Montalbán Digital se hace eco en su Buzón del Lector de un artículo del economista Enrique Luque Ruz, miembro de la Agrupación Socialista Montalbeña, sobre el derecho al trabajo y la política económica. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.
El derecho al trabajo, como bien es sabido, es un derecho humano fundamental que establece que toda persona tiene el derecho a un trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a la equidad salarial, a una remuneración digna, a protección social y al derecho de sindicación.
Este derecho está reconocido en las normas fundamentales de derechos humanos tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta Social Europea.
En España, el derecho al trabajo es una de las bases sobre las que se asienta jurídicamente el modelo laboral de nuestra Constitución. Dicho derecho aparece configurado como un derecho "dinámico", que comprende no sólo su reconocimiento formal sino también, y principalmente, el deber de los poderes públicos de promover su realización efectiva.
La Constitución Española de 1978 recoge en su Artículo 35 que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. El Tribunal Constitucional interpretó en su sentencia 22/1981, de 2 de junio que “el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone también el derecho a un puesto de trabajo”.
Sin embargo, en la práctica, nos encontramos con que el sector privado no es capaz de crear tantos puestos de trabajo como para absorber toda la oferta trabajo debido a las limitaciones que muestra la lógica de la rentabilidad económica en un contexto de intensísima competencia internacional, de determinados avances tecnológicos y de transformación en la organización del trabajo.
Una manera de poder dar cauce y garantizar el derecho a trabajar, dados los actuales niveles de desempleo que lastran a nuestras sociedades, sería a través de la implementación de un Plan de Trabajo Garantizado, en el que un Gobierno se comprometería a ofrecer un empleo en condiciones dignas a toda aquella persona que se encuentre en situación de desempleo involuntario y quiera trabajar, fijando un suelo de ingresos mínimos y obligando a las empresas privadas a igualarlo en caso de querer contar con los servicios de dichos trabajadores.
Esta propuesta, per se, haría aumentar considerablemente el poder de negociación sindical. A nivel macroeconómico, tendría un efecto expansivo en el PIB y provocaría que la economía se fuese calentando progresivamente. El objetivo que persigue dicho plan es dar una solución al problema del desempleo que nos azota (sobre todo a nuestro país) y dirigir la política económica hacia la búsqueda del pleno empleo, políticas que quedaron postradas con el auge del neoliberalismo a partir de la década de los 70 hasta nuestros días, como hemos podido comprobar con las medidas de austeridad que se nos impusieron con la crisis financiera. Se torna indispensable que intervenga el sector público.
La propuesta del Trabajo Garantizado no es nueva, ya que existe un antecedente histórico, el llamado New Deal que implementó el Gobierno de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos para luchar contra los efectos de la Gran Depresión. Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938 con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar una economía estadounidense herida desde el crack de 1929 por el desempleo y las quiebras en cadena.
Actualmente, la estrella ascendente de la política demócrata americana Alexandria Ocasio-Cortez, presentó el pasado en febrero su programa económico denominado Green New Deal, en el que propone una profunda transformación del sistema económico norteamericano a través de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la renovación de las infraestructuras y una apuesta decidida por la eficiencia energética. El programa, que ha sido presentado en el Congreso de Estados Unidos, aspira a una movilización de recursos sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y se ha convertido en un tema de actualidad en el país americano.
En España, existe un ejército de reserva en torno a tres millones de desempleados que no pueden ejercer su derecho al trabajo –en la época que alimentábamos la burbuja inmobiliaria y financiera, la tasa de paro nunca bajó del 8 por ciento–, por lo que la implementación del programa de trabajo adquiriría aún más sentido. Podríamos transformar nuestro modelo productivo drásticamente llevando a cabo una transición ecológica en la que se involucre a toda la sociedad (dado su enfoque multidisciplinar) y se luche contra la ‘España vaciada’.
En nuestro país hay mucho margen para poder movilizar recursos, por ejemplo, necesitamos que cuiden de nuestros mayores; que se cuide la fauna y la flora; que se habiliten edificios para que sean más eficientes energéticamente; que se cuiden las infraestructuras urbanas de muchos barrios de nuestras localidades; o que se rehabiliten viviendas para permitir el acceso por parte de personas de menor movilidad. Podríamos remunerar una amplísima variedad de actividades que aportaría un inmenso valor social añadido a nuestra sociedad y que redundaría en beneficio de todos y todas.
