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  • 23.7.19
La Agenda 2030 ofrece importantes oportunidades de negocio para los autónomos y las empresas. Y es que es posible contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sin renunciar a acceder a nuevos mercados, manteniendo además los clientes y beneficiarse de las ventajas que proporciona esta hoja de ruta para Andalucía y España.



Contribuir a los ODS permite a cualquier autónomo o empresa acceder a nuevos segmentos de mercado que son claves en la economía, como las nuevas tecnologías, la economía circular, los negocios inclusivos, las energías renovables o la economía ecológica.

Las grandes empresas españolas y extranjeras que operan en España invierten cada vez más en sostenibilidad, toda vez que evalúan y exigen estas cuestiones a sus empresas proveedoras. Según un análisis de la Red Española del Pacto Mundial, el 66 por ciento de las empresas del IBEX 35 ya evalúan a sus proveedores bajo criterios sociales; un 71 por ciento en criterios ambientales y el 80 por ciento de las empresas del IBEX 35 ya realizan acciones para contribuir a los ODS. De este modo, las pymes que propicien la Agenda 2030 verán incrementadas sus oportunidades para cerrar acuerdos con grandes empresas y mantener los negocios que ya tienen con ellas.

También el consumo responsable es una tendencia al alza. El 64 por ciento de los consumidores españoles ya tiene en cuenta en sus compras casi siempre o a veces la sostenibilidad, es decir, los posibles impactos sociales o ambientales negativos de los productos y servicios que adquiere o contrata. Una pyme o los autónomos con productos y servicios dirigidos directamente al consumidor pueden, a través de la Agenda 2030, incrementar la confianza en su marca y aumentar las ventas.

La Agenda 2030 ofrece a autónomos y empresas aumentar la base de clientes, innovando en sus productos y servicios para que sean ambientales y socialmente responsables. Y con la creación de nuevos servicios orientados a nuevos segmentos, como las generaciones más jóvenes, la sostenibilidad podrá ir ligada a la reputación de la marca.

El acceso a un mayor número de subvenciones o contratos con la Administración pública es otro de los beneficios que pueden encontrar los autónomos o las pymes en la Agenda 2030. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en España incluye aspectos medioambientales o sociales como criterios para la adjudicación de contratos a las empresas con la Administración pública.

Algunos de estos aspectos contemplan medidas para reducir el nivel de emisión de gases de efecto invernadero; medidas de ahorro y eficiencia energética; la implantación de un plan de igualdad de género o la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social durante la prestación contractual.

En los próximos años se producirá un aumento de estrategias y normativas en materia de sostenibilidad, lo que se traducirá en mercados que consideren cada vez más las actuaciones ambientales o sociales de los autónomos y las empresas.

En este sentido, la futura Estrategia de Desarrollo Sostenible, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos o el nuevo Plan de Acción de la Unión Europea sobre Finanzas Sostenibles, son solo algunos ejemplos de nuevas políticas que marcarán el camino a seguir.

Por último, no hay que olvidar que la Agenda 2030 pretende crear un planeta que sea sostenible a largo plazo para las generaciones futuras y, por tanto, que garantice el cuidado del medio ambiente, la economía y las personas.

Si no se actúa de forma urgente, problemas como el cambio climático, el respeto a los derechos humanos o el agotamiento de los recursos naturales pueden deteriorar de forma sería el crecimiento económico y, por tanto, también el buen funcionamiento de los mercados y las empresas. Sin un planeta sostenible no habrá progreso y sin progreso tampoco habrá mercados estables en los cuales puedan operar los autónomos y las pymes de forma segura.



Estas son algunas de las tendencias que serán importantes para la localización de los ODS y la aplicación de los mismos en el ámbito corporativo.

a) Salud de empleados: se deben implementar medidas que incidan en la salud y el bienestar de los empleados pues pueden ayudar a aumentar su motivación y su compromiso con la organización y, por tanto, también su productividad. Medidas de conciliación y flexibilidad del trabajo, los programas de nutrición o de actividad física o disminuir los riesgos de accidentes laborales son solo algunas de las medidas que los autónomos o las pymes pueden llevar a cabo.

b) Energías renovables: la Unión Europea pretende que, en 2030, el 32 por ciento de la energía consumida en todo el territorio comunitario, sea de origen renovable. Los autónomos o las pymes pueden empezar a consumir un mayor porcentaje de energías renovables en sus actividades, generando una imagen de marca sostenible o innovar con nuevos productos y servicios que utilicen o ayuden a impulsar el uso de energías renovables para adaptarse al futuro del mercado.

