El Fondo de Garantía Salarial responderá por las deudas que una empresa ajera de Montalbán contrajo con 35 trabajadoras de la localidad. Así lo acaba de hacer público la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), cuya asesoría jurídica ha recibido la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, a raíz de la demanda que tramitó esta organización en representación de una treintena de jornaleras montalbeñas que reclamaban a Ail Garlic el pago de las horas trabajadas en la recolección del ajo a finales del año 2014.
Según CTA, la sentencia reconoce la deuda a estas trabajadores, que oscila entre 438 euros y 3.339 euros, si bien la organización subraya que la cantidad media adeudada a las trabajadoras por parte de la empresa montalbeña asciende a más de 2.000 euros.
A su vez, la resolución judicial reconoce también los intereses de demora en el impago, si bien CTA ha hecho hincapié en que “de estas cantidades adeudas y reconocidas responderá el Fondo de Garantía Salarial en los límites que marca la legislación, tras el intento de liquidación a la empresa, por lo que el abono aún puede demorarse unos meses”.
La organización sindical ha mostrado su “satisfacción”, a través de un comunicado, porque “las trabajadoras de Montalbán hayan conseguido recuperar, después de una larga espera de más de dos años y medio –más la que ahora se inicia– parte de lo que se les debe por su trabajo”, gracias al trabajo desarrollado por la asesoría jurídica de la entidad.
No obstante, la Federación de Jornaleros y Jornaleras de CTA ha denunciado la “indefensión” a la que, a su juicio, se ven abocados los trabajadores eventuales del campo. “El Convenio Colectivo del Campo de la provincia de Córdoba no obliga a los empresarios a realizar contrato de trabajo por escrito hasta el día 28 de trabajo, cosa que tampoco cumple la patronal”, afirma CTA, quien critica que “en todo momento, la carga de la prueba recae en los trabajadores, lo que hace que los empresarios eludan muy fácilmente hasta la obligación de pagar los salarios”.
De igual modo, la organización sindical ha censurado que los procesos judiciales sean “interminables”, como demuestra el hecho de que estas trabajadoras cobrarán parte de los salarios adeudados a los tres años de haber realizado su trabajo, “a pesar de necesitarlos para la manutención de sus hijos”.
A su vez, CTA ha hecho hincapié en que “existe una total impunidad de responsabilidad civil y penal de los empresarios que reciben el trabajo y sus beneficios y que, después, no pagan porque va a pagar el Fondo de Garantía Salarial, sin que la Fiscalía y la Inspección de Trabajo actúen al respecto”.
CTA ha animado a todos los trabajadores “que sufran estos abusos” a que acudan a la organización, que “guardará en todo momento el anonimato de quienes denuncien”, debido a la “represión que la patronal agraria viene aplicando sobre la clase trabajadora del campo, que reivindica simplemente su salario por haber trabajado”.
Según CTA, la sentencia reconoce la deuda a estas trabajadores, que oscila entre 438 euros y 3.339 euros, si bien la organización subraya que la cantidad media adeudada a las trabajadoras por parte de la empresa montalbeña asciende a más de 2.000 euros.
A su vez, la resolución judicial reconoce también los intereses de demora en el impago, si bien CTA ha hecho hincapié en que “de estas cantidades adeudas y reconocidas responderá el Fondo de Garantía Salarial en los límites que marca la legislación, tras el intento de liquidación a la empresa, por lo que el abono aún puede demorarse unos meses”.
La organización sindical ha mostrado su “satisfacción”, a través de un comunicado, porque “las trabajadoras de Montalbán hayan conseguido recuperar, después de una larga espera de más de dos años y medio –más la que ahora se inicia– parte de lo que se les debe por su trabajo”, gracias al trabajo desarrollado por la asesoría jurídica de la entidad.
No obstante, la Federación de Jornaleros y Jornaleras de CTA ha denunciado la “indefensión” a la que, a su juicio, se ven abocados los trabajadores eventuales del campo. “El Convenio Colectivo del Campo de la provincia de Córdoba no obliga a los empresarios a realizar contrato de trabajo por escrito hasta el día 28 de trabajo, cosa que tampoco cumple la patronal”, afirma CTA, quien critica que “en todo momento, la carga de la prueba recae en los trabajadores, lo que hace que los empresarios eludan muy fácilmente hasta la obligación de pagar los salarios”.
De igual modo, la organización sindical ha censurado que los procesos judiciales sean “interminables”, como demuestra el hecho de que estas trabajadoras cobrarán parte de los salarios adeudados a los tres años de haber realizado su trabajo, “a pesar de necesitarlos para la manutención de sus hijos”.
A su vez, CTA ha hecho hincapié en que “existe una total impunidad de responsabilidad civil y penal de los empresarios que reciben el trabajo y sus beneficios y que, después, no pagan porque va a pagar el Fondo de Garantía Salarial, sin que la Fiscalía y la Inspección de Trabajo actúen al respecto”.
CTA ha animado a todos los trabajadores “que sufran estos abusos” a que acudan a la organización, que “guardará en todo momento el anonimato de quienes denuncien”, debido a la “represión que la patronal agraria viene aplicando sobre la clase trabajadora del campo, que reivindica simplemente su salario por haber trabajado”.
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS (ARCHIVO)