Pero la propuesta de Trabajo Garantizado no es la panacea. Uno de los problemas a los que se enfrentaría es su financiación. Desde la Comisión Europea se impuso un límite de déficit del 3 por ciento sobre el PIB, una regla que fue ideada en menos de una hora, escrita en la esquina de una mesa y sin ninguna reflexión teórica, una regla pensada para que pareciese que provenía de un economista y que sirviese para frenar a los ministros que pedían más dinero para sus ministerios.
Así se ideó el objetivo de déficit público que utilizan siempre los gobernantes europeos para obligar a reducir el gasto en educación, sanidad, pensiones, desempleo, etc. Por lo que financiar el TG con déficit público, dadas las reglas de juego actuales y las restricciones impuestas, parece harto complicado.
En otro orden de cuestiones, está el monopolista y propietario del euro, el Banco Central Europeo, más preocupado por generar inflación (aumento de los precios) que por el desempleo, en contraposición con el banco central de los EEUU, la Reserva Federal (FED), que en su acta fundacional le concedió la lucha contra el desempleo un lugar privilegiado.
El BCE viene desde su creación comportándose como una entidad financiera privada y que, a consecuencia del agotamiento e ineficacia de las políticas monetarias ortodoxas, tuvo que acceder en 2015 a comprar deuda pública como medida extraordinaria a través del programa llamado Quantitative Easing, que no es más que crear dinero de la nada para comprar deuda pública pero ojo, también privada.
Hasta diciembre de 2018 el BCE había “impreso” la friolera de 2,569 billones de euros y que a lo largo de 2019 sumará un total de 202.772 millones de euros más. Pero todo se queda en los mercados, el dinero no fluye ni es canalizado hacia las personas. En España sólo ha servido para aliviar de manera momentánea las finanzas públicas y para mejorar el beneficio de los accionistas de empresas del IBEX35 como Telefónica, Repsol, Merlin, Gas Natural, Ferrovial, etc.
Entonces, ¿quién controla la actuación BCE? Pienso que no podemos permitir ni amparar que una institución de tal nivel e importancia en nuestras vidas tenga un profundo déficit democrático. El BCE es un organismo público al que le cedimos nuestra soberanía monetaria –que con la peseta pertenecía al Estado– y, por consiguiente, al pueblo español.
En los países de la zona euro, al no poder combinar la política monetaria con la fiscal (aumento del gasto público), la medida que se toma se basa en una devaluación interna, consistente tanto en el recorte de los salarios para hacer a las empresas más competitivas de cara al exterior, como de las políticas sociales, lo que se deriva en precariedad y más desempleo.
Y aquí está el quid de la cuestión, tenemos que exigir al BCE, a través de nuestros representantes, que se comporte como le corresponde, es decir, como un prestamista de último recurso (ya lo dijo Zapatero en 2012) y financie directamente a los países en la lucha contra el desempleo. El desempleo es una criatura de este sistema monetario.
Es obligatorio abrir el debate sobre el trabajo y la economía en nuestro país, el papel de la sostenibilidad, del sector público, de los organismos financieros públicos (cómo funciona el dinero) y del dinero electrónico en esta ecuación. Ante la falta de ideas frente al bajo crecimiento, el desempleo masivo, la alta desigualdad y con la amenaza del cambio climático, esta propuesta para promover el crecimiento económico equilibrado a largo plazo y alcanzar el pleno empleo, puede ser una grandísima oportunidad que no deberíamos dejar escapar desde el sector progresista en su conjunto.
No cabe ningún argumento en contra de que la propuesta de Trabajo Garantizado –o Green New Deal– sea incluida en una agenda verdaderamente progresista, porque todo el mundo tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y el Estado, como empleador de último recurso, está obligado a ofrecérselo, al menos hasta que la economía empiece a calentarse. Hagamos que la Constitución se cumpla.
