La parlamentaria de Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo, ha denunciado que la “desidia” de los distintos Gobiernos andaluces con la construcción de depuradoras lleva años condenando a varios municipios de Córdoba a sanciones “injustas” por no contar con estaciones de tratamiento de aguas y, por tanto, cumpliendo con la normativa europea.
La diputada andaluza recuerda que “el Gobierno andaluz, como administración competente, se comprometió a construir las depuradoras que llevan años pintadas en los presupuestos y sin llegar a ejecutarse”, y las consecuencias de esta “dejadez” la están pagando el medio ambiente y los vecinos y vecinas de los municipios afectados, cuyos ayuntamientos reciben severas sanciones por incumplimiento de la normativa comunitaria.
Tras la denuncia pública del Ayuntamiento de Montalbán, que informó de que desde hace más de una década viene asumiendo sanciones de entre 6.000 y 9.000 euros al año y ahora se enfrenta a multas de casi 40.000 euros, Naranjo ha recordado que esta problemática se extiende por toda la provincia con consecuencias directas para los ayuntamientos y para la Diputación en los casos de municipios con competencias delegadas. Por ejemplo, “en Cardeña vienen soportando sanciones de alrededor de 5.000 euros desde la avería de su depuradora en 2010”, ya que, pese a que la reparación de la misma terminó en abril de 2020, “todavía no se ha puesto en marcha”.
En Doña Mencía, “la última sanción comunicada al ayuntamiento data de febrero de 2020 y era de 8.560 euros, que finalmente quedó en poco menos de 7.000 por acogerse el ayuntamiento a la reducción del 20 por ciento por pago voluntario y reconocimiento de culpa”.
El Consistorio de la localidad, explicó Naranjo, está “a la espera de que se le comunique el precio de la indemnización por daños y perjuicios” que se sumará al montante total de la sanción. Se trata de una situación a la que se viene enfrentando este Consistorio desde hace años de forma periódica y que desde Adelante consideran “injustificable”.
Naranjo recordó que los ayuntamientos de pequeños municipios no tienen “ni las competencias ni los recursos” para acometer proyectos tan costosos como el de la construcción de una depuradora. Por ello, es “injusto que tengan que acarrear con las consecuencias de una dejadez histórica por parte de los distintos Gobiernos que ha tenido la Junta”, que recibieron fondos desde la Unión Europea para invertir en la depuración de aguas y “han dejado pasar los años sin hacer sus tareas”.
Por todo ello, Naranjo instó al Gobierno andaluz a “acometer las obras comprometidas con los municipios” y a tender la mano a los ayuntamientos afectados para que sus habitantes no tengan que pagar los platos rotos”. La cuestión económica es “especialmente importante en momentos como el actual”, pero además Naranjo señaló las terribles consecuencias que tiene sobre el medio ambiente la falta de infraestructuras para la depuración de aguas.
La diputada andaluza recordó la importancia de “proteger nuestros ríos y evitar que sus aguas se contaminen con residuos y aguas fecales”. Esta cuestión, que es “de sentido común”, es además un mandato europeo recogido en la directiva comunitaria 91/721, que ponía el año 2016 como fecha límite para que todas las poblaciones dispusieran de un tratamiento adecuado de aguas residuales.
La diputada andaluza recuerda que “el Gobierno andaluz, como administración competente, se comprometió a construir las depuradoras que llevan años pintadas en los presupuestos y sin llegar a ejecutarse”, y las consecuencias de esta “dejadez” la están pagando el medio ambiente y los vecinos y vecinas de los municipios afectados, cuyos ayuntamientos reciben severas sanciones por incumplimiento de la normativa comunitaria.
Tras la denuncia pública del Ayuntamiento de Montalbán, que informó de que desde hace más de una década viene asumiendo sanciones de entre 6.000 y 9.000 euros al año y ahora se enfrenta a multas de casi 40.000 euros, Naranjo ha recordado que esta problemática se extiende por toda la provincia con consecuencias directas para los ayuntamientos y para la Diputación en los casos de municipios con competencias delegadas. Por ejemplo, “en Cardeña vienen soportando sanciones de alrededor de 5.000 euros desde la avería de su depuradora en 2010”, ya que, pese a que la reparación de la misma terminó en abril de 2020, “todavía no se ha puesto en marcha”.
En Doña Mencía, “la última sanción comunicada al ayuntamiento data de febrero de 2020 y era de 8.560 euros, que finalmente quedó en poco menos de 7.000 por acogerse el ayuntamiento a la reducción del 20 por ciento por pago voluntario y reconocimiento de culpa”.
El Consistorio de la localidad, explicó Naranjo, está “a la espera de que se le comunique el precio de la indemnización por daños y perjuicios” que se sumará al montante total de la sanción. Se trata de una situación a la que se viene enfrentando este Consistorio desde hace años de forma periódica y que desde Adelante consideran “injustificable”.
Naranjo recordó que los ayuntamientos de pequeños municipios no tienen “ni las competencias ni los recursos” para acometer proyectos tan costosos como el de la construcción de una depuradora. Por ello, es “injusto que tengan que acarrear con las consecuencias de una dejadez histórica por parte de los distintos Gobiernos que ha tenido la Junta”, que recibieron fondos desde la Unión Europea para invertir en la depuración de aguas y “han dejado pasar los años sin hacer sus tareas”.
Por todo ello, Naranjo instó al Gobierno andaluz a “acometer las obras comprometidas con los municipios” y a tender la mano a los ayuntamientos afectados para que sus habitantes no tengan que pagar los platos rotos”. La cuestión económica es “especialmente importante en momentos como el actual”, pero además Naranjo señaló las terribles consecuencias que tiene sobre el medio ambiente la falta de infraestructuras para la depuración de aguas.
La diputada andaluza recordó la importancia de “proteger nuestros ríos y evitar que sus aguas se contaminen con residuos y aguas fecales”. Esta cuestión, que es “de sentido común”, es además un mandato europeo recogido en la directiva comunitaria 91/721, que ponía el año 2016 como fecha límite para que todas las poblaciones dispusieran de un tratamiento adecuado de aguas residuales.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