c) Digitalización: Internet y las redes sociales son claves para el futuro de los mercados. El 63 por ciento de los españoles han realizado compras online desde el móvil en 2018 y, además, en la era digital los consumidores se dejan guiar por las opiniones de otros usuarios. Así, el 67 por ciento de los consumidores españoles se basa en las recomendaciones en redes sociales de otros usuarios en Internet a la hora de comprar. Los autónomos o las pymes han de aprovechar esta tendencia para lanzarse al mundo digital y aprovechar al máximo esta nueva forma de hacer negocios.

d) Reutilización y reciclaje: la reutilización y el reciclaje de recursos y productos es una tendencia al alza. En España ya se recicla el 77,1 por ciento de los envases de plástico, latas y briks y los envases de papel y cartón. Los autónomos o las pymes pueden impulsar la reutilización y el reciclaje de materiales como papel, plásticos o envases a nivel interno para ahorrar recursos y, también, para crear productos y servicios basados en materiales reutilizados y reciclados que satisfagan a los consumidores que buscan productos más sostenibles.

e) Transparencia: cada vez se reconoce más el valor de la divulgación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas y de los autónomos. No en vano, la transparencia se está convirtiendo rápidamente en un nuevo paradigma para hacer negocios. De las 250 compañías más grandes del mundo, más del 90 por ciento de ellas informan sobre su desempeño en sostenibilidad y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha pasado de 44 empresas adheridas en el año 2000, a más de 9.900 en 145 países. Esta iniciativa requiere que las empresas adheridas elaboren un informe de progreso o memoria de sostenibilidad anual en la que recojan sus avances en la implantación de los 10 Principios del Pacto Mundial y en las contribuciones hacia los ODS.

Estamos, pues, en el momento de iniciar un trabajo que posibilite a los autónomos y pymes de España su participación efectiva en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 16.7.19
La Agenda 2030 ofrece importantes oportunidades de negocio para los empresarios, los autónomos y las empresas, que son la base del tejido productivo de los territorios. Para ello, es necesario comprender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): lo que significan en términos prácticos para las acciones que la empresa realiza día a día y de sus políticas de relaciones. Es necesario, pues, que el tejido productivo asuma esta iniciativa y esto solo será posible con la formación de los gestores y ejecutivos y mediante la difusión de informaciones y conocimientos útiles para el sector empresarial.



Los ODS son una hoja de ruta para las acciones de las personas por las personas, para fomentar la paz, la prosperidad y las alianzas. Por ello, la participación del tejido empresarial de un territorio es fundamental para poder implementar la Agenda 2030, considerando que muchos de los ODS –el 5, el 8, el 11 y el 17– se relacionan de forma directa con actividades económicas y empresariales.

En términos prácticos, hay una serie de acciones que pueden ser realizadas por los miembros del tejido productivo de los territorios en el marco de la Agenda 2030. Con todo, cada país debe adaptar la manera de alcanzar los ODS a su realidad, incluso dentro del propio país, es decir, adaptar la Agenda 2030 a las necesidades de los territorios donde se ejecuta la localización de los ODS, para poder considerar la realidad local de cada territorio.

Contribuir a alcanzar los ODS permite a los autónomos y a empresas de todos los tamaños que puedan acceder a nuevos segmentos de mercado que serán claves en la economía del futuro, como las nuevas tecnologías, la economía circular, los negocios inclusivos, las energías renovables o la economía ecológica.

En los próximos años se producirá un aumento de estrategias y normativas en materia de sostenibilidad, lo que se traducirá en mercados que consideren cada vez más las actuaciones ambientales o sociales de los autónomos y las empresas.

En este sentido, la futura Estrategia de Desarrollo Sostenible, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos o el nuevo Plan de Acción de la Unión Europea sobre Finanzas Sostenibles son solo algunos ejemplos de nuevas políticas que marcarán el camino que se debe seguir en el caso de España.

Según una investigación reciente, las grandes empresas españolas y extranjeras en España invierten cada vez más en sostenibilidad y evalúan y exigen estas cuestiones a sus empresas proveedoras. Según un análisis de la Red Española del Pacto Mundial, el 66 por ciento de las empresas del IBEX 35 ya evalúan a sus proveedores bajo criterios sociales, un 71 por ciento en criterios ambientales y el 80 por ciento de las empresas del IBEX 35 ya realizan acciones para contribuir a los ODS.

Los autónomos y las pymes que contribuyan a la Agenda 2030 verán, por tanto, posibilidades de incrementar sus oportunidades para cerrar acuerdos con otras empresas y, también,  mantener los negocios que ya tienen con ellas. Y es que surgirán y surgen a cada día nuevos modelos de negocio basados en la sostenibilidad, la innovación y la tecnología.

Por otro lado, el consumo responsable es una tendencia al alza. El 64 por ciento de los consumidores españoles ya tiene en cuenta en sus compras, casi siempre o a veces, la sostenibilidad, es decir, los posibles impactos sociales o ambientales negativos de los productos y servicios que compra. Una pyme o un empresario autónomo, con productos y servicios dirigidos directamente al consumidor puede, a través de la Agenda 2030, incrementar la confianza en su marca y aumentar las ventas.