El derecho al trabajo, como bien es sabido, es un derecho humano fundamental que establece que toda persona tiene el derecho a un trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a la equidad salarial, a una remuneración digna, a protección social y al derecho de sindicación.
Este derecho está reconocido en las normas fundamentales de derechos humanos tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta Social Europea.
En España, el derecho al trabajo es una de las bases sobre las que se asienta jurídicamente el modelo laboral de nuestra Constitución. Dicho derecho aparece configurado como un derecho "dinámico", que comprende no sólo su reconocimiento formal sino también, y principalmente, el deber de los poderes públicos de promover su realización efectiva.
La Constitución Española de 1978 recoge en su Artículo 35 que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. El Tribunal Constitucional interpretó en su sentencia 22/1981, de 2 de junio que “el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone también el derecho a un puesto de trabajo”.
Sin embargo, en la práctica, nos encontramos con que el sector privado no es capaz de crear tantos puestos de trabajo como para absorber toda la oferta trabajo debido a las limitaciones que muestra la lógica de la rentabilidad económica en un contexto de intensísima competencia internacional, de determinados avances tecnológicos y de transformación en la organización del trabajo.
Una manera de poder dar cauce y garantizar el derecho a trabajar, dados los actuales niveles de desempleo que lastran a nuestras sociedades, sería a través de la implementación de un Plan de Trabajo Garantizado, en el que un Gobierno se comprometería a ofrecer un empleo en condiciones dignas a toda aquella persona que se encuentre en situación de desempleo involuntario y quiera trabajar, fijando un suelo de ingresos mínimos y obligando a las empresas privadas a igualarlo en caso de querer contar con los servicios de dichos trabajadores.
Esta propuesta, per se, haría aumentar considerablemente el poder de negociación sindical. A nivel macroeconómico, tendría un efecto expansivo en el PIB y provocaría que la economía se fuese calentando progresivamente. El objetivo que persigue dicho plan es dar una solución al problema del desempleo que nos azota (sobre todo a nuestro país) y dirigir la política económica hacia la búsqueda del pleno empleo, políticas que quedaron postradas con el auge del neoliberalismo a partir de la década de los 70 hasta nuestros días, como hemos podido comprobar con las medidas de austeridad que se nos impusieron con la crisis financiera. Se torna indispensable que intervenga el sector público.
La propuesta del Trabajo Garantizado no es nueva, ya que existe un antecedente histórico, el llamado New Deal que implementó el Gobierno de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos para luchar contra los efectos de la Gran Depresión. Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938 con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar una economía estadounidense herida desde el crack de 1929 por el desempleo y las quiebras en cadena.
Actualmente, la estrella ascendente de la política demócrata americana Alexandria Ocasio-Cortez, presentó el pasado en febrero su programa económico denominado Green New Deal, en el que propone una profunda transformación del sistema económico norteamericano a través de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la renovación de las infraestructuras y una apuesta decidida por la eficiencia energética. El programa, que ha sido presentado en el Congreso de Estados Unidos, aspira a una movilización de recursos sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y se ha convertido en un tema de actualidad en el país americano.
En España, existe un ejército de reserva en torno a tres millones de desempleados que no pueden ejercer su derecho al trabajo –en la época que alimentábamos la burbuja inmobiliaria y financiera, la tasa de paro nunca bajó del 8 por ciento–, por lo que la implementación del programa de trabajo adquiriría aún más sentido. Podríamos transformar nuestro modelo productivo drásticamente llevando a cabo una transición ecológica en la que se involucre a toda la sociedad (dado su enfoque multidisciplinar) y se luche contra la ‘España vaciada’.
En nuestro país hay mucho margen para poder movilizar recursos, por ejemplo, necesitamos que cuiden de nuestros mayores; que se cuide la fauna y la flora; que se habiliten edificios para que sean más eficientes energéticamente; que se cuiden las infraestructuras urbanas de muchos barrios de nuestras localidades; o que se rehabiliten viviendas para permitir el acceso por parte de personas de menor movilidad. Podríamos remunerar una amplísima variedad de actividades que aportaría un inmenso valor social añadido a nuestra sociedad y que redundaría en beneficio de todos y todas.
