La Junta de Andalucía ampliará en dos meses el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas directas a los municipios de menos de 20.000 habitantes incluidas en el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria. Esta es la principal medida del decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno con el fin de poder incluir a 45 municipios andaluces cuyas peticiones se recibieron fuera de tiempo.
La ampliación del plazo se realiza bajo la fórmula del decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, en este caso justificadas ante el riesgo de que quedasen sin cubrir demandas alimentarias básicas de escolares y personas mayores en situación de exclusión social. Asimismo, se garantiza que no se pierdan los fondos destinados a los municipios afectados, cuya cuantía global asciende a 108.139 euros y supone un 0,9% de la previsión total del Plan Extraordinario para toda Andalucía (11 millones).
Los 45 ayuntamientos que podrán volver a presentar sus solicitudes, con dos meses desde la entrada en vigor del decreto ley, corresponden mayoritariamente a la provincia de Málaga. De ellos, 26 son pequeños municipios que se han visto afectados por la tramitación fuera de plazo realizada por la Diputación (los organismos provinciales son los encargados de canalizar las peticiones de las localidades de menos de mil habitantes).
Se trata de Alfarnatejo, Algatocín, Alpandeire, Árchez, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Canillas de Albaida, Carratraca, Cartajima, Cútar, El Borge, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Iznate, Jimena de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Parauta, Pujerra, Salares, Sedella y Totalán.
Los 19 municipios restantes, que tramitaron sus solicitudes sin mediación de las diputaciones, son Guadalcázar y Montalbán de Córdoba (Córdoba); Gójar, Gualchos, Huéneja, Otívar, Pedro Martínez y Santa Fe (Granada); Beas (Huelva); Benahavís, Casarabonela, Comares, Cuevas del Becerro, Manilva, Monda, Valle de Abdalajís y Viñuela (Málaga), y Badolatosa y Gilena (Sevilla).
El Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria se incluye en el decreto ley de medidas urgentes de inclusión social aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 10 de junio con el fin de paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente las personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y las familias con todos sus miembros en paro.
El plan, que se canaliza a través de los ayuntamientos, diputaciones y organizaciones de voluntariado, garantiza este año el acceso a la alimentación a más de 20.000 escolares de toda la comunidad, que reciben tres comidas diarias en los colegios públicos de Infantil y Primaria. Asimismo, se benefician 3.500 personas mayores a través del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa y de fórmulas de catering a domicilio.
Junto con la ampliación del plazo para el plan de garantía alimentaria, el decreto ley aprobado hoy también incluye una disposición que adapta a la normativa estatal la regulación de las subvenciones y ayudas de la Administración autonómica en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo.
La ampliación del plazo se realiza bajo la fórmula del decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, en este caso justificadas ante el riesgo de que quedasen sin cubrir demandas alimentarias básicas de escolares y personas mayores en situación de exclusión social. Asimismo, se garantiza que no se pierdan los fondos destinados a los municipios afectados, cuya cuantía global asciende a 108.139 euros y supone un 0,9% de la previsión total del Plan Extraordinario para toda Andalucía (11 millones).
Los 45 ayuntamientos que podrán volver a presentar sus solicitudes, con dos meses desde la entrada en vigor del decreto ley, corresponden mayoritariamente a la provincia de Málaga. De ellos, 26 son pequeños municipios que se han visto afectados por la tramitación fuera de plazo realizada por la Diputación (los organismos provinciales son los encargados de canalizar las peticiones de las localidades de menos de mil habitantes).
Se trata de Alfarnatejo, Algatocín, Alpandeire, Árchez, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Canillas de Albaida, Carratraca, Cartajima, Cútar, El Borge, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Iznate, Jimena de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Parauta, Pujerra, Salares, Sedella y Totalán.
Los 19 municipios restantes, que tramitaron sus solicitudes sin mediación de las diputaciones, son Guadalcázar y Montalbán de Córdoba (Córdoba); Gójar, Gualchos, Huéneja, Otívar, Pedro Martínez y Santa Fe (Granada); Beas (Huelva); Benahavís, Casarabonela, Comares, Cuevas del Becerro, Manilva, Monda, Valle de Abdalajís y Viñuela (Málaga), y Badolatosa y Gilena (Sevilla).
El Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria se incluye en el decreto ley de medidas urgentes de inclusión social aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 10 de junio con el fin de paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente las personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y las familias con todos sus miembros en paro.
El plan, que se canaliza a través de los ayuntamientos, diputaciones y organizaciones de voluntariado, garantiza este año el acceso a la alimentación a más de 20.000 escolares de toda la comunidad, que reciben tres comidas diarias en los colegios públicos de Infantil y Primaria. Asimismo, se benefician 3.500 personas mayores a través del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa y de fórmulas de catering a domicilio.
Junto con la ampliación del plazo para el plan de garantía alimentaria, el decreto ley aprobado hoy también incluye una disposición que adapta a la normativa estatal la regulación de las subvenciones y ayudas de la Administración autonómica en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo.
REDACCIÓN / MONTALBÁN DIGITAL
