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  • 28.9.21
Representantes del equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, con su gerente José Plata a la cabeza, participaron ayer en una reunión de trabajo para avanzar con su labor de concienciación ciudadana contra la violencia contra los profesionales del Sistema de Salud Público Andaluz, acciones que están tipificadas como delito en el Código Penal.


El encuentro, celebrado en el Ayuntamiento de La Rambla con la presencia del alcalde, Jorge Jiménez, el capitán-jefe de la Compañía de la Guardia Civil en Montilla, José Antonio Gálvez, miembros de la Policía Local y profesionales sanitarios a fin de analizar la situación de la seguridad en esta Unidad de Gestión Clínica, continuando así con la labor de sensibilización contra las agresiones y mostrando su repulsa ante cualquier acto que conlleve el menoscabo de la integridad física, psicológica o moral de cualquier profesional sanitario.

Una acción que, tal y como se establece en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2020, persigue estudiar el contexto actual de la seguridad en el ámbito sanitario siempre con la premisa de hacer visible a la población general la labor de los profesionales, garantizando en todo momento su dignidad y respeto, así como recordar que las agresiones contra un profesional del Sistema de Salud Público Andaluz están tipificadas como delito en el Código Penal.

En la actualidad, y en base a este documento, el Servicio Andaluz de Salud cuenta con una estructura definida y organizada para prevenir cualquier tipo de situación de conflicto entre usuarios y profesionales. Igualmente, se establecen protocolos específicos para actuar en caso de detectarse cualquier anomalía en la preceptiva normalidad y cordialidad que debe primar en contextos de salud.

En caso de agresión, ya sea física o verbal, este Plan establece un sistema ágil y eficaz de protección del profesional mediante procesos de acompañamiento y asesoramiento que, además trasladar el hecho a la esfera judicial, establecen los mecanismos para restaurar su dignidad y honor del afectado.

Según el Sindicato de Enfermería (SATSE) en Córdoba ha denunciado que durante el año 2020 se registraron un total de 114 agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) –diez de ellas en el Distrito Sanitario Córdoba Sur– a pesar de la bajada de la asistencia presencial en los centros sanitarios por la covid-19.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: ARCHIVO
  • 27.9.21
FACUA Andalucía se ha dirigido a la Consejería de Salud de la Junta para exigirle una serie de medidas para potenciar el sistema de sanidad pública y garantizar la atención y el cuidado de los problemas de salud que afectan a la población andaluza. Entre esas reivindicaciones, se encuentra la de incrementar el personal dedicado a la Atención Primaria, la reducción del tiempo de espera tanto en las citas médicas como en la espera telefónica y asegurar la atención presencial.


La federación considera que, durante años, la Atención Primaria viene sufriendo un deterioro en la capacidad para dar una respuesta adecuada a los usuarios y, por consiguiente, se ha dado una progresiva pérdida de peso dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Esta situación, junto con la pandemia de la covid-19, ha provocado una afectación y pérdida de los derechos de la ciudadanía ante el sistema sanitario.

Dada la situación, en octubre del pasado año, FACUA Andalucía ya se dirigió a la Consejería en relación al mal funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, en concreto, con el Servicio de Atención Primaria. En aquel momento y debido a la pandemia, las quejas tanto de los usuarios como de los colectivos profesionales de la sanidad se han visto incrementadas y, desde la federación, se trasladó al organismo que la situación de los centros de salud ha provocado desconcierto, incertidumbre e indefensión entre los usuarios, que padecen esperas inaceptables para la atención de sus problemas de salud.

Demora injustificada en las citas presenciales

FACUA Andalucía incide en su escrito en que, a pesar de la mejora en los datos de la pandemia, la situación de la atención primaria, lejos de mejorar sigue presentando los mismos problemas. Aunque ahora son posibles las citas presenciales, la demora de las mismas sigue siendo de quince días y, en muchos casos, primero se debe solicitar una cita telefónica que también se demora dado que el médico debe valorar si el cuadro clínico requiere o no de una consulta presencial.