Pero la propuesta de Trabajo Garantizado no es la panacea. Uno de los problemas a los que se enfrentaría es su financiación. Desde la Comisión Europea se impuso un límite de déficit del 3 por ciento sobre el PIB, una regla que fue ideada en menos de una hora, escrita en la esquina de una mesa y sin ninguna reflexión teórica, una regla pensada para que pareciese que provenía de un economista y que sirviese para frenar a los ministros que pedían más dinero para sus ministerios.
Así se ideó el objetivo de déficit público que utilizan siempre los gobernantes europeos para obligar a reducir el gasto en educación, sanidad, pensiones, desempleo, etc. Por lo que financiar el TG con déficit público, dadas las reglas de juego actuales y las restricciones impuestas, parece harto complicado.
En otro orden de cuestiones, está el monopolista y propietario del euro, el Banco Central Europeo, más preocupado por generar inflación (aumento de los precios) que por el desempleo, en contraposición con el banco central de los EEUU, la Reserva Federal (FED), que en su acta fundacional le concedió la lucha contra el desempleo un lugar privilegiado.
El BCE viene desde su creación comportándose como una entidad financiera privada y que, a consecuencia del agotamiento e ineficacia de las políticas monetarias ortodoxas, tuvo que acceder en 2015 a comprar deuda pública como medida extraordinaria a través del programa llamado Quantitative Easing, que no es más que crear dinero de la nada para comprar deuda pública pero ojo, también privada.
Hasta diciembre de 2018 el BCE había “impreso” la friolera de 2,569 billones de euros y que a lo largo de 2019 sumará un total de 202.772 millones de euros más. Pero todo se queda en los mercados, el dinero no fluye ni es canalizado hacia las personas. En España sólo ha servido para aliviar de manera momentánea las finanzas públicas y para mejorar el beneficio de los accionistas de empresas del IBEX35 como Telefónica, Repsol, Merlin, Gas Natural, Ferrovial, etc.
Entonces, ¿quién controla la actuación BCE? Pienso que no podemos permitir ni amparar que una institución de tal nivel e importancia en nuestras vidas tenga un profundo déficit democrático. El BCE es un organismo público al que le cedimos nuestra soberanía monetaria –que con la peseta pertenecía al Estado– y, por consiguiente, al pueblo español.
En los países de la zona euro, al no poder combinar la política monetaria con la fiscal (aumento del gasto público), la medida que se toma se basa en una devaluación interna, consistente tanto en el recorte de los salarios para hacer a las empresas más competitivas de cara al exterior, como de las políticas sociales, lo que se deriva en precariedad y más desempleo.
Y aquí está el quid de la cuestión, tenemos que exigir al BCE, a través de nuestros representantes, que se comporte como le corresponde, es decir, como un prestamista de último recurso (ya lo dijo Zapatero en 2012) y financie directamente a los países en la lucha contra el desempleo. El desempleo es una criatura de este sistema monetario.
Es obligatorio abrir el debate sobre el trabajo y la economía en nuestro país, el papel de la sostenibilidad, del sector público, de los organismos financieros públicos (cómo funciona el dinero) y del dinero electrónico en esta ecuación. Ante la falta de ideas frente al bajo crecimiento, el desempleo masivo, la alta desigualdad y con la amenaza del cambio climático, esta propuesta para promover el crecimiento económico equilibrado a largo plazo y alcanzar el pleno empleo, puede ser una grandísima oportunidad que no deberíamos dejar escapar desde el sector progresista en su conjunto.
No cabe ningún argumento en contra de que la propuesta de Trabajo Garantizado –o Green New Deal– sea incluida en una agenda verdaderamente progresista, porque todo el mundo tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y el Estado, como empleador de último recurso, está obligado a ofrecérselo, al menos hasta que la economía empiece a calentarse. Hagamos que la Constitución se cumpla.
ENRIQUE LUQUE RUZ
NOTA: Los comentarios publicados en el Buzón del Lector no representan la opinión de Montalbán Digital. En ese sentido, este periódico no hace necesariamente suyas las denuncias, quejas o sugerencias recogidas en este espacio y que han sido enviadas por sus lectores.
