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La Plataforma Comisión de la Verdad denuncia la falta de financiación de los proyectos de memoria histórica

La Plataforma "Comisión de la Verdad" de Córdoba, ante la reciente celebración del día de “recuerdo y homenaje" a las víctimas del golpe de estado militar del 1936 y de la posterior dictadura franquista, ha denunciado el "abandono" de las administraciones públicas andaluzas de los diferentes proyectos de memoria democrática impulsados en distintos municipios de la provincia.


A través de un comunicado, la plataforma asegura que lejos de celebrar un recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo, las víctimas y sus familias tienen que denunciar de nuevo "el abandono institucional al que se nos sigue sometiendo en esta comunidad autónoma".

"Llevamos décadas reclamando nuestros derechos y denunciando a la administración su falta en el cumplimiento de sus obligaciones", apunta la plataforma en referencia a los muchos proyectos de memoria democrática que actualmente se encuentran paralizados en la provincia por la "ausencia" de las instituciones públicas.

En concreto, "Comisión de la Verdad" pone el foco en casi una veintena de intervenciones en la provincia de Córdoba, publicadas en el Boja desde los años 2017, que no se han desarrollado y que permitiría avanzar en la recuperación de la memoria histórica de municipios como Montilla, Posadas, Carcabuey, Peñarroya-Pueblonuevo, Rute, Villanueva de Córdoba, Baena, Fuerte Obejuna, Espejo y Montoro, Hinojosa del Duque, Monturque, Cabra, Puente Genil, La Victoria, San Sebastián de los Ballesteros, Guadalcázar, Córdoba o Aguilar de la Frontera.

Asimismo, el colectivo denuncia la "total y absoluta ausencia" de la Junta de Andalucía en la financiación, desarrollo y puesta en marcha de los proyectos financiados y subvencionados por los ayuntamientos, la Diputación de Córdoba, la FEMP (Federación Española de Municipios y provincias) y el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España.

"Esas mismas instituciones que durante años han utilizado la memoria como moneda de cambio para el marcaje o marca política construyendo un relato falso, falto de compromiso plasmado en la total ausencia de medidas y acciones concretas para poner en marcha las políticas de memoria aprobadas y consensuadas por todos", denuncia la plataforma.

Por ello, el colectivo sostiene que "el olvido y la inacción institucional es de nuevo otra venganza, otra amenaza proyectada sobre nuestros muertos, nuestras familias". "Un olvido, que mata. Y se lleva a la mayor parte de los familiares directos de avanzada edad, mientras las instituciones implicadas esperan y miran para otro lado", denuncian.

Tres años de espera en Montilla

El pasado mes de mayo la Junta de Andalucía aprobó el desarrollo del proyecto de prospección, exhumación y análisis de los restos de las 70 personas que se cree que se encuentran en la fosa común del Cementerio Municipal de San Francisco Solano, así como de los restos óseos ubicados en otro punto del camposanto montillano.

La actuación, para la que la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) concedió una ayuda de 10.000 euros al Ayuntamiento de Montilla, daba sus primeros pasos en 2018, cuando cerca de una veintena de familias de la Campiña Cordobesa donaron sus muestras de ADN para desarrollar este proceso una vez el Gobierno andaluz autorizó el desarrollo de dichos trabajos.

El proyecto, desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) a iniciativa del montillano Javier Córdoba, plantea la indagación-localización, exhumación y estudio antropológico de los restos de la fosa común situada en el cementerio montillano donde, según las primeras estimaciones, podrían localizarse los restos de 70 personas procedentes de los municipios de Montilla, Fernán Núñez, Castro del Río, Doña Mencía, Nueva Carteya y Santa Cruz.

Junto a esta intervención en la fosa común, el estudio antropológico de los restos de los 13 funcionarios que fueron asesinados en los primeros días del golpe de estado y que, si bien fueron enterrados en un pasillo del camposanto, con la llegada de la democracia las autoridades permitieron a las viudas sacar los restos de ese lugar.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN