familia, como crisis de pareja, guardia y custodia, separación, divorcio, incumplimiento del régimen de visitas e impago de pensiones.

Asimismo, el CIM detectó que en la mayoría de estas atenciones existe algún tipo de violencia de la que la propia mujer "no es consciente, no quiere reconocer o simplemente no quiere denunciar, por miedo, falta de apoyo, dependencia emocional y/o económica e inseguridad".

La presidenta de la Mancomunidad indicó que a las víctimas atendidas se les tramitan distintas ayudas, que va desde la asistencia jurídica gratuita, a la Renta Activa de Inserción (RAI), Fondo de Garantía de Pensiones, ayuda del artículo 27 de la Ley Integral y de otros programas de carácter provincial o municipal gestionados, principalmente, por los servicios sociales comunitarios.

En concreto, 168 han sido las consultas atendidas por demanda de recursos económicos y, otras 69 por otras ayudas como la vivienda, "un problema difícil de resolver ante la falta de viviendas sociales y de recursos para acceder a las mismas".

Además, Carmona destacó también el número de consultas sobre el incumplimiento de pensiones (49), “lo que no deja de ser una violencia económica y que no se contabiliza en el número de víctimas aun existiendo sentencia condenatoria por impago de pensiones". "Las mujeres con hijos e hijas a su cargo se asfixian económicamente, las ejecuciones de sentencia se eternizan en los juzgados, para acabar con resultado infructuoso en la mayoría de casos al declararse insolvente el progenitor obligado al pago”, lamentó la presidenta.

Con respecto al Departamento de Psicología del CIM Campiña Sur, el número de consultas se mantuvo con respecto al pasado año, “por lo que tras más de tres años de su puesta en marcha, podemos decir que se ha constituido en un recurso consolidado y muy demandado por las usuarias del centro".

Un servicio, recordó Carmona, que proporciona evaluación, asesoramiento e intervención psicoterapéutica individualizada a mujeres víctimas de violencia de género, mujeres en proceso de separación, contemplación de separación y/o ruptura y/o aquellas que presentan malestar emocional difuso y se sospeche proviene de su condición de mujer y por una condición no reconocida de violencia de género.

Actividades CIM Campiña Sur

En cuanto a las actividades que se están llevando a cabo desde el Centro de Información a la Mujer durante el mes de noviembre, está el Taller No me quieras tanto, quiéreme mejor, cuyo objetivo principal es prevenir la violencia de género en la adolescencia y que se está realizando en los institutos de la comarca; el curso Entendiendo la violencia de Género: Claves para su detección, destinado a profesionales y población en general, donde se pretende enseñar a identificar y detectar los distintos tipos de violencia hacia la mujer y ofrecer herramientas y pautas para combatirlas; y un encuentro entre asociaciones de mujeres de carácter formativo.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 23.11.21
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha simplificado los procedimientos de inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) y en el Censo de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios a Inspeccionar de Andalucía (CEIA) apostando por la telematización de las gestiones. Con esta importante novedad, Andalucía se convierte en la primera Comunidad Autónoma de España en agilizar unos procesos que, hasta la fecha, precisaban de un período considerablemente largo para conseguir oficialidad.


En el caso de la inscripción en el ROMA, por ejemplo, hasta ahora solía transcurrir una media de un mes entre la presentación de la documentación necesaria y la generación de la cartilla que acredita la inclusión de la maquinaria en el registro.

Los propietarios debían presentar en papel la documentación correspondiente en las delegaciones territoriales de Agricultura para confirmar un expediente que, posteriormente, debía revisar el personal de los servicios técnicos. Si se confirmaba que todo estaba correcto, se procedía a expedir la cartilla.

Contar con esta documentación es un requisito imprescindible para la matriculación del vehículo en la correspondiente Delegación Provincial de la Dirección General de Tráfico, por lo que se trata de un trámite de relevancia para todos los productores que utilizan estas máquinas en sus explotaciones.

Para lograr este avance en agilización de trámites administrativos, la Consejería de Agricultura ha puesto al servicio de los andaluces un proceso telemático que, mediante certificado electrónico, permite completar los procesos de inscripción de nuevos equipos y de supresión de maquinaria obsoleta. De esta forma, será posible realizar estas altas y bajas en el ROMA en un tiempo máximo de 30 minutos, siempre que los formularios administrativos automatizados estén correctamente cumplimentados.