En esta línea, la federación señala que se dan casos en los que directamente resulta imposible solicitar una cita médica, teniendo el usuario que cubrir esta carencia del sistema sanitario a través de otras vías como la contratación de seguros privados de salud. De hecho, según datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa), en la comunidad autónoma un 20,63 por ciento de la población ha contratado una póliza de asistencia sanitaria. A todo ello también se le añade que se destina cada vez más dinero público a la sanidad privada por medio de conciertos.

En el texto, la federación recuerda el artículo 18 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que indica que el sistema sanitario público andaluz debe desarrollar las siguientes actuaciones: "la atención integral de la salud, garantizando la continuidad de la asistencia, que incluye las actividades de promoción de la salud, salud pública, prevención de las enfermedades, así como acciones curativas y rehabilitadoras, tanto en los niveles de atención primaria como de asistencia especializada". Y añade en su aparatado 4: "El control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles".

FACUA Andalucía también señala el artículo 34 de la misima norma, que recoge que "es función de las administraciones públicas garantizar, bajo las directrices y objetivos de la presente Ley, el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria a los ciudadanos".

Por lo tanto, la federación ha solicitado a la Consejería de Salud que solucione el tiempo de espera en las citas médicas, la falta de atención presencial, la escasez de personal dedicado a la atención primaria y el tiempo de espera telefónica con el objetivo de garantizar la protección de salud de la ciudadanía andaluza de conformidad con la normativa vigente.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL




  • 27.9.21
La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado de tres personas fallecidas como consecuencia del coronavirus en la provincia de Córdoba desde el pasado viernes, así como 28 nuevos positivos durante el fin de semana. De este modo, el total de afectados en la provincia –y confirmados mediante alguna Prueba Diagnóstica de Infección Activa– asciende a 72.005 desde el inicio de la pandemia, de los que 1.067 han fallecido. A su vez, 70.327 personas habrían superado ya la infección.


Con respecto a la evolución de la pandemia por municipios, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía vienen ofreciendo de lunes a viernes datos pormenorizados en una tabla que se puede consultar a través de este enlace.

De este modo, Baena contabiliza dos prueba positiva por covid-19 en la última semana (una más que el viernes) y tres en los últimos catorce días. En total, el municipio del Guadajoz-Este suma, desde el inicio de la pandemia, 1.920 vecinos afectados (dos más) y 38 fallecidos. A su vez, según la Junta de Andalucía, 1.849 personas han logrado ya superar la enfermedad.

En el caso de Castro del Río, las autoridades sanitarias han detectado una prueba positiva en la última semana. De este modo, la localidad ha alcanzando, desde el inicio de la crisis, las 662 personas afectadas, con 645 curados y doce fallecidos.

En Montalbán de Córdoba, no se ha registrado ninguna prueba positiva en los últimos catorce días. Por ello, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía sitúa en 415 el número los afectados desde el inicio de la alerta sanitaria y ha elevado a 408 las personas recuperadas (once más que el viernes). Asimismo, se han registrado cuatro muertes a causa del coronavirus.

Por su parte, el municipio de Montemayor no registra ninguna prueba positiva en los últimos catorce días. En total, el municipio ha alcanzado los 372 vecinos afectados desde que comenzó la pandemia, con 369 personas recuperadas (ocho más que el viernes) y dos fallecidos.

En lo que respecta a Montilla, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía comunica nueve pruebas positivas en la última semana (dos más que el viernes). La cifra se eleva a 12 si se extiende el margen temporal a los últimos catorce días. En total, la localidad de la Campiña Sur cuenta desde marzo de 2020 con un total de 2.109 vecinos afectados por el covid-19 (dos más), con 2.052 personas curadas y 30 fallecidos.

