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Mostrando entradas con la etiqueta Lienzo de Babel [Daniel Guerrero]. Mostrar todas las entradas
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  • 18.11.19
Está comprobado que, dejadas a su libre albedrío, las empresas tienden a robustecerse y crecer, tienden a la concentración para acaparar mercados y aumentar beneficios. Es un fenómeno natural de simple evolución empresarial en un entorno mercantil de economía capitalista. Nada nuevo bajo el sol.



Sin embargo, también está comprobado la pertinencia de regular esa tendencia, a menos que se sea un talibán del neoliberalismo más salvaje –si se disculpa el pleonasmo–, mediante leyes “antitrust” que impidan la formación de auténticos monopolios que ahogan la libre competencia en bienes, servicios y precios.

De ahí el rechazo casi visceral de cualquier empresario a que su actividad sea regulada por el Estado, aunque tal regulación vaya en beneficio del propio mercado. Siempre andan clamando por una mayor “libertad” para desarrollar su tarea, sin intervenciones del Gobierno, y dejar a su conveniencia las condiciones y funcionamiento de los negocios. Es una tensión que viene de antiguo.

En España, la penúltima batalla “antitrust”, librada hasta hace unos días, ha enfrentado al duopolio televisivo formado por Atresmedia (propietaria de los canales Antena 3 y la Sexta, entre otros) y Mediaset (dueña de Cuatro y Telecinco, junto con otros más minoritarios) con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a causa de sus políticas comerciales de publicidad televisiva, mercado en el acaparan el 85 por ciento del negocio, a pesar de que su audiencia conjunta sólo sea del 55 por ciento.

El ente regulador les ha impuesto una sanción de más de 77 millones de euros, a pagar entre los dos operadores, por mantener prácticas anticompetitivas en la comercialización de la publicidad televisiva que restringen, de hecho, no solo la competencia y la capacidad de otros medios de comunicación para captar publicidad, sino que, además, imponen volúmenes de contratación mínimos de paquetes publicitarios que desvirtúan los precios.

Hay que indicar que ambas plataformas operan en España como un duopolio de facto, puesto que, de toda la oferta televisiva, son las únicas generalistas de ámbito estatal, ya que TVE, de carácter público, no emite anuncios en su programación, y el resto de emisoras (autonómicas, de titularidad pública, o canales privados, temáticos mediante cuota) no cubren tal espectro.

Evidentemente, estas empresas han anunciado que recurrirán en instancias judiciales tales sanciones, al considerarlas lesivas para su política comercial e injustas para un proceder que estiman no es monopolístico, sino ajustado a la legalidad vigente en el negocio publicitario. Es decir, se amparan en la sacrosanta libertad del mercado sin más regulación que la de la oferta y la demanda, y sin preocuparse de que, si la demanda la satisface un único ofertante –o dos, en este caso–, éste acaba imponiendo precios y condiciones a su entera conveniencia, sin mediar competencia alguna.

Eso es, justamente, lo que se dirime de las estrategias publicitarias de Atresmedia y Mediaset. Porque la concentración empresarial que ha dado lugar a esas dos plataformas ha propiciado un mapa audiovisual en España en el que solo sus marcas son predominantes, hasta el extremo de limitar toda competencia y acaparar la práctica totalidad del mercado publicitario televisivo.

Es, por tanto, el derecho de los ciudadanos a la pluralidad, y no solo la libertad de empresa, lo que exige la regulación de unos mercados, como el de la publicidad televisiva, que afectan a la libre competencia y hasta a la producción o adquisición de contenidos audiovisuales.

Al respecto, no hay que olvidar que la publicidad es la principal fuente de financiación de estos negocios audiovisuales. Y que, sin publicidad, no sería posible la libre competencia entre empresas televisivas, poderosísimos medios que influyen en la opinión pública y no solo en los hábitos de consumo. Tengámoslo en cuenta.

DANIEL GUERRERO

  • 12.11.19
Acabamos de repetir elecciones generales cuyos resultados mantienen parecida configuración parlamentaria de fragmentación entre minorías excluyentes, que queríamos resolver con éstas, lo que dificulta o impide la formación de Gobierno. Y van, este año, dos. Más las que llevamos desde 2015, puesto que ya son cuatro las veces que hemos ido a las urnas, sin contar las autonómicas y municipales, en los últimos cuatro años.



Tal parece que estamos condenados a continuar indefinidamente instalados, elección tras elección, en la inestabilidad y el bloqueo político en nuestro país. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? ¿Hasta la hartura de los ciudadanos y la ingobernabilidad? ¿Hasta el fin de la democracia?

Una vez más, empecinados en tropezar en la misma piedra, las elecciones de este domingo volvieron a resaltar que nuestros elegidos deben, por obligación, pactar y llegar a acuerdos entre ellos para formar un Gobierno que agote su mandato, olvidándose de preparar elecciones hasta dentro de cuatro años.

Los ciudadanos, por enésima vez, han vuelto a demostrar que tienen claro lo que desean, aunque los políticos no acaben de aceptar el veredicto de las urnas. Porque ya los votantes no contemplan aquellas mayorías absolutas que hacían y deshacían a su antojo. Ahora exigen contrapesos entre formaciones en el poder para que se vigilen mutuamente en el cumplimiento de sus promesas. Y una oposición igualmente diversa para que existan alternativas al discurso oficial y posibilidades, también distintas, de conformar mayorías parlamentarias.

A partir de ahora, lo que resta es que los representantes del pueblo cumplan con su trabajo y dejen de ponerse zancadillas para obstaculizarse con vetos e imposiciones sectarias, como si cada cual tuviera la razón y la receta milagrosa para arreglar de un plumazo los grandes problemas que tiene España. Es hora de ponerse a trabajar y gobernar este país. ¿Cuántas veces hay que ir a las urnas para que lo asuman?

Los resultados de esta repetición de las elecciones son elocuentes: todo sigue igual, salvo las sorpresas que ya vaticinaban las encuestas. El PSOE pierde tres escaños (120), Unidas Podemos también cede 7 escaños (35) y Ciudadanos se desploma estrepitosamente (de 57 a 10 diputados). El Partido Popular recupera 22 escaños (88) y Vox, el partido de ultraderecha, pasa a ser el gran vencedor, ganando nada menos que 28 escaños (52), convirtiéndose en tercera fuerza parlamentaria.

Con tales resultados, el Congreso continúa dividido en dos grandes bloques –y más fragmentado que antes–, ninguno de los cuales logra sumar la mayoría suficiente para gobernar. Es decir, volvemos a la posición de salida, en la que la intransigencia de unos y las exigencias de otros obstaculizaron los acuerdos para sumar los apoyos que posibiliten investir a un presidente de Gobierno, lo que motivó la repetición de elecciones. ¿Qué hacer ahora?

Lo que ha quedado claro es que, cuando se repiten unas elecciones, baja la participación de los ciudadanos y se produce un cierto castigo al partido gobernante (PSOE pierde dos diputados) y al causante que los votantes perciben como el responsable de la falta de acuerdo (Ciudadanos y Unidas Podemos).

¿Tomarán ahora todos ellos buena nota de esta lectura de los resultados que arrojan las urnas? Deberán hacerlo porque, por culpa de unos y otros, este domingo, más que un día aciago, fue un día electoralmente inútil para solventar lo que los políticos son incapaces de resolver: su propia incapacidad para consensuar pactos que hagan posible la gobernabilidad en España. Y ello es ya un imperativo ineludible para todos los que se han ganado un asiento en nuestras Cortes Generales.

DANIEL GUERRERO
  • 5.11.19
El combate y captura de los grandes dictadores y terroristas que han osado enfrentarse en los últimos decenios a Occidente es imparable y también drástico. Estados Unidos, como brazo justiciero, salda estas cuentas con la muerte fulminante del enemigo, sin confiar en juicio alguno ni otra condena que no sea la simple eliminación física del criminal capturado.



El último en caer en manos de este destino inexorable ha sido el líder del denominado Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, quien había proclamado, en 2014, el sangriento califato de ISIS (en sus siglas en inglés), alentando una rebelión en Siria e Irak que extendió el terror más allá de aquellas fronteras, mediante atentados indiscriminados en países europeos y de otros continentes.

Fuerzas especiales de Estados Unidos anunciaron su muerte como consecuencia de una operación militar desarrollada en el norte de Siria, donde se escondía y fue acorralado hasta acabar suicidándose, al verse sin salida, detonando un cinturón explosivo.

Para el presidente norteamericano, Donald Trump, “murió como un perro, como un cobarde”, como calificó su muerte en una intervención bochornosa, pero propia de un mandatario soez. Se trata del último capítulo, que no el final, de una política justiciera por parte de Estados Unidos, que parece preferir la “Ley del Talión” a la hora de ajustar cuentas con los perseguidos, grandes criminales que merecen pagar por sus crímenes, en vez de proceder a su captura y puesta a disposición de un Tribunal que los juzgue y condene con la máxima severidad, preservando, en la medida de lo posible, sus vidas, para no comportarnos igual de sanguinarios que ellos.

Es cierto que los sátrapas asesinos no se dejan atrapar tan fácilmente ni levantan los brazos para entregarse de manera pacífica. No obstante, esa oportunidad debería presidir todas las actuaciones encaminadas a su captura, en consonancia con la superioridad moral de la civilización occidental y los valores que la sustentan, como son el respeto de los Derechos Humanos y la integridad de toda vida humana.

Llama la atención que no se trata del primer caso de ejecución fulminante de un perseguido desde que comenzara esta especie de “guerra” sin cuartel contra el fanatismo yihadista que lideró Osama bin Laden, cuando creó Al Qaeda. Este personaje, de origen saudí, fue el primer terrorista en organizar ataques directamente en suelo de Estados Unidos, que se saldaron con el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, el 11 de septiembre de 2001, en el que murieron miles de personas inocentes.

Fue entonces cuando Estados Unidos asumió que el fenómeno yihadista suponía un enfrentamiento abierto que debería saldarse con la eliminación física de los líderes terroristas. Diez años estuvo Estados Unidos persiguiendo al fundador de Al Qaeda hasta que, en mayo de 2011, pudo abatirlo en su refugio de Pakistan mediante una operación especial de los Seal, unidades de élite del Ejército.

Tras matarlo y tomar muestras de identificación, arrojó su cuerpo desde un portaviones al mar, sin dejar constancia documental que corrobore estos hechos. Es otro ejemplo de esa Justicia drástica que Occidente está aplicando contra sus enemigos más peligrosos y detestables.

Ya anteriormente, en 2003, el Gobierno de George W. Bush había declarado la guerra a Irak, aunque no tuviera nada que ver con el ataque a las Torres Gemelas, y sus soldados capturaron a Saddam Hussein, el dictador que gobernó aquel país durante 24 años, de 1979 a 2003, en un zulo cerca de Tikrit, su ciudad natal.

Una coalición militar en la que participó España, liderada por Estados Unidos y sin respaldo legal de la ONU, invadió el país árabe con la excusa de que poseía “armas de destrucción masiva” que jamás fueron halladas, hasta la fecha.

Pero aquella vez se pudo coger vivo al prófugo, que fue entregado a un gobierno provisional para que un tribunal iraquí, ambos controlados por Estados Unidos, lo encontrara culpable de “crímenes de lesa humanidad” y lo condenara a muerte. Fue ahorcado en diciembre de 2006. Así, al menos, el dictador tuvo un simulacro de Justicia y las imágenes de su ejecución fueron difundidas en todo el mundo a modo de advertencia: quien la hace, la paga.