La Agenda 2030 ofrece al tejido empresarial de los territorios la posibilidad de aumentar la base de clientes, innovando en sus productos y servicios para que sean ambiental y socialmente responsables y con la creación de nuevos servicios orientados a nuevos segmentos, como las generaciones más jóvenes, para los que la sostenibilidad va ligada a la reputación de la marca.

En el caso de las comunidades autónomas, sea para la obtención de subvenciones de la Unión Europea (como los fondos Feder) como recursos nacionales, el acceso a un mayor número de subvenciones o contratos con la Administración pública es otro de los beneficios que pueden encontrar los autónomos o las pymes en la Agenda 2030.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público incluye aspectos medioambientales o sociales como criterios para la adjudicación de contratos a las empresas con la Administración pública. Algunos de estos aspectos son: medidas para reducir el nivel de emisión de gases de efecto invernadero; medidas de ahorro y eficiencia energética; la implantación de un plan de igualdad de género o la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual.

La tendencia es que la Administración pública adopte criterios para la obtención de subvenciones que aumenten las exigencias relacionadas a los principios y metas de los ODS; de la misma forma que lo hará seguramente el sector bancario para la obtención de créditos para autónomos y empresas.



En el caso de la salud de empleados, es necesario implementar medidas que incidan en la salud y en el bienestar de los empleados, lo que puede suponer aumentar su motivación y su compromiso con la organización y, por tanto, también su productividad. Medidas de conciliación y flexibilidad del trabajo, los programas de nutrición o de actividad física o disminuir los riesgos de accidentes laborales son solo algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo.

Tratándose de las energías renovables, la Unión Europea pretende que en 2030, el 32 por ciento de la energía consumida en todo el continente, sea de origen renovable. Los autónomos o las pymes pueden empezar a consumir un mayor porcentaje de energías renovables en sus actividades, generando una imagen de marca sostenible o innovar con nuevos productos y servicios que utilicen o ayuden a impulsar el uso de energías renovables, para adaptarse así al futuro del mercado.

Por otro lado, la digitalización es fundamental para la localización de los ODS y, por ello, Internet y las redes sociales son claves para el futuro de los mercados. El 63 por ciento de los españoles han realizado compras online desde el móvil en 2018 y, además, en la era digital, los consumidores se dejan guiar por las opiniones de otros usuarios.

Así, el 67 por ciento de los consumidores españoles se basa en las recomendaciones en redes sociales de otros usuarios en Internet a la hora de comprar. Cualquier autónomo o las pymes han de aprovechar esta tendencia para lanzarse al mundo digital y aprovechar al máximo esta nueva forma de hacer negocios.

Por último, no hay que olvidar que la Agenda 2030 pretende crear un planeta que sea sostenible a largo plazo para las generaciones futuras y, por tanto, que garantice el cuidado del medio ambiente, la economía y las personas.

Si no se actúa de forma urgente, problemas como el cambio climático, el respeto a los derechos humanos o el agotamiento de los recursos naturales pueden deteriorar de forma seria el crecimiento económico y, por tanto, también el buen funcionamiento de los mercados y las empresas. Sin un planeta sostenible no habrá progreso y, sin progreso, tampoco habrá mercados estables en los cuales puedan operar los autónomos y las pymes de forma segura.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 9.7.19
El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos con buenas condiciones laborales Y justamente remunerados.



Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos, y además, ayuda a lograr que se rebajen costes económicos, ambientales y sociales que aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 es uno de los más transversales de la Agenda 2030 y, también, uno de los más importantes para los países más desarrollados, ya que persigue una transición de los modelos económicos, productivos y de consumo hacia la sostenibilidad.

El objetivo del consumo y de la producción sostenible es hacer más y mejores cosas con menos recursos. Se trata de generar ganancias netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida.

Este ODS promueve la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, busca reducir la generación de residuos y el desperdicio de alimentos, y fomentar la gestión ecológicamente racional de los productos químicos. Asimismo, aspira a estimular la implementación de prácticas sostenibles en empresas y el acceso universal a información sobre estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Se necesita, además, adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes, desde el productor hasta el consumidor final para poder alcanzar el Objetivo. Consiste, pues, en sensibilizar a los consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándole información adecuada.

Algunos datos nos muestran la necesidad de tomar actitudes de cambio de hábitos de vida para poder preservar el planeta. Estos cambios deben ser parte de un programa permanente de sensibilización para la implementación de los ODS en cada uno de los barrios, de los pueblos, de las ciudades o megaciudades, y de herramientas, tanto físicas como financieras, por parte de las autoridades nacionales, autonómicas y locales para que los ciudadanos puedan avanzar en la implementación de la Agenda 2030.