Los interesados en realizar estos procedimientos pueden acceder a la aplicación informática a través de la página web de la Consejería de Agricultura y disponen también de un vídeo tutorial que ofrece una explicación simplificada de cómo llevar a cabo los trámites. En total, en Andalucía se realizan cada año más de 30.000 trámites relativos al ROMA sumando los procedimientos de alta, las modificaciones y las bajas de maquinaria en el registro.

Autorizar a terceras personas

Además, para facilitar aún más estas gestiones a los titulares de maquinaria y equipos de aplicación de fitosanitarios, el Gobierno andaluz ha establecido un sistema, también telemático, que permite habilitar a terceras personas para poder realizar las gestiones en nombre de los agricultores.

Esta posibilidad está ya implantada para el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA) y cuenta con bastante éxito. Actualmente, cerca de 18.400 agricultores han delegado los trámites relativos a este registro en 593 personas habilitadas oficialmente para ello.

Para ello, únicamente es necesario que el titular de la maquinaria exponga, por escrito, que autoriza a otra persona a que, en su representación, realice las transacciones electrónicas relativas a los procedimientos que permite la normativa. Una vez que cuente con esta autorización, la persona en quien recaería la realización del trámite debe redactar una declaración responsable telemática que le habilitará, en tiempo real, para actuar en nombre del titular.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

  • 23.11.21
Llevamos años defendiendo que debemos reactivar el poder de la ciudadanía para cambiar el mundo. Y en Murcia nos han enseñado el camino. Aún es pronto para cantar victoria, porque queda lo más difícil: hacerle entender a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados que en sus manos está hacer historia, ser recordados por cambiar el derecho ambiental en nuestro país y en Europa, y escuchar de una vez por todas el clamor popular, y no solo las voces de los que manejan la economía, de los que los manejan a ellos.


El ecocidio del Mar Menor nos avergonzó. El mundo entero vio los cadáveres de millones de peces flotando sobre las aguas, cubriendo las arenas de la playa. Muchos echaron balones fuera, intentando delimitar el problema, señalando a un puñado de agricultores incívicos. Pero sabían que el colapso de la laguna salada es lo que nos espera si no cambiamos de modelo, de forma de pensar, de relacionarlos con la naturaleza.

La sobrexplotación y la salinización de los acuíferos con los miles de pozos ilegales, el aporte excesivo de nutrientes, fosforo y nitrógeno provenientes de los fertilizantes utilizados en la agricultura intensiva que abastece de frutas y hortalizas a la Europa que regaña pero que mira para otro lado, así como los residuos y desigualdades sociales que provoca representan un problema generalizado a nivel nacional. La diferencia entre el Mar Menor y el Mediterráneo es su tamaño, pero las barbaridades son las mismas y las consecuencias, también.

Ante la tragedia se hizo lo de siempre: nada. Salvo poner cara de circunstancia y añadir el clásico “estamos trabajando en ello” que popularizó el señor Aznar. Trabajar en ello era llamar a los científicos, de los que solo se acuerdan durante las emergencias, para que les diesen soluciones rápidas. En esta ocasión, los científicos los remitieron a estudios de hace treinta años donde ya se concluía lo que iba a pasar y la manera de evitarlo.

Pero las soluciones no les gustaron porque para llevarle la contraria al capital hay que ser valientes y estar dispuestos a perder los votos y el poder por el bien común. Y ante la cobardía e incapacidad apareció la ciencia y la ciudadanía para proponer una solución novedosa.

Ocho profesores universitarios presentaron un estudio de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia y, con el apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, propusieron que la única solución posible para salvar el Mar Menor era dotarlo de Personalidad Jurídica Propia, o lo que es lo mismo, reconocerlo como objeto propio de derecho para que, por el solo hecho de existir, tenga su propia protección, independiente del interés político, como nosotros gozamos de los Derechos Humanos.

En Europa sería la primera figura de este tipo, pero no en el mundo, donde se la conoce como la ley de los “ríos persona” ya que en Colombia, en la India, en Canadá y en Nueva Zelanda salió adelante para proteger los ríos Atrato, Ganges, Magpie y Whanganui.