Sin embargo, más cruenta y sádica fue la suerte que corrió Muamar el Gadafi, otro déspota que había estado gobernando Libia durante 42 años hasta que unas revueltas, patrocinadas por Estados Unidos, acabaron con su régimen y grupos armados rebeldes, apoyados por la OTAN, lograron derrocarlo, apresarlo en su huida y asesinarlo de la manera más despiadada inimaginable.

Gadafi era un dictador con ensoñaciones de un imperialismo socialista, a semejanza del panarabismo de Nasser, que no dudó en patrocinar, entrenar y armar grupos terroristas de medio mundo, por lo que era cómplice de muchos atentados que sesgaron la vida de centenares de occidentales. Su captura y castigo eran merecidos, pero sin el salvajismo con que fue realizado.

Todos estos ejemplos de “justicia del talión” sirven para evidenciar una característica común: que el fin justifica los medios y que la venganza puede nublar las razones de hacer justicia ante hechos execrables que deben ser castigados. Pero de otro modo.

No defiendo a los asesinos, pero si nuestra propia defensa y nuestra justicia se ejecutan como hacen ellos, asesinando sin más, escasas razones encontraremos para justificar una justicia que se guía por el “ojo por ojo” y aplica aquello de “quien a hiero mata, a hierro muere”.

Tal vez sea el único método eficaz de actuar contra unos criminales que no están dispuestos a dejar de matar, pero no resulta consecuente con unos valores cívicos y morales que decimos encarnar, ni tampoco resuelve el terrible problema del terrorismo, puesto que alimenta el odio de un fanatismo que continuará buscando sucesores que lideren sus acciones terroristas.

Ni los centros de internamiento y torturas, como el de Guantánamo, ni las ejecuciones sumarísimas mediante operaciones militares consiguen cambiar unas mentes fanatizadas que declaran su enemistad asesina a Occidente. Sino que serán la ley, el respeto a los Derechos Humanos y la supremacía moral de nuestras democracias los que acabarán por derrotarlos, al demostrarles la equivocación e inutilidad de sus conductas y los prejuicios con que perciben una sociedad occidental que sólo persigue ser justa, plural, tolerante y pacífica, también en su relación con la sociedad islámica, con la que desea convivir en paz, mutuo respeto y en enriquecedor intercambio cultural.

La verdad es que ignoro cómo podríamos defendernos, capturar y juzgar a estos déspotas asesinos sin renunciar a nuestros principios, pero lo que sí sé es que sólo con la ley del talión y una justicia de aniquilamiento sin garantías judiciales no se podrá acabar con el fenómeno del terrorismo yihadista. Ni ningún terrorismo.

A lo mejor es que será cierto lo que decía Hobbes sobre que la concordia entre los hombres es artificial, puesto que estamos más inclinados al dominio que a la sociedad. Y por eso estamos en una guerra patente o latente de todos contra todos. Poco habríamos avanzado, si fuera así, desde entonces.

DANIEL GUERRERO
  • 29.10.19
Las llamas del descontento parecen propagarse por toda Sudamérica. Cuando no es Venezuela, es Ecuador, Argentina o Chile, entre otros países, donde la ira popular, con más o menos virulencia, se manifiesta en las calles en contra de medidas o situaciones con las que los ciudadanos acaban perdiendo la paciencia.



Tampoco es que la región haya sido históricamente un remanso democrático y tranquilo, sino el escenario en el que se ha ensayado toda clase de revoluciones y dictaduras con las que las potencias de cada época –desde los antiguos colonizadores hasta la actual superpotencia del Norte– han pretendido manejar sus destinos y proteger intereses geopolíticos.

Una historia que todavía supura por heridas abiertas sin cicatrizar, como forzosa contribución al enriquecimiento de los explotadores. Y cuyas consecuencias aún perduran e influyen, de distintas maneras, en la atormentada realidad de cada uno de los países de América Latina.

Tanto es así que las revueltas que se suceden por gran parte del subcontinente no hacen más que poner de relieve un malestar que viene de antiguo y que no deja de crecer por los insoportables problemas del presente, hasta colmar la paciencia del oprimido más resignado con su condición.

El último conflicto en unirse al estallido popular en Sudamérica ha sido en Chile, provocando un terremoto social de consecuencias impredecibles. Se trata de un estallido súbito, como una explosión de hartazgo, debido a la subida de precio del billete de metro.

Un Gobierno que se dice democrático ordenó a la Policía reprimir las manifestaciones, desencadenando una espiral de acción-represión que ya ha causado más de una decena de muertos y centenares de personas detenidas, sin que el descontento popular se calmase. Y lo más curioso: sin que ningún partido dirija un rechazo que comenzó siendo una espontánea protesta estudiantil.

Sin embargo, ha servido de válvula de escape para desahogar la ira contenida de un pueblo que sufre desigualdad por unas políticas neoliberales hasta extremos inaguantables. De hecho, Chile es, hoy, uno de los diez países con más desigualdad del mundo, según el Banco Mundial, por culpa de un modelo económico que prima la privatización de los servicios básicos, la austeridad severa en el gasto social y la inversión centrada en sectores productivos rentables.

Se trata de la clásica receta neoliberal que ha permitido cierto crecimiento económico, pero que olvida a los más necesitados, a los que conduce a niveles de vida precarios, sin que por ello haya podido contener el altísimo endeudamiento del país. Una situación que ha generado tal injusticia social que los ciudadanos ya no la toleran. Y se han echado a la calle.

En Ecuador ha sucedido algo similar con la eliminación de la subvención del combustible, decretada por el presidente Lenin Moreno, que condenaba a los afectados, más de 300.000 ecuatorianos, a la pobreza. El encarecimiento del combustible suponía, además, por su impacto directo, el aumento en más de un 100 por ciento del precio de bienes y servicios, y más de un 30 por ciento en el de la gasolina.

Los más oprimidos no lo dudaron y, durante unas semanas, ocuparon calles, rodearon instituciones, obligaron al presidente a abandonar la capital del país, hasta que finalmente, después de graves enfrentamientos con muertos incluidos, consiguieron que se anulara el decreto y se mantuviera el subsidio al combustible. Una vez más, fueron políticas neoliberales y la desigualdad social las que generaron unas revueltas populares, tras décadas de injusticia y opresión.

También en Bolivia las protestas generalizadas han hecho acto de presencia, no por causa de medidas económicas, sino por el despotismo con que el actual presidente, Evo Morales, pretende eternizarse en el poder, tras unas elecciones a las que no debía presentarse y cuyos resultados causan recelo dentro y fuera del país.

Evo Morales había podido concurrir a estos comicios, los cuartos tras una década en el poder, gracias a una interpretación benigna del Tribunal Constitucional y del Supremo Electoral (TSE), a pesar de haber perdido un referéndum sobre la reelección indefinida, en 2016. Dudas en el recuento de votos, del que el TSE suspendió la publicación de resultados, provocando la dimisión del vicepresidente de este organismo, han desatado las alarmas y la movilización de la gente.

Una oleada de protestas ha recorrido el país y no han cesado las movilizaciones multitudinarias en las grandes ciudades para criticar al Gobierno. Y es que, aunque Morales haya sido el primer presidente indígena de Bolivia y sus promesas fueran de más democracia y mejor redistribución de la riqueza, ha terminado cansando a la ciudadanía por sus golpes de autoritarismo (ignoró la voluntad de sus electores en el referéndum sobre su perpetuación en el poder) y por el agotamiento de un ciclo económico que barrunta la reaparición de la recesión.

Es lo que tienen los líderes providenciales: se creen insustituibles y acaban convirtiéndose en represores de su pueblo, como Daniel Ortega en Nicaragua y tantos otros. Lo cierto es que la población ya no tolera ni el colonialismo ni la autocracia, porque aspira a la libertad y la justicia para construir sociedades en las que reinen la igualdad, la tolerancia y la prosperidad, en pacífica convivencia.

Estas elecciones, como las próximas de Argentina y Uruguay, marcadas por las tendencias, si no de fraude, sí de una opacidad que es reacia al control externo de su transparencia, evidencian unas democracias defectuosas, según la clasificación de The Economist Intelligence Unit, que son resultado de una evolución histórica plagada de colonialismo, regímenes autoritarios y opresión por parte de propios y foráneos.

Este devenir histórico convierte la desigualdad social en la mecha que hace estallar el conflicto y el descontento en unos países que, a pesar de haber conquistado la independencia, siguen siendo dependientes de un capitalismo mercantilista que dicta las normas e impone las condiciones, sea quien sea el que gobierne.

Los explotadores, que controlan el sistema financiero, los medios de transporte y fletes, la capacidad industrial y de valor añadido, y los mercados últimos, arrebatan las materias primas y las riquezas de América Latina, sin importarles las condiciones de vida de su población. Y, claro, estos países estallan en rebeldía e ira a la menor vuelta de tuerca, hartos de tanta opresión y pobreza.

Entre líderes providenciales que se convierten en caciques autoritarios y un sistema económico que agudiza la pobreza y concentra la riqueza en manos de los explotadores de siempre, a la gente sólo le queda el recurso de unas revueltas que se extienden por todo el subcontinente americano, donde el subdesarrollo y la desigualdad son el estigma imperecedero del viejo colonialismo, esta vez económico.

DANIEL GUERRERO
  • 22.10.19
El otoño siempre ha sido la estación en la que se reinicia la actividad cotidiana del año (laboral, política, educativa...) después de la inevitable interrupción del verano y las vacaciones. Ese inicio de la actividad podía ser en calma o en tensión. De ahí que, por la gravedad de los asuntos a los que hacer frente, haya prosperado la expresión “otoño caliente” cuando la conflictividad era lo más destacado en tales problemas.



Pero este año, más que caliente, el otoño se pronostica hirviente, puesto que parece hervir por la ebullición de una problemática diversa y compleja que amenaza con empeorar si no se atiende como exigen los afectados. Y es que el curso que arranca en otoño presenta problemas de tal magnitud que bien podrían desestabilizar aún más la situación política y fracturar la convivencia pacífica en España.

El más inquietante de los problemas de este otoño es, sin duda, el de las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a los políticos catalanes encausados, condenados a penas de cárcel e inhabilitación de hasta 13 años.

Los partidos políticos soberanistas, el Gobierno de la Generalitat, organizaciones civiles afines y los partidarios de la independencia venían esperando el fallo y estaban preparados para organizar una respuesta tumultuosa en las calles que, mediante manifestaciones, bloqueos de infraestructuras y servicios públicos, enfrentamientos con las fuerzas del orden y algarabías de diverso grado, pudiera interpretarse, por su extensión e intensidad, como expresión de rechazo del conjunto de la población de Cataluña.

Como alumnos aventajados de los noticiarios, sus organizadores –una anónima plataforma que se oculta bajo el nombre de “tsunami democrático”– intentaron emular a los manifestantes de Hong Kong y paralizar el aeropuerto de Barcelona, cosa que consiguieron durante unas horas el primer día de protesta.

También pretendieron imitar la violencia vandálica protagonizada por los “chalecos amarillos” que arrasaron la capital y otras ciudades de Francia hace unos meses, destruyendo escaparates, provocando fuegos, lanzando piedras, vallas y botellas con ácido a los policías, etc. La verdad es que lo tenían fácil porque ejemplos a copiar no faltaban.

Sin embargo, la gravedad de estos hechos no radica en las manifestaciones ciudadanas –derecho consagrado en la Constitución–, sino en la actitud ambigua del Govern por alentar (“apretad”, pedía el presidente Torra a los comandos de los CDR)) este tipo de comportamientos que tienden a descontrolarse y desembocar en delitos y atentados contra la seguridad ciudadana, mientras al mismo tiempo ese Govern es responsable de mantener el orden y la convivencia en la Comunidad, además de garantizar el respeto y el cumplimiento de las leyes.