Por su parte, las autoridades sanitarias no registran hoy en La Rambla ningún positivo por coronavirus en las últimas dos semanas. La localidad alfarera ha alcanzado, desde el inicio de la pandemia, los 607 vecinos infectados por covid-19, de los que 600 ya han superado la enfermedad. Asimismo, se han registrado cuatro muertes a causa del coronavirus.

En Santaella, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica un nuevo positivo por covid-19 en las últimas dos semanas. De esta forma, en Santaella se mantiene en 382 los vecinos afectados por coronavirus desde que comenzó la pandemia a causa del SARS-CoV-2, mientras que se registran dos fallecidos y 379 vecinos que han superado la enfermedad.

Por último, en lo que respecta a La Victoria no se contabiliza ningún positivo por coronavirus en la última semana y uno en las últimas dos semanas. La localidad ha alcanzado, desde el inicio de la pandemia, los 121 vecinos infectados por covid-19, de los que 114 ya han superado la enfermedad. Asimismo, se ha registrado una muerte a causa del coronavirus desde que se activó la alerta sanitaria.

IRENE TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
  • 27.9.21
La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (ASAG) ha evitado el consumo de 8,4 millones de litros de agua (lo que equivale a casi 3,4 piscinas olímpicas) entre los años 2015 y 2018 gracias a la utilización de química seca en los Laboratorios de sus hospitales , entre ellos el Hospital Comarcal de Montilla. Así lo expuso el director de Línea de Procesos de Biotecnología del Hospital Alto Guadalquivir, Antonio Fernández, en una de las conferencias del Congreso Nacional de Hospitales, que se ha desarrollado en Málaga entre los días 15 y 17 de septiembre.


Fernández formó parte de la mesa redonda Estrategia Española para la Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible, del área temática sobre Responsabilidad Social Corporativa. Su ponencia, titulada Estrategia de sostenibilidad medioambiental y económica en el laboratorio clínico, ha hecho un repaso al estudio comparativo que ha llevado a cabo la ASAG en un período reciente de siete años (2013-2019) al contrastar la utilización de forma alterna de diferentes soluciones analíticas implantadas en sus Laboratorios -química seca y química líquida- y el impacto medioambiental y económico que ambas aplicaciones ha producido.

“La implantación de las plataformas analíticas de química seca en los Laboratorios de nuestros centros hospitalarios ha supuesto un ahorro significativo en los reactivos, que son las sustancias que se utilizan para llevar a cabo reacciones químicas con las que se obtienen los resultados de las analíticas. Ese ahorro significa una mayor eficiencia media anual sobre la química líquida de entre un 9 y un 145 por ciento”, afirmó Fernández.

Menor impacto económico y medioambiental

El estudio comparativo también ha demostrado una reducción de residuos líquidos del 85 por ciento (con un ahorro anual de 42.000 euros) y la ausencia del consumo de agua (con un 100% de ahorro, lo que supone unos 2.100 metros cúbicos anuales). Tan sólo se mantuvieron en la misma proporción la producción de residuos sólidos, que se situaron en torno a 16.000 Kg anuales.

“En total, se ha estimado que el total de ahorro anual utilizando la química seca fue de unos 105.000 euros anuales, además de los evidentes resultados medioambientales obtenidos”, aseguró Fernández, el cual confía en que “este tipo de estudios puedan servir de base para desarrollar las estrategias de contratación pública que desde la Administración se llevan a cabo, contribuyendo así a minimizar el impacto medioambiental que tienen los centros sanitarios y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, al menos en hospitales comarcales y de Alta Resolución donde se ha visto su eficiencia”.

En la mesa redonda, moderada por el profesor de la Universidad San Jorge de Zaragoza y vicepresidente segundo de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, Juan Paricio, también han participado el vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga, José Antonio Trujillo; la directora gerente de la Empresa Pública de Servizos Sanitarios de Galicia, Rocío Mosquera; y la directora de Estrategia y Responsabilidad Social Corporativa del Instituto Catalán de Oncología, Anna Rodríguez. 