Para poder debatirlo en el Congreso tuvieron que impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y conseguir, en once meses, la friolera de 615.641 firmas, un 23 por ciento más de lo que necesitaban, y ya están validadas por la Junta Electoral Central. Y las han conseguido gracias a la ciudadanía, que se ha volcado para organizarse, para dar fe de cada una de las firmas, para mover cielo y tierra y dar a conocer el problema en todo el mundo.

Gracias a esa presión popular han conseguido que ALDI –y pronto vendrán otras grandes marcas– se plantee poner a la venta frutas y verduras que generen un impacto ambiental y social para producirlas. Estoy de acuerdo que puede ser una muy buena campaña de imagen y que, primero, deberían hablar de comprar a un precio justo y digno a los agricultores y no centralizar sus compras evitando así el ir y venir de los productos por las carreteras. Pero es un primer paso.

Y debido a la repercusión de sus acciones, el Partido Popular, que gobierna en Murcia junto con los irresponsables e incendiarios de VOX, se ha decidido apoyar la ILP. Ahora, cuando han visto que es imparable. Vergüenza les debería dar.

Este es el único camino que puede haber para cambiarlo todo: la ciudadanía exigiendo y organizada, respaldada por la ciencia, buscando nuevos caminos, nuevas oportunidades, nuevas formas de entender el mundo. Si la ciudadanía se une, el capital y los políticos cederán. Si los dejamos decidir a ellos, seguiremos escuchando el eco de la caja registradora y el “estamos trabajando en ello”.

MOI PALMERO
  • 23.11.21
La Guardia Civil, fruto de los dispositivos que viene realizando en la provincia contra la tenencia y el tráfico de drogas, ha desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas, concretamente cocaína, dentro del marco de la Operación Pakajo. La actuación ha permitido desmantelar dos laboratorios de droga que los detenidos tenían establecidos en un domicilio de Baena y en una vivienda de Castro del Río, y se ha detenido a cuatro personas en Baena y se han efectuado dos registros en sendas viviendas de ambas localidades.


La operación se inició en el pasado mes de octubre y tuvo su origen en el marco de las investigaciones contra el tráfico de drogas que lleva a cabo la Guardia Civil en la provincia de Córdoba, tras detectarse que en Baena, dos personas con antecedentes previos por tráfico de drogas, se habían asentado en la localidad y que los mismos habían retirado cantidades inusuales de sustancias precursoras en tiendas y droguerías de la localidad.

Asimismo, los sospechosos recibían y enviaban abundante paquetería, lo que hizo a los guardias civiles sospechar que los mismos pudieran estar dedicándose al tráfico de drogas y que pudieran disponer de un laboratorio para la adulteración de la misma.

Las intensas investigaciones llevadas a cabo durante estos dos meses, permitieron determinar que se trataba de un grupo organizado compuesto por cuatro personas que, al parecer, utilizaban dos domicilios uno en la localidad de Baena y otro en la de Castro del Río para la adulteración de la droga.

Ante ello y tras ubicar los domicilios se solicitó de la autoridad judicial la pertinente autorización para el registro de los mismos, que tras ser concedido permitió además de la detención de los cuatro integrantes del grupo, localizar más de 3,7 kilogramos de cocaína, así como otras sustancias de las utilizadas para la adulteración de la droga, así como diferentes utensilios para su prensado y embalaje, que componían los laboratorios que han quedado totalmente desmantelados.

Además, se han intervenido varios teléfonos móviles, un vehículo, dinero en efectivo, una pistola simulada y diversa documentación relacionada con los hechos que están siendo objeto de estudio. El grupo desmantelado, suministraba cocaína y sustancia de corte a gran parte de la comarca

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

  • 23.11.21
La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, presidió ayer una reunión en el Ayuntamiento de Santaella con los alcaldes de las localidades de Fernán Núñez, Montemayor, La Rambla, Montalbán de Córdoba, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella, La Guijarrosa y La Victoria, tras conocerse la autorización por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del acuerdo de colaboración entre estos municipios para prestar de forma asociada el servicio de Policía Local.


Se trata de un proyecto pionero en España que encuentra su base en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establece que cuando dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma comunidad autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas por la ley a dichas policías.