Con semejante actitud contradictoria, será prácticamente imposible llegar a un entendimiento que permita encauzar el conflicto catalán por vías políticas y de diálogo, que precisan de la mutua confianza y de la lealtad institucional entre ambas Administraciones del Estado.

No hay duda de que la configuración territorial del Estado va a estar sometida, este otoño, a fuerzas antagónicas que, por un lado, ejercen una presión centrífuga que conlleva el riesgo de desprendimiento de una parte del mismo, y, por otro, una presión centrípeta que tiende hacia desnaturalización de las autonomías y a la recentralización.

Dependiendo de cómo se aborde el conflicto catalán, el otoño hervirá por la colisión entre ambas fuerzas con inaudita virulencia política y social. Ya los radicales se encargan de encender el fuego, metafórica y literalmente hablando.

Además, por si fuera poco, un Gobierno central en funciones, después de años de inestabilidad, vuelve a confiar en la repetición electoral para que los ciudadanos decidan lo que los elegidos en abril no pudieron, no supieron o no quisieron acordar: pactar la constitución de un Ejecutivo en torno a la minoría parlamentaria mayoritaria. Nos hallamos, así, con un Gobierno que, este otoño, estará más atento a asegurarse su continuidad en el poder que en solucionar ningún problema.

Y sin Gobierno, sin Presupuestos y sin planes a medio y largo plazo, la coyuntura política es la idónea para que este otoño endemoniado arda con la gasolina de la confrontación partidista, la parálisis institucional, la división social y la inacción ante conflictos de todo signo que no son o no pueden ser atendidos.

Se trata, justamente, de la situación más favorable para que los populismos de derecha e izquierda emerjan con sus promesas fáciles y simples que todo lo solucionan, aprovechándose del “cabreo” de la gente con unos políticos que se muestran ineficaces ante los grandes retos, también ante los pequeños obstáculos, a los que debemos enfrentarnos, como son la migración, el empleo, la seguridad, la educación, las infraestructuras, la pobreza y hasta las pensiones o un feminicidio que no cesa.

Nada parece rebajar la temperatura porque, en vez de contribuir a la calma, el propio Gobierno y la crispación política son comburentes del fuego que hace hervir a este otoño con más intensidad que nunca. Unos partidos enfrascados en una confrontación estéril, que no dudan en utilizar los problemas para desacreditar al adversario, y un Gobierno provisional, sin capacidad para afrontar con eficacia ningún asunto que no sea de ordinaria y burocrática resolución, son los responsables en buena medida de la conflictividad ardiente que se pronostica para el otoño.

Incluso los pensionistas, que han emprendido desde los cuatro puntos cardinales del país una marcha hasta Madrid para exigir a todo pulmón, ante el Congreso de la nación, la seguridad de unas pensiones dignas, van a alimentar las llamas que harán arder este otoño preñado de problemas.

Llevan años reclamando que se les restituya el derecho a recibir las pensiones por las que han cotizado durante toda su vida laboral. Y por que no se les utilice como apuntes contables que sirven para cuadrar las cuentas del Estado, ni se les utilice como datos demográficos de fácil seducción electoralista.

Su grito en defensa de las pensiones, gobierne quien gobierne, surge del hartazgo de sentirse siempre manipulados por Ejecutivos de todo color, y de ver cómo sus pensiones, en vez mantener su poder adquisitivo, menguan cada año, con cada gobierno y con cada problema de la economía que los administradores políticos no han sabido prever ni solventar sin echar mano de la “hucha” de las pensiones y otras partidas del gasto social. Se manifiestan, gritan y contribuyen a hacer hervir este otoño con toda la razón del mundo. Y porque no consienten que se les arrebate su dignidad, aunque estén a punto de morirse.

Es enervante que la política se entretenga en mirarse el ombligo mientras el país sufre las consecuencias. Un país en el que un 26,1 por ciento de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, más de 12 millones de personas en España no disponen de los mínimos de renta necesarios, ni trabajos estables o justamente remunerados, ni posibilidad de acceso a bienes materiales o servicios, como la calefacción, que indican los riesgos de padecer pobreza o exclusión, según un reciente informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza con datos de 2018.

Tales indicadores miden la magnitud escalofriante de una condición que se suele confundir con la indigencia y, sin embargo, está instalada en la mayoría de las ocasiones en hogares aparentemente normales, en los que el trabajo precario o el desempleo, la desestructuración familiar o familias monoparentales, la discapacidad o el cuidado de alguno de sus miembros y hasta la dificultad para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler, materializan los múltiples rostros de la pobreza.

Personas privadas de recursos o excluidos de la sociedad por culpa de una crisis económica que ha ahondado las desigualdades y ha eliminado las posibilidades de prosperar y huir de las garras del infortunio. Por mucho que las soflamas gubernamentales se vanaglorien de haber superado la crisis económica, lo cierto es que los datos del INE y Eurostat colocan a nuestro país entre los países peor situados de la UE en cuanto al número de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión.

Mientras unos y otros se enfrentan por cuestiones de identidad y privilegios, se desgañitan por poltronas y prebendas, una cuarta parte de la población lucha por tener una vida digna, libre del azote de las privaciones, sin que nadie se manifieste por ella ni haga uso de la violencia para obligar a socorrerla. A pesar de todos los problemas que nos acucian, este otoño no hervirá por los realmente necesitados, cuando debería ser el principal motivo para coger la antorcha.

DANIEL GUERRERO
  • 15.10.19
¿Qué hay en común entre Franco, Trump, el procés y el Brexit? Pues que son asuntos que acaparan nuestra atención en un momento especialmente decisivo, cual es la repetición de elecciones generales en nuestro país. Son tantas las incertidumbres que penden sobre nuestro voto que el resultado de las urnas será inevitablemente insatisfactorio, en el sentido de que no contentará a nadie y volverá a estar abierto a cuantas interpretaciones se le quiera dar, dependiendo del prisma particular con el que se enfoque.



Por un lado está la exhumación del dictador Francisco Franco, una anomalía política y una deuda ética que debían resolverse pese a que los franquistas las consideren una profanación. Añádanse a este ambiente preelectoral las provocaciones del ínclito Donald Trump, el presidente más imprevisible, visceral y mentiroso de la historia de Estados Unidos, capaz de hundir la economía de cualquier país, como el nuestro, mediante un exabrupto escrito en su cuenta de Twitter con el que impone aranceles a las importaciones que se le antojen, y de traicionar a sus aliados en guerras periféricas a causa de un cambio repentino en su estado de ánimo.

Por si fuera poco, el caótico Brexit por el que Inglaterra pretende abandonar la Unión Europea (UE), ya sin apenas tiempo para hacerlo de manera ordenada y pendiente únicamente de una prórroga, que el premier británico se niega solicitar, que evite un descortés portazo por parte de un socio que nunca estuvo contento de su pertenencia al club.

Todos estos asuntos, entre otros muchos, son aristas de una realidad, tanto nacional como internacional, que nos afectan de pleno e influyen a la hora de elegir, por segunda vez este año, un Gobierno en España que haga frente a una coyuntura compleja y entrelazada, sin que nos ocasione “daños colaterales”.

En medio de todo ello, explosiona la sentencia del procés, como traca final que llena de ruido un escenario de incertidumbres, justamente antes de ir a las urnas. Por tanto, no resulta exagerado decir que, en esta ocasión, con la papeleta del voto nos jugamos nuestro futuro en una partida de carambolas a varias bandas. Y toca tirar.

Por lo pronto, ya hay dos hechos en vías de solución: Franco acabará en el cementerio de El Pardo, como corresponde a los que fallecen en ese municipio, y los autores del desafío catalán de otoño de 2017, cuando celebraron un referendo ilegal y proclamaron fugazmente una república, acaban de ser condenados en plazo y forma, tras un escrupuloso procedimiento judicial del que, guste más o menos, no puede decirse que haya sido arbitrario ni que obviara las garantías y derechos de los imputados, conforme se espera de la Justicia en un Estado de Derecho.

Ambos asuntos, ya solventados, tendrán no escasa influencia en la orientación de nuestro voto, y así procurarán recordárnoslo los partidos en liza electoral, bien para echárnoslo en cara, bien para atraer nuestra confianza. Porque, que Franco descanse definitivamente en una sepultura privada, será valorado de oportunismo por toda la oposición, al objetar de electoralista una medida que el Gobierno en funciones ha concluido precisamente en el momento actual, y no se reconocerá que se trata de una iniciativa que venía de antaño, precedida de un acuerdo parlamentario, una decisión gubernamental, unos recursos judiciales y, a la postre, un resultado final que solo podía ser el de la exhumación: sacar los restos del dictador de un mausoleo público en el que era enaltecido para que reposen en una tumba privada y exclusivamente familiar.

Pero también, no por esperada menos trascendente, la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a los inculpados catalanes por delitos de sedición a penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, provocará la visceralidad acostumbrada en las calles de minoritarios pero ruidosos sectores soberanistas de la política y sociedad catalanas, y también la insatisfacción de quienes esperaban castigos todavía mayores, como los que se reservan para los delitos de rebelión, que exige el uso expreso de la violencia para quebrantar la Constitución.

Los políticos catalanes encausados han sido condenados después de un proceso judicial ejemplarmente desarrollado, que ha fallado una sentencia firmada por unanimidad del Tribunal, en un caso que ha supuesto el mayor desafío a nuestro sistema constitucional y a la legalidad democrática que de él aflora.

De unos y de otros, los que toman la sentencia como una “venganza” como los que la consideran demasiado “benigna”, se espera simplemente que la acaten y pasen página, sin perjuicio de que los condenados dispongan de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y otras instancias europeas. Y que todos comprendan que la primera exigencia de la democracia es el respeto a ley, puesto que sin la una no es posible la otra, y viceversa.

Algo que deberán asumir los condenados y sus partidarios a la hora de perseguir o propugnar objetivos políticos por vías que quiebran el ordenamiento legal de nuestro país. A partir de esta sentencia, los políticos y colectivos independentistas de Cataluña –o de cualquier otra región– podrán legítimamente luchar por sus ideales de manera libre, pero con respeto a la legalidad constitucional. Es lo que diferencia a un demócrata de un subversivo radical en cualquier país democrático.

No obstante, no se puede descartar que esta sentencia sea utilizada como munición electoralista por las formaciones que se enfrentan en los próximos comicios. Y no deberían hacerlo porque, entre otros motivos, ni el Gobierno del Partido Popular ni el del PSOE, ambos partidos con responsabilidad en este conflicto, han hecho dejación de sus funciones.

Por el contrario, han defendido desde sus respectivas posiciones la Constitución y las leyes, en la medida y la fuerza en que han creído oportunas, ya sea intentando dialogar o aplicando la suspensión de una autonomía. Es decir, ni Sánchez (presidente en funciones) es un traidor anticonstitucionalista por explorar vías de diálogo, ni Rajoy (anterior presidente) era un autoritario centralista por aplicar el Artículo 155 en Cataluña.

Han actuado conforme a prerrogativas establecidas, aunque no hayan acertado en cada una de sus decisiones. Los adalides de la legalidad deberán confrontar otros asuntos y dejar el conflicto soberanista donde la Justicia lo ha ubicado. Habrán de ser otros, por tanto, los temas que deberían centrar el debate en las inminentes elecciones generales.