Los temas que trataron fueron la alineación estratégica de la Agenda 2030 y la implementación de los ODS en la Gestión Sanitaria; los retos del sector salud: Agenda 2030 y Acuerdo de París; y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, respectivamente.

Química seca y líquida

Estas dos técnicas son las que se utilizan habitualmente en los laboratorios clínicos. En el caso de la primera, se trabaja con reactivos en fase sólida para estudiar las sustancias a analizar, sin necesidad de ser hidratados, puesto que la reacción química ocurre al mezclarse con fluido humano.

El principio básico de la química seca se basa en estabilizar los componentes de reacción esenciales para ejecutar un análisis, tales como indicadores, enzimas o reactivos auxiliares. Generalmente para una sustancia, ya sea suero, sangre u orina, por ejemplo, dichos pretratamientos o soluciones están adheridos a una superficie sintética.

Por otro lado, la química líquida es el método más antiguo de análisis clínico. Su técnica consiste en disolver un químico o muestra en un reactivo estandarizado, para que así el resultado sea analizado.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

  • 26.9.21
Correos instalará 1.500 cajeros automáticos en localidades de toda España, 16 de ellos en la provincia de Córdoba. Según ha informado la entidad, 1.200 se ubicarán en diferentes oficinas de Correos de todo el territorio nacional y los 300 restantes se instalarán en localidades de entre 500 y 3.000 habitantes de zonas rurales que no cuentan con oficina bancaria o van a quedarse sin ella en los próximos meses.


Para afrontar este despliegue de cajeros, Correos a través de una licitación seleccionará al proveedor que se encargará de facilitar e instalar los dispositivos en las ubicaciones elegidas inicialmente por la compañía. El plan de Correos es instalar estos 1.500 cajeros en localidades de todas las comunidades autónomas según las necesidades analizadas por la compañía. Los cajeros se instalarán en fachadas accesibles al público24 horas o en los vestíbulos de acceso a las oficinas de Correos en su horario de apertura.

De los 1.200 cajeros que se ubicarán en oficinas, 233 se instalarán en Andalucía: 22 en la provincia de Almería, 28 en la de Cádiz, 16 en la de Córdoba, 25 en la de Granada, 18 en la de Huelva, 16 en la de Jaén, 50 en la de Málaga y 58 en la de Sevilla.

Esta licitación supone el arrendamiento de espacios en 1.500 oficinas de toda la red de Correos en toda España, por el cual la empresa que obtenga el contrato deberá abonar una renta fija en función de la ubicación del terminal y un porcentaje según el número de operaciones realizadas. El plazo de presentación de las ofertas finaliza el 2 de octubre y está previsto que la instalación de estos cajeros empiece a ejecutarse a principios de 2022 en un proyecto que se desarrollará a lo largo de los tres próximos años.

Según se especifica en el pliego de contratación, los licitadores deberán garantizar la aportación de dispositivos capaces de ofrecer las operaciones básicas de cualquier cajero automático y la integración con las redes de entidades bancarias más extendidas en España. La duración inicial del contrato será de cinco años y se podrá ampliar hasta diez años.

Con este nuevo despliegue de cajeros automáticos, se amplía significativamente el proyecto que Correos inició en el mes de marzo consistente en la instalación de 109 cajeros automáticos en oficinas de toda España. Esta iniciativa, que actualmente está a punto de completarse, se amplió posteriormente a 20 ubicaciones más, en localidades de menos de 3.000 habitantes sin oficina bancaria.

Correos contribuye así a luchar contra la exclusión financiera, especialmente en las zonas rurales, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de disponer de efectivo en poblaciones donde no hay oficinas bancarias pero sí puntos de atención de la empresa pública.

La compañía logística continúa avanzando en su línea estratégica de acercar sus servicios a los ciudadanos y ofrecerles nuevas prestaciones que faciliten su día a día, aprovechando la capilaridad de su red de oficinas que se configura como un elemento relevante para el desarrollo económico y un instrumento útil en la lucha contra la exclusión financiera en las zonas rurales de España.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

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