El proyecto, que comenzó a gestionarse hace algo cerca de dos años a iniciativa del Consistorio de Santaella a través de su entonces concejal Manuel Pedrosa, persigue dar una respuesta "conjunta y satisfactoria" a las necesidades que el servicio de policía local presenta en los diferentes municipios implicados, donde el personal es inexistente o insuficiente para ofrecer atención en tres turnos –lo que supone dar servicio a los ciudadanos todos los días del año y a cualquier hora– o más allá de patrullas unipersonales.

Para ello, el proyecto recoge la unión de los 32 agentes que actualmente prestan sus servicios en estos municipios con el objetivo de poder dar cobertura, de forma conjunta, a una población de casi 31.000 habitantes, ofreciendo un servicio con patrullas de dos agentes, tres turnos al día, y con una capacidad de respuesta ante cualquier incidencia de un máximo de diez minutos.

Precisamente, la localización de los municipios es uno de los puntos fuertes del proyecto pues todos ellos se encuentran bien comunicados y unidos entre sí por la carretera autonómica A-386 y la carretera nacional N-331 principalmente, además de una serie de vías complementarias como son las carreteras provinciales CV-207, CV-212, CO-3300, CO-3301; la carretera autonómica A-3133 y la autovía nacional A-45.

Además, según recoge el estudio realizado por los consistorios implicados, la puesta en marcha de este servicio comarcal, teniendo en cuenta tanto los agentes actualmente en activo como aquellas plazas que ya han sido formalmente convocadas, supondría un ahorro cercano a los 700.000 euros con respecto al coste actual que tienen las diferentes policías locales.

De esta forma, los requisitos necesarios para establecer un acuerdo de este tipo son: ser municipios limítrofes –que en el caso de estas localidades de la Campiña Sur, aun no siendo limítrofes entre sí, si conforman un conjunto geográfico sin discontinuidad entre ellos–; no disponer separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de policía local, y que la suma de las poblaciones de los municipios asociados no supere la cifra de 40.000, resultando entre los municipios que suscriben este acuerdo un total de 34.631 habitantes.



I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
  • 22.11.21
El delegado de Medio Natural y Carreteras de la Diputación de Córdoba, Francisco Palomares, informó del plan de actuaciones que se va a realizar en el marco del proyecto Mejora de destinos turísticos sostenibles de la provincia de Córdoba, dentro de la convocatoria del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), en base a la resolución del pasado 20 de octubre de 2021.


El presupuesto total del proyecto asciende a 1.354.418 euros, de los que 934.089 euros se destinarán a subvencionar los costes salariales y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social de trabajadores desempleados, preferentemente agrarios, para la ejecución de proyectos de interés general y social. El resto, 420.329 euros, corresponde a materiales, con una financiación del 75 por ciento correspondiente a la Junta de Andalucía, y un 25 por ciento financiado por la Diputación.

El diputado destacó que “se persigue realizar un conjunto integral de actuaciones sobre estas infraestructuras con el fin de adecentarlas, mejorarlas y ponerlas en valor para su uso y disfrute por parte de los ciudadanos y como anclaje de la población al territorio, sirviendo como base del desarrollo sostenible”.

Palomares resaltó que este programa “va muy enfocado a lo social, ya que va a suponer la contratación de un total de 20 oficiales y 516 peones y va a aportar valor añadido en los municipios en los que se va a actuar”. Los trabajos se van a desarrollar en 20 municipios de la provincia de Córdoba, 15 de ellos correspondientes a vías verdes y cinco áreas verdes sostenibles.

Como en años anteriores, se va a trabajar en dos líneas, el mantenimiento y conservación de vías verdes de la provincia (del Aceite, de La Campiña, de la Minería, del Guadiato, de La Maquinilla y de Fuente Obejuna) y en áreas verdes y recreativas de distintos municipios (Hinojosa, Espejo, Montalbán, Cañete de las Torres y Villafranca).

En el caso de las vías verdes, las actuaciones irán encaminadas fundamentalmente a la reposición de elementos y mobiliario en mal estado, como el vallado, la catelería, los bancos; y la mejora del sistema de drenaje.

En cuanto a los trabajos en distintos municipios, el proyecto contempla la adecuación del paque El Chorro (en Espejo), de la zona deportiva de Cañete de las Torres, de los senderos en Villafranca de Córdoba; mejora del camino del Santísimo Cristo, en Hinojosa del Duque; y la rehabilitación del parque El Pozuelo, en Montalbán de Córdoba.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


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