Incluso el Brexit, que podría depararnos sorpresas desagradables a nivel económico, pero también político (no olvidemos que mantenemos frontera directa con una colonia inglesa), debería inferir en el sentido de nuestro voto el próximo 10 de noviembre. El turismo, los intercambios comerciales y los nacionales residentes en Reino Unido son aspectos de la cuestión que nos preocupan, de igual modo que la sinceridad europeísta de nuestro país con el proyecto común al que nos unimos recién restaurada la democracia en España.

Es verdad que existen formaciones, afortunadamente residuales, que abogan por un aislacionismo populista, al estilo de Trump y su ideólogo Bannon, y por la unilateralidad en las relaciones entre los Estados, como fórmula mágica que resolvería todos nuestros problemas, sean migratorios como comerciales, incluyendo en el mismo saco las tensiones territoriales, la “ideología” feminista y ese “progresismo” intolerable que relativiza la “buena” moral de la sociedad.

Solos no se está mejor que unidos, por mucho que Inglaterra pregone lo contrario. La UE en es un competidor formidable que puede hacer frente, gracias a la fuerza de su conjunto, a las amenazas y retos no sólo de EE UU, sino de la irreversible globalización de la economía y el mercado.

Y los valores que Europa representa, que descansan en la libertad, la democracia, los Derechos Humanos, la igualdad y la solidaridad, y que hacen de esta parte del mundo el mejor sitio para vivir, no pueden ponerse en cuestión en la disputa electoral del próximo 10 de noviembre, aunque apelen a nuestras emociones con “cantos” de sirena a la seguridad, nuestra identidad y a los miedos que nos insuflan con falsas alarmas catastrofistas. Son otras, nuevamente, las cuestiones que deberían decidir nuestro voto.

Por consiguiente, no es Trump, ni el Brexit, ni el procés, ni Franco lo que nos debe mover al colegio electoral para cumplir con nuestro deber democrático de elegir a nuestros gobernantes, sino las propuestas que nos ofrezcan credibilidad sobre el futuro inmediato de nuestro país, las iniciativas para fomentar el empleo de calidad y en cantidad, las ideas para recuperar una enseñanza rigurosa y sin sectarismos ideológicos que permita a nuestros hijos estar mejor preparados en un mundo sin fronteras y competitivo, los anuncios viables de estabilidad y seguridad del sistema público de pensiones, las garantías de una sanidad acorde con los avances de la medicina al servicio de toda la población, el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar y sus sistemas de protección a los más desfavorecidos, la reordenación de las ciudades para hacerlas más humanas y seguras, la protección del medioambiente y la sostenibilidad de nuestros procesos industriales, y la progresiva ampliación de derechos y libertades que haga más justa, equitativa, igualitaria y plural a nuestra sociedad y nuestro modelo de convivencia.

Estas cuestiones, por señalar algunas, han de constituir las preocupaciones que nos impulsen a depositar nuestra confianza en los partidos que merezcan nuestro voto en las próximas elecciones, y nos hagan desconfiar de quienes intentan atraernos con los Franco, Trump, el Brexit y el procés de sus propagandas. Ya no han engañado muchas veces.

DANIEL GUERRERO
  • 8.10.19
Entre la libertad de expresión y el respeto a una creencia religiosa, por muy ofendida que se sienta, debe prevalecer el derecho que garantiza la primera. La delicada sensibilidad que muestran los que son libres de creer en lo que quieran no puede coartar, como si gozaran de una virtud privilegiada, la libertad de expresión que la Constitución reconoce a todos los españoles, profesen o no un credo, ni brindar una protección especial que prevalezca sobre el ejercicio de cualquier otro derecho, como el de opinión o la libre expresión.



Es lo que se espera del juicio, que hace unos días ha quedado visto para sentencia, al que se han enfrentado tres activistas que participaron en la “procesión del coño insumiso”, celebrada el 1 de mayo de 2014 en Sevilla, en la que pasearon en andas una enorme vagina de plástico como si fuera el paso de una Virgen, con objeto de denunciar la precariedad laboral que sufre la mujer y en un momento en que el Gobierno pretendía recuperar una ley del aborto más restringida.

Independientemente del objeto y contexto de la manifestación, cualquier referencia o simulación de prácticas o rituales religiosos no constituye, por sí mismo, una burla, escarnio o mofa de los sentimientos religiosos, puesto que ningún credo ni sus fieles disponen de la exclusividad de expresar públicamente, a través de procesiones que portan imágenes y objetos o en reuniones y actos también de carácter público, su particular adhesión o compromiso con lo que Kierkegaard definía por su irracionalidad, es decir, con creencias que contradicen las evidencias y la razón, como es la fe, toda fe.

Ni por ello, por muy libres que sean para abrazar el credo que elijan, exigir de la sociedad el privilegio exclusivo de que su fe y sus modelos de vida y moral sean aceptados en la esfera pública como si de verdades absolutas e irrefutables se trataran, arrogándose el respeto de una intocabilidad que los blinda de toda crítica o cuestionamiento, cosa que no se concibe con las “verdades” de la ciencia, siempre expuestas a revisión.

Es por ello que cabe confiar, sobre todo en un Estado garantista de derechos y supuestamente aconfesional, en una sentencia que absuelva a las procesadas. Y no sólo por resolver la aparente colisión de derechos fundamentales a favor del de mayor preponderancia social y más profunda raíz democrática, como el de libertad de expresión ante supuestas ofensas de subjetivos sentimientos religiosos, sino también para aclarar jurídicamente la errónea consideración de que, por el mero hecho de creer en afirmaciones sobrenaturales o ancestrales supersticiones, se disfruta del privilegio de ser “intocable o incuestionable”.

Flaco favor harían los creyentes a su creencia si apelan a que ésta deba de ser protegida por subterfugios legales –una intromisión de la iglesia en el Código Penal– más que por el convencimiento o la solidez que la fe debería proporcionar al devoto.

Una especial protección ante la crítica que no reclama ninguna otra institución social, como los partidos políticos, los sindicatos, las ONG o cualesquiera asociaciones culturales, artísticas, deportivas, económicas, etc., que se expresan en el ámbito público. Únicamente las religiosas exigen –y hasta ahora consiguen– el blindaje legal ante la sátira o el cuestionamiento.

Los integrantes de una comunidad de intereses religiosos, como en puridad son los creyentes católicos, están acostumbrados a disfrutar de indulgencia pública, de dinero público, de prerrogativas para el adoctrinamiento –colegios religiosos, asignatura religiosa evaluable– y de respaldo legal para que sus creencias se consideren preeminentes e indiscutibles en la sociedad.

Y por el arraigo que confiere tanto apoyo estatal, no toleran que se les trate como a cualquiera que afirme su convencimiento absoluto en hadas, duendes y seres sobrenaturales, algo muy respetable a nivel privado, pero expuesto a crítica, sátira o divertimento a nivel público, sin que ello suponga ninguna ofensa de los sentimientos, sino libertad de expresión.

Por tanto, la única sentencia posible de un juicio que no debía haberse producido es la de la absolución de las imputadas. No hicieron otra cosa que exhibir públicamente –como hacen los creyentes continuamente sin que los no creyentes se consideren ofendidos– lo más íntimo de la mujer para exigir el respeto que merece la dignidad la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el religioso, donde, por cierto, se relega a la mujer a un papel subalterno y servil en una iglesia cuya jerarquía, aunque vista faldones, es radicalmente patriarcal y misógina. Como para no mofarse de las supersticiones.

DANIEL GUERRERO
  • 1.10.19
Estaba pendiente el último trámite judicial y ya se ha resuelto. El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad la decisión del Gobierno de sacar los restos del dictador Francisco Franco de su cripta de la basílica del Valle de los Caídos para su inhumación en el cementerio de la localidad madrileña de El Pardo-Mingorrubio, donde la hija del dictador compró una sepultura.



Exhumar a Franco era la iniciativa más simbólica del Gobierno socialista de Pedro Sánchez que, debido a los recursos interpuestos por los familiares del líder fascista, no se había podido llevar a cabo con la celeridad que el Ejecutivo pretendía.

Ahora, tras el aval del Supremo, solo resta completar los trámites y aprobar en Consejo de Ministros el traslado definitivo de la momia de Franco al sitio que le corresponde, si la autoridad eclesiástica permite el acceso a la basílica de Cuelgamuros para la exhumación.

Aunque el cura Santiago Carrera, prior de la basílica –un lugar público que se financia con dinero público–, se niega a conceder tal permiso, sus superiores en el Vaticano han asegurado que mantienen su postura de no oponerse, si el fallo de la Justicia, como es el caso, avala la exhumación.

La aparente “neutralidad” del Vaticano tiene por objeto evitar que la momia del dictador sea inhumada en la cripta de la catedral de la Almudena, única opción que contemplaba la familia Franco, y convertir al templo del centro de Madrid en un santuario para la exaltación del único líder fascista de Europa enterrado en una catedral.

La familia del dictador, liderada por el abogado Luis Felipe Utrera Molina –hijo de un ministro falangista de la dictadura–, procura por todos los medios (piensa seguir recurriendo sentencias) que los restos de Franco continúen vinculados a una Iglesia que, en vida, lo paseaba bajo palio como forma de preservar la "dignidad" del personaje.

Un personaje, no hay que olvidarlo, que lideró un levantamiento militar contra el Gobierno legítimo de la República e inició una guerra civil para instaurar una dictadura en España que, no solo prohibió derechos y libertades hoy afortunadamente recuperados, sino que asesinó sin juicio previo o tras juicios sumarísimos a centenares de miles de españoles inocentes, acusados de haber sido leales a la República, albergar ideales izquierdistas y progresistas o, simplemente, no manifestar con la debida convicción su adhesión inquebrantable al “Movimiento Nacional” que impuso Francisco Franco.

Ahora, pues, España recobra la moral y la normalidad democráticas de situar en su sitio –como hizo Alemania con Hitler, Italia con Mussolini, Argentina con Videla o Chile con Pinochet– a aquellos personajes que protagonizaron las páginas más negras de su historia. Y no es revanchismo, como acusa la ultraderecha, sino ser consecuentes con la veracidad histórica.

DANIEL GUERRERO
  • 24.9.19
Al final, no hubo milagro, ni sensatez ni sentido de Estado. Al final, nos llevan a nuevas elecciones para volver a elegir a los mismos que ayer se comportaron con claro desprecio a los votantes, sin acatar su voluntad ya expresada en las urnas el pasado 28 de abril. Nos obligan a repetir la jugada. Nos obligan ajustar nuestros votos a sus intereses partidarios.



Si el PSOE no puede gobernar en solitario porque no tiene mayoría absoluta ni sabe reunir apoyos para hacerlo en minoría, tendremos que votar otra vez para corregir aquellos resultados. Y el resto de partidos juega a lo mismo, juega con los ciudadanos y su paciencia, para no tener que asumir que, más allá de la posición que sus escaños le conceden, han de priorizar el interés general del país al de sus particulares ambiciones y rencillas.

Con la investidura fallida del candidato de la minoría mayoritaria, el socialista Pedro Sánchez, se han perdido cinco meses, desde abril pasado, en poner vetos y negociar poco por alcanzar algún acuerdo que permita el arranque de la legislatura. Y no lo hubo. Nadie quiso bajarse del burro.

Al final, repetición de elecciones el próximo 10 de noviembre. Enésima campaña electoral (¿de dónde sacarán los partidos el dinero para financiar tantas campañas?), enésima presencia de loros repitiendo eslóganes, enésima confrontación y crispación entre candidatos y enésima tomadura de pelo a los votantes y enésima banalización de la democracia, la cual reducen a una simple papeleta y no a respetar sus resultados electorales.

Y nada de pensar en los retos que, como país, tenemos encima, en los próximos meses: la sentencia del Supremo en el juicio a los políticos catalanes presos que podría provocar tensiones y movilizaciones; las consecuencias para España del Brexit sin acuerdo de Inglaterra, nuestro principal mercado para la exportación de bienes y servicios; los imprescindibles acuerdos que habrán de adoptarse para respaldar nuestras empresas en caso de que continúe la guerra comercial entre Estados Unidos y China; la adopción de alternativas que garanticen nuestro abastecimiento energético en caso de agravamiento del conflicto en los países suministradores del Golfo Pérsico; las medidas necesarias para afrontar la desaceleración de la economía para que no afecte a la creación de empleo ni al bolsillo de los ciudadanos; y otros problemas de idéntica gravedad.

Todo esto, al parecer, puede esperar, puede quedar relegado mientras los partidos, en vez de pensar en resolverlo, se dedican a echarse pulsos entre ellos, culpabilizarse mutuamente y tratar a los electores como menores de edad que no saben votar e insistir en que lo hagamos como a ellos convenga.

Al final, nuevas elecciones. Pero, ¡ojo!, no se equivoquen. No son los ciudadanos los que no saben votar, son sus elegidos los que no saben asumir el veredicto de las urnas. Después, no se quejen de la abstención y de la desafección ciudadana. Y den gracias a Dios de que no se decidan –porque a ustedes no les interesa que sepan usarlo– por el voto en blanco de manera mayoritaria.

A estas alturas de la democracia, y tras cinco años de inestabilidad, sería la mejor respuesta que podrían darles: ninguno sirve ni es digno para representar a los españoes, ni Sánchez, ni Casado, ni Rivera, ni Iglesias ni, mucho menos, Abascal. Como dejó escrito Tirso de Molina, en el siglo XVII, en El burlador de Sevilla: “La desvergüenza en España se ha hecho caballería”.

DANIEL GUERRERO
  • 17.9.19
El presidente de Estados Unidos, el impredecible Donald Trump, se comporta como un elefante en una cacharrería. Se mete en todos los “fregaos” que sus antecesores no pudieron resolver, sin respetar modos, normas ni prácticas habituales en política exterior y relaciones internacionales. Como todo fanático engreído, se cree en posesión de la verdad y con capacidad providencial para lograr cuanto se proponga. Y así le va, de fracaso en fracaso.



El último, un fallido acuerdo con los talibán de Afganistán en unas negociaciones tan insólitas como clandestinas. Su ilusión se acaba de estrellar contra la realidad del enésimo atentado talibán en suelo afgano, en el que murió un soldado norteamericano, que ha obligado a Trump, por decoro, romper abruptamente las negociaciones y suspender en el último momento una reunión en Camp David en la que se iba a firmar un documento por el que las tropas de Estados Unidos abandonarían aquel país, tras cerca de 18 años de lo que es la intervención militar en el extranjero más larga de la historia norteamericana. Trump pensaba que iba a resolverla de un plumazo.

Este nuevo “triunfo” de la Administración “trumpista” se enmarca en una política exterior errática e incoherente que parece obedecer a criterios nihilistas y mediáticos antes que a razones objetivas por resolver conflictos y poner orden en las relaciones entre países, sobre la base de la democracia, los derechos humanos y el respeto mutuo.

Como empresario fullero, Trump, principal impulsor de esta iniciativa, buscaba algún éxito con el que presentarse a la próxima campaña electoral de 2020 en la que persigue su reelección. Pero sin un plan serio ni apoyos regionales, ha vuelto a cosechar un fracaso estrepitoso. ¿Cuál será su próxima ocurrencia?

Ya había demostrado, en otras ocasiones, sus virtudes para avivar avisperos y empeorar los problemas, a pesar de sus promesas electorales de centrarse en los asuntos internos (America first) y no hacer de gendarme del mundo. Pero, contradictoriamente, Trump iniciaría su mandato lanzando la “madre” de todas las bombas convencionales –no atómica– precisamente sobre Afganistán, sin que todavía se conozcan los motivos ni la finalidad de aquella acción, más espectacular que militar, con que inauguraba su cometido como comandante en jefe del Ejército de los Estados Unidos.

Sus críticas a los mandatarios que le antecedieron, en especial a Obama, de no haber sabido “defender” los intereses de Norteamérica e involucrarla en guerras que le eran ajenas y de las que no salía “victoriosa”, se vuelven contra él y su heterodoxa actuación en el exterior. Ahí está, para atestiguarlo, la intervención yankee en Afganistán de la que no sabe cómo salir, sin que parezca una derrota.

También está en “lío” de Siria, donde se pretendía expulsar del poder al “tirano” Bashar al-Assad, aprovechando las revueltas conocidas como “primaveras árabes” (que tumbaron a tres dictadores, pero dejaron en el poder a otros tantos), y se ha acabado apoyando a su Régimen y Ejército en la guerra que libra, desde 2011, contra un batiburrillo de insurgentes y el autollamado Estado islámico.

Estados Unidos justificó su entrada en el conflicto alegando supuestos crímenes del Gobierno sirio por efectuar ataques químicos. Así, la segunda orden militar de Trump, desde que asumió el mando en la Casa Blanca, fue lanzar un ataque con misiles contra instalaciones sirias en las que supuestamente se fabricaba o almacenaba armamento químico, a pesar de que, como sucedió en el Irak de Sadam Hussein, jamás se han encontrado tales armas ni evidencias que impliquen al Gobierno sirio de su tenencia y uso.

Más aún, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, respaldada por la ONU, Médicos Suecos por los Derechos Humanos o el Instituto Tecnológico de Massachusets cuestionan su existencia. De este modo, Siria se ha convertido en el escenario geoestratégico de batallas a múltiples niveles.

En un nivel está Siria contra Al Qaeda. En otro, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, por un lado, y Rusia, Irán y China, por el otro, enfrentados, con la excusa de defender a quien no consultan –al pueblo sirio–, por mantener o ampliar sus respectivas influencias en una región rica en recursos y consolidar sus intereses económicos y políticos. Mientras tanto, Al-Assad sigue en el poder y Trump involucrado en otro conflicto del que no sabe cómo escapar, a pesar de considerarse un genio de las negociaciones.

Una “genialidad” puesta en evidencia con el ridículo de sus intentos por lograr un acuerdo con Corea del Norte que ponga fin a la carrera nuclear y balística de un país con el que formalmente Estados Unidos sigue en estado guerra. Ni sus visitas ni sus contrapartidas han conseguido lo que anteriores mandatarios no pudieron: doblegar al hermético régimen de Pyongyang para que se desarme y deje de constituir una amenaza a los intereses de Occidente.

Tras sendas reuniones inimaginables entre Trump y Kim Jong-un (en junio de 2018 en Singapur y febrero de 2019 en Hanoi), otra vez más mediáticas que diplomáticas, en las que se intercambiaron promesas de “normalización” de las relaciones, Corea del Norte continúa lanzando proyectiles hacia el Mar de Japón, con los que prueba nuevos lanzadores y misiles balísticos, al tiempo que Estados Unidos mantiene las sanciones económicas.

Si, de paso, pretendía alejarla de la “protección” china y la “comprensión” rusa, ha conseguido todo lo contrario. Y un fracaso que sumar a la caótica política exterior del inefable Donald Trump, que soñaba con ponerse la medalla por arrancar la “espinita” que hiere el orgullo de Estados Unidos desde la guerra de Corea. Pero ni sus métodos ni su personalidad incoherente le permiten materializar sus ensoñaciones, salvo la de gobernar, incomprensiblemente, el país más poderoso de la Tierra.

Ensoñaciones como las que lo llevan a intervenir, a su estilo, en el conflicto entre Israel y Palestina, decantándose abierta e incondicionalmente del lado hebreo y en contra de la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU. Con ayuda de su yerno (que para eso está la familia, no el cuerpo de diplomáticos y expertos del Departamento de Estado), propugna un “acuerdo de paz” que, a cambio de inversiones sin concretar, renuncia a la solución de los dos Estados y a la devolución de los territorios palestinos ocupados.

Ello, unido a las decisiones que ha tomado de cortar toda ayuda a la causa palestina, incluidas las humanitarias, y al beneplácito con que ha consentido cuantas acciones ilegales ha cometido Israel (declarar Jerusalén como capital del Estado, derribos de barrios palestinos, disparar contra manifestantes civiles desarmados...), ha envalentonado al extremista gobierno de Benjamín Netanyahu, que actúa sin miramientos en su afán por destruir todo rastro árabe (un 20 por ciento de la población) en el Estado judío, extender la soberanía de Israel más allá de las fronteras establecidas por la ONU y despreciar los derechos que asisten al pueblo palestino.

Ni siquiera con tan formidable apoyo tiene garantizado Netanyahu su reelección como presidente sionista, en unas elecciones que han tenido que repetirse al no poder conformar una mayoría en el Parlamento. Y es que las maniobras de Trump, para forzar una solución del conflicto según convenga a una de las partes, parecen destinadas a cosechar un nuevo y sonoro fracaso.

Pero, no contento con los problemas que ya tiene en la región, Trump se empeña en sacudir el avispero de Irán (país con el que Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas desde hace cuatro décadas) con su retirada unilateral del acuerdo nuclear, alcanzado en 2015 por Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, por el que Teherán se comprometía a reducir el enriquecimiento de uranio y poner su programa nuclear bajo supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica, a cambio del levantamiento de las sanciones económicas internacionales que lastraban su economía.

Aquella decisión de Trump propició la respuesta iraní de retomar su programa nuclear si el resto de firmantes no garantizaba lo convenido. Creía Trump poder doblegar al gobierno de Hassan Rohani y obligarlo a negociar otro acuerdo, con la amenaza de nuevas sanciones e impidiendo la venta de petróleo iraní a terceros países. Pero ni Irán se pliega ni la voluntad europea es decidida, por lo que Teherán advierte con aumentar la producción de uranio enriquecido, combustible que sirve tanto para producir energía eléctrica como la bomba atómica.

Por si fuera poco, Irán endurece el control naviero por el estrecho de Ormuz, por el que circula más del 20 por ciento del petróleo mundial. La zona se ha convertido en un punto de fricción, con cargueros apresados o atacados, que podría desencadenar una guerra. Y todo por el empecinamiento estúpido de Trump de echar un pulso, provocando una crisis que no sabemos cómo acabará, en un asunto que estaba ya en vías de solución. Otro acto fallido de su política exterior estrambótica.

Y es que las iniciativas de Donald Trump son impulsivas, viscerales, impredecibles e incoherentes y, por tanto, peligrosas y hasta contrarias a los propios intereses de Estados Unidos. Solo el populismo radical explica algunas de ellas, con su visión cortoplacista, intransigente y simplista de los problemas, como son el abandono de los acuerdos climáticos del Tratado de París o la ruptura del tratado para la eliminación de misiles de medio y corto alcance (INF), firmado con la Unión Soviética en tiempos de Reagan y Gorbachov, lo que ha desatado una nueva carrera armamentística.

Con sus extravagancias, Trump ha impulsado el destrozo ambiental (ahí está Bolsonaro siguiendo su ejemplo) y la proliferación de armas de gran alcance y devastadora potencia. Todo un “triunfo” de su particular manera de abordar y agravar los asuntos en los que mete mano.

Como en Venezuela. Sus intentos de provocar un golpe de estado, de derrocar como sea al gobierno de Nicolás Maduro y de levantar al país, dividiendo a su población, en contra de sus dirigentes, sólo han conseguido alimentar una enorme crisis nacional –económica, política y social– en aquel país sudamericano, han ocasionado un empobrecimiento general que se ha cebado con los ciudadanos más vulnerables y han generado una avalancha migratoria de las que tanto teme Trump, pero han afianzado en el poder al Gobierno bolivariano, lo contrario de las pretensiones perseguidas.

Ni el reconocimiento a Guaidó como presidente interino, encabezando toda la oposición a Maduro, ni las ayudas prestadas –legal o subrepticiamente– a los movimientos antigubernamentales, con el apoyo explícito de Trump, han conseguido sus propósitos de sustituir un gobierno “hereje”, pero democrático, por otro afín a los intereses de Estados Unidos en la región. Otro fracaso más.

Queda por ver, por abreviar, lo que pasará con la guerra comercial con China, que va subiendo en grados y aranceles que encarecen los precios finales de los productos. Lo grave es que no es una batalla por igualar la balanza comercial entre ambos países, como se aduce con esa invención sistemática de falsedades a que acostumbra el discurso político, sino una guerra por el predominio tecnológico y la capacidad china de convertirse en un actor que disputa la supremacía de Estados Unidos en el mundo.

Trump ve con ojeriza sus avances tecnológicos y espaciales, su capacidad económica para invertir en todo el planeta y su potencial comercial para competir a escala global, pero se enfrenta a semejante reto con las armas pueriles de su matonismo negociador, aunque ello conduzca a una ralentización de la economía, incluida la del propio Estados Unidos.

No cabe duda de que las revueltas de Hong Kong se inscriben en ese enfrentamiento que libran ambos países. También sus amenazas a la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la que tiene bloqueada e impide su función reguladora de las diferencias del mercado, para que cambie las reglas y considere ricas a naciones en desarrollo, como China, que hacen competencia al monopolio mundial norteamericano. Está por ver cómo queda esta guerra con China, pero por los resultados que avalan la conducta de Trump en política exterior, mucho nos tememos que acumulará un nuevo fracaso. Lo que pagaremos todos.

DANIEL GUERRERO
  • 10.9.19
Poca broma con la salud pública. Nada de chistes con la infección por carne mechada contaminada que se ha producido en Andalucía. Más seriedad con un asunto en el que han fallado, por causas diversas, los controles que debían proteger a los consumidores de productos alimenticios ante cualquier manipulación, durante su obtención, elaboración, conservación y distribución, que no se ajuste a las debidas garantías higiénico-sanitarias.



Poca broma, pues, con el primer contagio masivo por listeriosis conocido en España y que ya ha ocasionado tres muertos, siete abortos y más de dos centenares de personas ingresadas en los hospitales tras consumir carne mechada. El asunto es delicado y muy grave.

Porque es incomprensible, aunque pueda explicarse, que de una fábrica, registrada y autorizada para tal fin, salgan productos a la venta para consumo público contaminados con una bacteria que causa una infección en quienes los consuman, sin que ningún control de calidad interno ni ninguna inspección sanitaria, a la que está regularmente obligada, los detecte.

Sin embargo, ha sucedido, y en dos empresas diferentes, evidenciando un cúmulo de irregularidades y negligencias que deberán ser aclaradas, corregidas y, si procede, castigadas con la exigencia de responsabilidades administrativas y penales que correspondan. Porque con la salud pública no se juega, máxime si el “juego” tiene consecuencias luctuosas para los ciudadanos.

Los culpables de esta situación, sea por acción u omisión, han de pagarlo, puesto que no se trata de un accidente o una eventualidad imprevista, sino de una falta de rigor en quienes manipulan carne con fines lucrativos y de los encargados en controlar que tal actividad se realice con todas las garantías pertinentes.

Están en juego la confianza en las instituciones gubernamentales u organismos oficiales de control y la profesionalidad de las empresas y la fiabilidad de los productos que se consumen bajo el marchamo de una presunta calidad y garantía sanitarias. Y tal confianza, que depende de las explicaciones y la gestión de esta crisis, pero también de las medidas que se adopten para evitar que se repita, es, hoy por hoy, ínfima. La actuación de las autoridades deja mucho que desear.

En primer lugar, por no haber detectado a tiempo el problema y evitado el contagio masivo de ciudadanos. Desde que se descubrió que el foco de la infección se hallaba en la empresa cárnica Magrudis, radicada en Sevilla, que comercializa carne mechada con la marca La Mechá, hasta que se incautaron tales productos y, finalmente, se clausuró la empresa, transcurrieron injustificadamente demasiados días que solo sirvieron para que el brote se extendiera entre la población.

Desde mediados de julio, la Junta de Andalucía conocía el pico de casos por listeriosis en los centros de salud pero, hasta el 15 de agosto, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de Andalucía no decretó la alerta sanitaria. Demasiados días para comprobar que el producto en cuestión era el causante del brote infeccioso.

Se fueron tomando decisiones a expensas de los acontecimientos y no con la debida celeridad para anticiparse a ellos y evitarlos. Se produjo, incluso, un cruce de reproches entre administraciones (autonómica y municipal, con competencias compartidas en la inspección sanitaria) que en nada contribuía a tranquilizar a la población y minimizar el problema.

Mientras la cifra de afectados aumentaba, la información ofrecida por las autoridades, pese a la aparente asepsia profesional de los datos médicos, causaba más alarma que tranquilidad. De hecho, el llamamiento, primero, a todas las embarazadas y, posteriormente, a las que solo hubieran comido carne contaminada para someterse a un tratamiento preventivo con antibióticos, no ha ayudado a transmitir confianza sobre su necesidad, por cuanto muchas de ellas temen que la medida perjudique al desarrollo de los fetos.

Y, peor aún, denota que el alcance de la infección no se conoce ni se controla, ya que la circulación de los alimentos contaminados no se paralizó hasta muy tarde y, en todo caso, han ido apareciendo nuevos productos también contaminados que obligan a la Consejería de Salud y Familias a ampliar la alerta sanitaria, el día 23 de agosto, más de un mes más tarde de que apareciera el pico por listeriosis. Y más tarde aún, el 28 de agosto, se extiende la alerta a todos los productos de la empresa Magrudis.

Cuando al fin va remitiendo el número de afectados en los hospitales, después de dejar un reguero de muertos, abortos y más de 200 personas infectadas, un segundo foco de contagio se localiza en otra empresa, gaditana esta vez, que comercializa productos cárnicos con la etiqueta Sabores de Paterna y los distribuye por Cádiz, Huelva, Málaga, Madrid y otras provincias.

Ante este nuevo brote, se afronta la situación con más determinación y celeridad, decretándose una nueva alerta sanitaria el día 6 de septiembre, al poco de detectarse una intoxicación por consumo de carne contaminada. Ello hace que, en la actualidad, ambas empresas estén ya clausuradas e inmovilizada y retirada de la circulación toda su producción.

Pero ambas, también, son muestras evidentes de que algo no ha funcionado bien en el control e inspección sanitarios de los alimentos destinados al consumo humano. Unas irregularidades y unas negligencias que deberán corregirse, depurando responsabilidades, para evitar que vuelvan a darse. Y, derivado de todo lo anterior, unos delitos contra la salud pública que habrán de dirimirse, para que nadie crea que infringir la ley y las ordenanzas sale gratis, con la contundencia ejemplarizante de la Justicia.

Hay que tomárselo en serio porque no es ninguna broma atentar contra la salud de los ciudadanos. Y porque no es de recibo que una empresa mantenga una actividad sin que sea sometida con regularidad y rigor a las inspecciones sanitarias y controles correspondientes.

También, además, para exigir que la actuación de las autoridades competentes y la gestión de toda alarma sanitaria sean mucho más eficaces y celosas de lo que han sido, ya que, en el caso Magrudis, parecían mostrar una “cautela” que priorizaba el interés de la empresa a la salud de los ciudadanos.

Se perdía así, en aras de no perjudicar el buen nombre de un negocio, un tiempo que favoreció la extensión del contagio entre la población, cuando el posible daño a la empresa se compensaría con las indemnizaciones pertinentes, pero las muertes y quebrantos de salud de los ciudadanos no hay modo de restituirlos, mucho menos con dinero.

Ese tiempo perdido –algo más de un mes– en tomar las medidas oportunas –dictar la alerta, inmovilizar los productos y clausurar la empresa– para no perjudicar a una empresa, como ha argumentado algún responsable de la Consejería de Salud, no debiera consentirse ni repetirse. Pero, desgraciadamente, ha pasado en el primer y mayor contagio masivo por listeriosis acaecido en España. Es algo muy grave como para tomárselo a broma.

DANIEL GUERRERO
  • 3.9.19
Arde la Amazonia. En lo que llevamos de año, ha habido cerca de un 90 por ciento más de incendios que el año pasado, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), organismo que, desde 2013, vigila desde satélites la deforestación a la que está sometida la mayor selva tropical del mundo, el “pulmón del planeta” que proporciona el 20 por ciento del oxígeno del aire y, al mismo tiempo, la que más dióxido de carbono (CO2) absorbe, mitigando el efecto invernadero que provoca este gas en la atmósfera, causante del calentamiento global.



Pero, aunque sea normal que en los meses secos (de julio a octubre) se produzcan incendios por causas naturales (rayos, por ejemplo), no lo es tanto que el número de ellos y su intensidad sean este año desproporcionados, hasta el punto de que se hayan registrados ya más de 75.000 incendios. Una cifra, a todas luces, preocupante y sintomática de que “algo” huele a quemado en la Amazonia.

Y no es una licencia literaria porque, por culpa del fuego, desde 2000 a 2017, se ha perdido en Brasil, según Greenpeace, una extensión de selva del tamaño de Alemania, es decir, unos 400.000 kilómetros cuadrados. Se trata de un auténtico crimen medioambiental del que el semanario The Economist señala posibles responsables, entre culpables directos y los que consienten la catástrofe sin hacer nada, al advertir que, desde que Jais Bolsonaro llegó al poder, los árboles desaparecen en Brasil a razón de dos Manhattans por semana. Es evidente que el presidente Bolsonaro no prende los fuegos, pero los facilita y los deja arder sin hacer apenas nada.

Y es que bajo su administración, formada por ultraconservadores y militares, se han tomado iniciativas tendentes a recortar la financiación de la preservación de la naturaleza y la protección del hábitat de las tribus de indígenas que habitan la selva. Reducir tales recursos y desmantelar organismos encargados de la protección medioambiental, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, han tenido como consecuencia una descontrolada y exacerbada deforestación de amplias zonas de la Amazonia y el incremento desmesurado de los incendios, la mayoría de ellos provocados.

Tan masiva es la agresión que, en los últimos 40 años, la Amazonia brasileña ha perdido un 20 por ciento de su masa selvática. Un ritmo de destrucción que Bolsonaro ha acelerado y que, de mantenerse, podría llevar a la desaparición de la selva amazónica en cuestión de pocas décadas.

La nefasta política medioambiental del dirigente ultraconservador brasileño es reflejo de su ideología neoliberal, la cual dogmatiza que los recursos y bienes de un país -y, por ende, del mundo- han de estar supeditados a la actividad mercantil, sin más regulación que la de la oferta y la demanda.

Es la mentalidad actualmente imperante en el planeta y la que hace resurgir los populismos ultranacionalistas de derechas, de los que Bolsonaro es sólo un ejemplo, y no precisamente el más destacado. Dicha mentalidad –lo primero es el negocio– es la que impulsa a algunos agricultores y ganaderos a perforar cientos de pozos ilegales en el entorno de Doñana, espacio natural protegido de España, para beneficio de sus explotaciones agrícolas o ganaderas, pero que ponen en serio peligro las reservas acuíferas y la viabilidad de un parque con humedales de excepcional riqueza y biodiversidad.

O la que mueve a Trump a revocar las regulaciones de la era de Obama, en su lucha contra el cambio climático, sobre los escapes de Metano de las instalaciones petrolíferas y gasísticas, y a revertir las restricciones a la explotación forestal, minera y energética del Bosque Nacional Tongass (Alaska), uno de los más importantes del mundo, permitiendo la construcción de carreteras y oleoductos.

La Amazonia brasileña arde, pues, por un afán desmesurado de explotar sus vastos recursos naturales y ampliar las posibilidades de un negocio que proporciona pingues beneficios a la élite económica y política del país. Así, se talan árboles –o se queman– para ampliar los espacios agrícolas y aumentar las áreas de pastos para el mayor rebaño comercial del mundo (más de 200 millones de bovinos), y potenciar un sector agroindustrial que mueve más de 100.000 millones de dólares en soja, carne y productos agropecuarios, como explica el periodista Heriberto Araújo en un artículo reciente.

Un negocio al que acompañan, como las rémoras a los grandes peces, la especulación lucrativa de la tierra, arrebatándosela a indígenas que apenas tienen contacto con la “civilización” y a humildes campesinos, para hacerse con el control y la propiedad de enormes extensiones de terreno, tan grandes como provincias o comunidades autónomas de España; los madereros clandestinos, los buscadores de oro ilegales y hasta las empresas de obras públicas y privadas que priorizan su cuenta de resultados a la protección del Medio Ambiente.

Para todos ellos, Bolsonaro es el instrumento que, aupado al poder, tolera desde el Gobierno esa catástrofe ambiental para favorecer los intereses mercantiles y económicos de la oligarquía del país. Y sólo ante las presiones de la comunidad internacional y las amenazas de los países que aportan donaciones millonarias, como Alemania y Noruega, para reducir la deforestación de la selva amazónica, es cuando el presidente de Brasil ha decidido enviar al Ejército para apagar los fuegos y ha aceptado, tras rechazarla inicialmente, la ayuda económica que la Unión Europea le ha ofrecido al respecto.

La ecología y el cambio climático son, para estas mentalidades neoliberales, simples argucias de sospechosos izquierdistas que pretenden boicotear la libertad de mercado y el sacrosanto derecho a la iniciativa y propiedad privadas, como si de mandamientos divinos se trataran.

Las advertencias de la ciencia sobre la necesidad de mantener el equilibrio de la biodiversidad y de evitar las emisiones contaminantes que la actividad humana provoca y que contribuyen, como factor determinante, al calentamiento de la atmósfera y el cambio climático, son recibidas por estos detractores de la sostenibilidad como si fueran auténticas “fake news”, mera y falsa propaganda proteccionista que obstaculiza el crecimiento económico y la creación de riqueza (riqueza para algunos, no todos, naturalmente).

Mientras tanto, la selva se destruye como nunca antes en la historia y el bosque amazónico que paliaba, absorbiendo CO2, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, apenas cumple con tal función que beneficia globalmente a la atmósfera del planeta. Los incendios que arrasan la masa forestal se transforman en una fuente de emisión de CO2.

Según un estudio de la Universidad de Lancaster, supusieron en 2014 el 6 por ciento de las emisiones anuales de todo Brasil. Aún no se sabe lo que supondrán este año, cuando Brasil lleva más de 70.000 incendios declarados hasta la fecha. Para los científicos, nos acercamos a un punto en que no será posible preservar las masas verdes del planeta.

Es decir, de seguir con los actuales índices de degradación de la naturaleza, nuestra propia supervivencia, y no sólo la Amazonia, estará en peligro. Por eso es imprescindible señalar a los que queman, hoy, la selva amazónica y cuantos desprecian la lucha por la protección el Medio Ambiente y contra el cambio climático. Nos va el futuro en ello.

DANIEL GUERRERO
  • 27.8.19
Después del fracaso, en julio pasado, de la investidura como presidente de Gobierno del candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, queda un último cartucho, un segundo acto final, para conseguir los votos necesarios –más síes que noes– en un Parlamento fragmentado con los socialistas como primera fuerza política (123 escaños), aunque sin mayoría absoluta, y evitar una nueva convocatoria a elecciones, la quinta en Andalucía en los últimos cuatro años.



No obstante, los condenados a entenderse, PSOE y Unidas Podemos (UP) como representantes de una izquierda que, en su conjunto (incluyendo nacionalistas e independentistas), constituye mayoría en el Congreso, no parecen dispuestos a ello y la amenaza de volver a las urnas, conforme se acerca el último plazo, parece cada vez más inevitable, a pesar de que nadie asegura preferir nuevas elecciones, aunque todos las tengan en cuenta en sus cálculos estratégicos. Lo que niegan con la boca, lo desmienten con sus actitudes y con esa incapacidad de dialogar “en serio” para llegar a un acuerdo que permita la formación de un Gobierno estable por primera vez en un lustro.

No hay que olvidar que llevamos en una situación de interinidad gubernamental desde diciembre de 2015, cuando el PP obtuvo los mismos escaños que hoy tiene el PSOE y Mariano Rajoy no pudo entonces reunir los votos necesarios para conseguir ser refrendado como presidente del Gobierno.

UP y PSOE pugnaron en aquella ocasión por conformar un Gobierno alternativo que fracasó por las mismas razones que actualmente les impide conseguir esa unión de las izquierdas: desconfianzas y ambiciones mutuas por encabezar el liderazgo.

Se tuvieron que repetir las elecciones en junio de 2016, con las que Rajoy logró al fin ser investido por el Congreso de los Diputados tras 10 meses en funciones, gracias a la abstención del PSOE para desbloquear la situación, una decisión que fracturó al partido y supuso la renuncia de Pedro Sánchez a su escaño y a la secretaría general del PSOE.

Aquel Gobierno, el segundo de Rajoy, duró poco y andaba en continuos sobresaltos. Varios de sus ministros fueron reprobados por el Congreso, algunos de ellos hasta en dos ocasiones. La reprobación de un miembro del Ejecutivo era algo insólito, aunque no inédito, en la democracia española.

Rajoy soportó hasta seis reprobaciones que afectaron a cinco de sus ministros. Más tarde dimitía el ministro de Economía para ocupar un nuevo puesto: vicepresidente del Banco Central Europeo. Pero lo peor, lo que tumbó aquel Gobierno en 2018, fue la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel que condenaba al PP como partícipe a título lucrativo en esa trama de corrupción.

Era la primera vez que un partido político era condenado en España, lo que motivó una moción de censura, también la primera con éxito en democracia, aprobada por mayoría absoluta del Parlamento, que aupó al líder socialista, Pedro Sánchez, a la presidencia del Gobierno.

Ocho meses más tarde, Sánchez se vería obligado a convocar nuevas elecciones anticipadas, en abril de 2019, al no poder aprobar los Presupuestos para ese año. Y con ello, volvemos a una posición similar a la inicial: PSOE, con 123 escaños, es incapaz de reunir los apoyos suficientes para investir presidente a su candidato. En Andalucía, además, hubo comicios municipales en mayo de 2019, y adelanto de la autonómica en diciembre de 2018.

Hoy seguimos instalados en la parálisis política y en la inestabilidad gubernamental. La intransigencia de unos y el inmovilismo maximalista de otros bloquean el consenso y la confianza requeridos para cerrar pactos de gobierno. El PSOE de Sánchez se cierra en banda a formar un gobierno de coalición con una formación, UP, que es la cuarta fuerza política del Parlamento y cuyos votos no le otorgan la mayoría suficiente para gobernar.

Los 42 votos de UP son muchos, pero insuficientes, máxime si las derechas, representadas por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), cumplen su previsión de votar en contra de la investidura. Necesitarían, en tal caso, el apoyo de las formaciones nacionalistas e independentistas con asiento en el Congreso para reunir más síes que noes, cosa que en principio están dispuestas a negociar a cambio de determinadas concesiones para sus regiones, la mayoría de ellas en inversiones y transferencias de competencias autonómicas, salvo los catalanes, que exigen diálogo para sus demandas soberanistas.

UP de Pablo Iglesias, por su parte, insiste en participar en un Gobierno de coalición a cambio de su apoyo, y se niega a cualquier otra alternativa que posibilite la formación de un Ejecutivo sin su presencia en el mismo. Inquieto por la espera, elabora un amplio documento programático, que envía al Gobierno en funciones y al partido que lo sustenta, en el que vuelve a condicionar su apoyo a cambio de gestionar tres ministerios y detentar una vicepresidencia.

De ahí no se mueve, mientras Pedro Sánchez rechaza la oferta y da largas a las negociaciones, consumiendo un plazo que finaliza el 23 de septiembre. Pierde el tiempo en reunirse con colectivos y representantes de la sociedad civil, con voz pero sin voto, para pulsar sus demandas y perfilar un programa que se supone negociará con sus potenciales aliados.

Tal desidia para alcanzar acuerdos políticos que conduzcan a la formación de Gobierno, en los que ningún partido se baja del burro y le importa muy poco que el país no esté en condiciones para afrontar los retos que se ciernen sobre nuestras cabezas (amenaza de una nueva recesión económica, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit duro que parece inesquivable, el fenómeno de la migración que afecta a las fronteras de Europa, los problemas de seguridad y defensa que se derivan de las tensiones en Irán, Siria, Ucrania y norte de África, los conflictos territoriales con Cataluña, el problema de la sostenibilidad de las pensiones y, por encima de todo, la creación de empleo estable y dignamente remunerado, entre otros), traslada al electorado un desprecio hacia su opinión, reiteradamente expresada en estos últimos años en las urnas y no tenida en cuenta por sus representantes políticos.

En este último acto de la investidura, que lleva el rumbo de concluir sin acuerdo como en julio, están puestas las esperanzas de los sufridos votantes para que, por fin, un Gobierno comience a ejercer su función sin precariedad temporal y sin cortapisas electorales.

Después de los últimos cuatro meses de parálisis y cerca de un lustro de interinidad, los españoles confían –sin mucho entusiasmo, todo hay que decirlo–, en que los líderes y sus partidos estén a la altura de su responsabilidad y atiendan el mandato popular, es decir, que se pongan a gobernar, sacrificando intereses partidistas y priorizando el bien común. ¿Tan pocos políticos, dignos de tal nombre, tenemos en España?

DANIEL GUERRERO
  • 20.8.19
Alcanzada cierta edad, nos volvemos torpes o imposibilitados para desenvolvernos por nosotros mismos. Nuestros sentidos se abotargan, las articulaciones se atrancan como bisagras oxidadas y el aparato locomotor –huesos y músculos– apenas tiene fuerzas para movernos y está tan fatigado como el ánimo que lo impulsa. Incluso los esfínteres se relajan al menor estornudo y dejan escapar rastros indignos de nuestro deterioro orgánico.



Nos volvemos vulnerables y dependientes de atenciones y cuidados por parte de familiares, en el mejor de los casos, o de entidades dedicadas crematísticamente a ello. Es decir, nos convertimos en una carga para quienes, en verano, podrían correr, volar y nadar sin ataduras ni preocupaciones, disfrutando de vacaciones y asueto sin duda merecidos.

Durante el mes de agosto he podido presenciar en el barrio la estampa de ancianos, apoyados en bastones o del brazo -supongo- del familiar que los acompaña, paseando despacito por la acera. Al cruzarme con ellos, más que sus rostros, miraba al de la persona, casi siempre una mujer, que les ayudaba en su andar lento, impreciso y tal vez molesto, si no doloroso.

Veía un semblante que irradiaba paciencia, comprensión y ternura en quien se presta a servir de apoyo, físico y psíquico, del anciano, hombre o mujer, que aun sintiéndose incapaz no puede resistir el deseo de hacer lo que antes podía por sí solo: pasear, sentir el aire o el calor en su cara y ver a la gente por la calle.

Como si, a pesar de los achaques, rehuyera de permanecer encerrado entre las paredes de unos males que lo confinan a la parálisis, la invalidez o el aislamiento. Y agradeciera la oportunidad de que lo ayudaran a sentirse vivo quejumbroso, pero vivo, aunque supunga una carga para su familia.

No todos los viejos abuelitos tienen la misma suerte. O carecen de familiares sin recursos ni tiempo para dedicarlos al cuidado de sus mayores. O constituyen un obstáculo para la rutina acelerada de una sociedad hedonista y consumista que no puede perder ni un minuto en actividades improductivas.

En tales casos, el abuelo queda a merced de la soledad de su hogar, propio o familiar, o acaba recluido en una residencia o asilo donde pasa las horas frente al televisor y comparte mesa, manías y babas con los demás internos de esas guarderías de la tercera edad. Tampoco son los más desafortunados porque sus familiares procuran ofrecerles una atención compatible a sus necesidades.

Otros, en cambio, son víctimas de la ingratitud y el egoísmo de los que no están dispuestos a sacrificar su ocio vacacional y quedan abandonados en hospitales, sin que nadie se haga cargo de ellos cuando reciben el alta médica.

Enfermos crónicos, dada su avanzada edad, que reingresan cada verano con el pretexto de unas patologías que ya no tienen cura, pero requieren de unos cuidados que sus parientes cercanos, con los que viven, no parecen dispuestos atender mientras disfrutan de vacaciones.

Cada verano son recurrentes estas estampas de un anciano asistido de compañía durante un paseo matutino, departiendo en un banco con los de su generación, acompañando a su familia también en vacaciones, compartiendo reclusión y cuidados en hospicios u olvidados en centros hospitalarios hasta que haya alguien que se haga cargo.

Y cada verano me asalta la amarga presunción de lo triste que es culminar la vida con la sensación de ser un estorbo. Pero que más triste ha de ser no merecer la compasión y el afecto, cuando más se necesita, de tus seres queridos.

DANIEL GUERRERO
  • 13.8.19
Hace unos días se produjo, desgraciadamente, la enésima matanza de ciudadanos inocentes en Estados Unidos a manos de un fanático descerebrado que, ejerciendo un controvertido derecho existente en aquel país a poseer armas de fuego, la emprende a tiros contra cualquiera que considere objetivo potencial de sus manías. Es, por tanto, el autor de tales crímenes el único culpable de unos hechos que horrorizan a personas dentro y fuera de Estados Unidos.



Y es que asesinar por las buenas –o por las malas, da igual– a clientes de un supermercado en la ciudad de El Paso (Texas), disparando contra la multitud con un arma semiautomática que deja un reguero de más de 20 personas muertas y decenas de heridos, es un crimen del que sólo cabe culpabilizar al que empuña el arma.

Como también lo es el autor de otra matanza en Dayton (Ohio), cometida horas después de la de Texas, en la que otro pistolero abrió fuego en el pleno centro de la ciudad contra los viandantes que andaban de copas a la una de la madrugada, provocando la muerte de, al menos, nueve de ellos y causando decenas de heridos, antes de que la policía abatiera al agresor, sólo un minuto después de comenzar la carnicería. Nadie pone en duda que ambos autores son culpables de sus fechorías asesinas. Y que merecen las consecuencias y castigos derivados de sus actos.

Pero más allá de la autoría material de los hechos, existen responsabilidades morales y políticas en quienes no impiden o, cuando menos, no dificultan que esos comportamientos criminales puedan manifestarse tan fácilmente. Porque un país, en el que comprar un rifle o una pistola es algo tan “normal” como adquirir chucherías en un quiosco, no puede limitarse a condenar sólo al que aprieta el gatillo en los crímenes que se cometen con tales armas de fuego.

Los gobernantes de ese país deberían dejar de escudarse en una mal entendida libertad para regular con el máximo rigor y mayor restricción la adquisición y tenencia de armas letales por parte de cualquier ciudadano, al que le mueve sólo el capricho de poseer un arma de fuego. Ya no se debe aguardar, si no se quiere ser cómplice involuntario, a que se cometa otra matanza de inocentes para abordar con seriedad un problema que sectores de la sociedad estadounidense y representantes políticos son reacios a reconocer y solucionar.

¿Cuántos muertos más hacen falta para admitir que la “libertad” de portar armas causa más estragos mortales entre la población que su prohibición o severa limitación? ¿De verdad sería más insegura la sociedad si careciera de “libertad” a portar armas de fuego? ¿Cuántos inocentes deberán pagar con su vida por una norma legal que ha demostrado su ineficacia para cumplir con su objetivo –la defensa personal– y constituye un peligro creciente para la seguridad del conjunto de la población?

Existen, pues, responsabilidades políticas por parte de aquellas autoridades que paralizan iniciativas tendentes a impedir la venta de armas de fuego a particulares, desoyendo los llantos y el clamor de las familias de las víctimas.

Porque por mucho poder e influencia que tenga la Asociación Nacional del Rifle (NRA en sus siglas inglesas y cuyo rostro fue Charlton Heston) y por mucha capacidad que tenga para ejercer de “lobby” de la industria de armas ligeras ante Congresistas y Senadores, es hora ya de exigir públicas responsabilidades a quienes banalizan la posesión de armas de fuego y hacen apología de las balas como instrumento de una supuesta libertad.

Libertad para matar sin que ninguna ley disuada ni obstaculice la facilidad para cometer asesinatos. ¿Qué impedimento existe para que el poder político regule este aspecto que erosiona la convivencia pacífica de la sociedad, como corresponde a su función? ¿Qué intereses tan formidables impiden una regulación legal más severa en el control de las armas de fuego?

¿Acaso la inmigración provoca más muertes que esa “libertad” de ir armado como para priorizar las leyes contra los flujos migratorios en vez de contra la adquisición y tenencia de armas? Hay, por todo ello, responsabilidades políticas por la desidia ante una lacra mortal que no se extirpa de la sociedad de Estados Unidos.

Pero también existen responsabilidades morales. Hay responsabilidades por avivar el odio y el rechazo a las minorías, especialmente la hispana, entre la población predominantemente blanca del país, por parte de sus máximos dirigentes. No son culpables de matar a nadie, pero sí de propiciar el ambiente de exclusión y hasta de miedo al diferente y de azuzar emocionalmente comportamientos xenófobos y hasta racistas en una población que no puede evitar ser plural y diversa, como es la estadounidense.

Y uno de los que debe asumir su responsabilidad moral y política es el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien no ha dejado de sembrar vientos en su campaña electoral y durante su mandato contra los inmigrantes, obsesionado en construir muros fronterizos y criminalizando continuamente al migrante, por lo que ahora recoge las tempestades que desatan sus mensajes supremacistas y sus iniciativas restrictivas de la inmigración por motivos raciales y religiosos.

Trump debe responsabilizarse –moral y políticamente–, al alentar el resentimiento racial, de los actos de violencia racista que han acontecido bajo su mandato, desde el de Charlosttesville (Virginia), donde la ultraderecha dejó un muerto durante un enfrentamiento con grupos antiracistas y del que culpó a ambos bandos, hasta los últimos del pasado fin de semana, uno de los cuales fue el mayor crimen racista contra hispanos en la historia reciente de Estados Unidos. Donald Trump es responsable por acción y omisión.

Por acción, al estar continuamente criminalizando al inmigrante y acusándolo de querer entrar en Estados Unidos para robar y violar, convirtiéndolo en el único culpable de todos los males que aquejan a esa sociedad. Ha sembrado odios y miedos infundados por motivos raciales y religiosos, sin más datos que confirmen sus denuncias del rechazo al inmigrante, sobre todo hispano, que su palabra y su convencimiento, como si fueran verdades reveladas.

Y lo hace cínicamente movido por la rentabilidad electoral que le proporciona blandir un supremacismo blanco y “autóctono” en una sociedad que recela de la multiculturalidad y de una globalización que obliga a competir y perder privilegios comerciales y económicos. Trump, aunque parezca lo contrario, no es tonto, pero es inmoral e indecente, hasta el punto de tener posibilidad de ser reelegido con los votos de aquella “américa profunda”, machista y racista, que teme perder su antiguo modo de vida.

Trump se ha dedicado toda la vida a agitar el miedo al inmigrante, acusándolo de ir a Estados Unidos a abusar de las ayudas sociales, quitar puestos de trabajo y aumentar la criminalidad, porque le depara votos, sin importarle que ello despertara el racismo latente y la xenofobia en una sociedad que hasta hace relativamente poco mantenía políticas de discriminación racial sobre la minoría negra de la población.

Pero también lo es por omisión, por no promover un mayor control sobre las armas de fuego en un país en el que, según un estudio del Servicio de Investigación del Congreso, de 2012, con una población de 321 millones de habitantes, posee 310 millones de armas, supuestamente para defenderse en nombre de la libertad.

Una “defensa” que, en la mayoría de los casos, se hace contra civiles desarmados e inocentes. Y en nombre de una “libertad” que ocasiona una media de 40 muertos al día, según datos de la organización Gun Violence Archive. ¿Y qué hace Trump ente este problema? No hace nada, salvo aventar el racismo, la intransigencia y el miedo entre la población.

Es verdad que la violencia por armas de fuego es crónica en Estados Unidos y no hay que endosársela al actual presidente. Viene de antiguo y obedece a circunstancias históricas que la explican, pero no la justifican. La tenencia y uso de armas está amparado por la Constitución estadounidense. Y cualquier cambio que restringa esa “libertad” es considerado una injerencia o intervencionismo del Gobierno.

Los republicanos y, por supuesto, Donald Trump defienden la consagración de esa “libertad” constitucional, según ellos necesaria para la defensa de cualquier persona. Pero, al menos, podría regularse para evitar que depare más perjuicios –mortales– que beneficios, más inseguridad que seguridad.

Es lo que procuró hacer su antecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, quien a pesar de intentar endurecer el control de las armas de fuego, no pudo evitar que sus iniciativas fueran rechazadas por el Congreso y que todos los años de su mandato se vieran salpicados por alguna masacre con víctimas por disparos de armas en poder de particulares.

El único cambio significativo se produjo en 2007, cuando se prohibió la venta de armas a personas con trastornos mentales y antecedentes penales. Fue la mayor restricción jamás impulsada en Estados Unidos sobre la “libertad” de tener armas. Pero Trump ni eso.

Obligado por las circunstancias, Donald Trump condena ahora, por primera vez, “el racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco” que han motivado la matanza de El Paso, una ciudad fronteriza con casi un 85 por ciento de población hispana. Y acude a esa ciudad a expiar su responsabilidad política y moral en un atentado de odio que el autor material del mismo ha confesado que responde “a la invasión hispana de Texas”.

Resulta un sarcasmo que el propio Trump, quien ha inoculado hasta la saciedad el miedo a la invasión para referirse a la inmigración hispana en todos sus mítines y declaraciones públicas, vaya ahora a esa ciudad a condenar el racismo y la intolerancia que él mismo promueve en la sociedad.

Y que no hace nada para atajar su manifestación más violenta, los asesinatos de inocentes, regulando un control más estricto de las armas de fuego. Así es la hipocresía del cínico que habita la Casa Blanca. Siembra vientos de odio, pero esquiva recoger las tempestades de violencia racista. Y, así, hasta la siguiente matanza.

DANIEL GUERRERO

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