Por ejemplo, el uso excesivo de agua contribuye a su escasez a nivel mundial, a pesar de que el agua nos la regala la propia naturaleza, aunque no es infinita. Por otro lado, la infraestructura necesaria para gestionarla es cara.

Los agricultores saben que los impactos ambientales más graves en los alimentos se producen en la fase de producción (cultivo y procesamiento de los alimentos) y, por otro lado, sabemos que los hogares influyen en estos impactos a través de sus hábitos y elecciones dietéticas. Esto, en consecuencia, afecta al medio ambiente a través del consumo de energía relacionada con los alimentos y residuos. Así de simple, pero pocos ciudadanos se paran a pensar en este hábito.

Una cifra preocupante para el sector agrícola y para la reducción de la pobreza es que cada año se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, equivalentes a 1.300 millones de toneladas por valor de 1.000 millones de dólares,termina pudriéndose en los contenedores de los consumidores y minoristas, o se estropea debido a las malas prácticas de transporte o de cosecha.

Y más grave es que, de continuar con los mismos hábitos de producción y consumo, la degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el uso insosntenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio marino estarán disminuyendo la capacidad de la base de los recursos naturales para suministrar alimentos.

Los agricultores han ido tomando conciencia, a lo largo de los últimos años, de que deben ser protagonistas del cambio hacia la sostenibilidad y que esta senda dirigida ahora por la Agenda 2030 lleva implícitas nuevas oportunidades que deben ser aprovechadas para el desarrollo de actividad económica y de generación de empleo en el sector rural, en toda la cadena productiva.

Otro de los actores fundamentales en la consecución del ODS 12 son los consumidores, los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás. Los datos del Panel de Cuantificación del Desperdicio Alimentario en los hogares españoles indican que en los hogares se desperdician 1.229, 5 millones de kilos al año, lo cual supone una media de 23,6 millones de kilos a la semana: el 4,3 por ciento de lo comprado.

De estos alimentos desperdiciados, un 87,5 por ciento fueron productos sin elaborar que se arrojaron al cubo de la basura tal como se compraron, y el 12,5 por ciento se corresponde con recetas cocinadas por el propio hogar, sobras desechadas directamente desde el plato o después de un tiempo guardadas en la nevera.

Estas cifras indican una reducción del 4 por ciento del volumen de desperdicio en relación con los primeros datos recogidos en 2015, lo cual es prometedor, pero hay que seguir trabajando para alcanzar los objetivos del ODS 12. Además, estos datos hacen fundamental proporcionar información al consumidor para que, con sus decisiones, favorezca los cambios en los sectores productivos.

Supone un reto importante introducir en los currículos educativos todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad y las formas de producción y consumo sostenible. En este campo es importante introducir estos aspectos también en la formación profesional y en la formación continua de los trabajadores y de los autónomos en España, que son la base del capital social de la economía de este país.

En el ámbito municipal, el reto es también avanzar y mejorar la gestión de estos residuos, integrando estas políticas y medidas en las estrategias de economía circular, lo que obliga a los nuevos alcaldes y presidentes de Comunidades a actualizar e innovar en la gestión de las ciudades, teniendo como hoja de ruta la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible.

Entre las metas del ODS 12 que afectan de forma directa al trabajo en las zonas rurales de Andalucía, España y de todo el mundo, podemos considerar muy importantes y fundamentales para trabajar por ellos los que abordan temas o propuestas de metas con una fecha concreta para ser cumplidos. Por eso se llaman "metas":

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales y reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización y asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Esta meta deja de manifiesto de forma clara la relación entre los productos locales, que son la base del desarrollo local de los municipios rurales y la agricultura, con la consecuente creación de empleos, sean autónomos o contratados por empresas del sector rural, que es el motor de la economía de muchas regiones en España, como Andalucía y Extremadura, por citar solo dos ejemplos.

Por ello es fundamental la divulgación para lograr un turismo sostenible que promueva los productos locales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la política de poblamiento y transición ecológica para una economía sostenible y circular.

El sector rural de Andalucía y de España es la base del sistema productivo y de la mayoría de los municipios de este país. Es necesario que la Agenda 2030 llegue de la mano de los actores territoriales para mejorar la sostenibilidad de los productos y de los servicios, además de mantener y generar nuevos empleos dignos y de calidad, a la par que sostenibles, que incorporen a los jóvenes y a las mujeres en las actividades económicas locales

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas y los indicadores, son una hoja de ruta y un camino en el que podemos trabajar, de forma transparente y participativa, las necesidades de las personas, de los ciudadanos y luchar para la implementación de políticas públicas, subvenciones y ayudas para la Localización de la Agenda 2030.

Los ODS representan una agenda positiva y activa en muchos países en el mundo y, en el caso de España, lo son cada día más en todos los niveles de gobierno y en diferentes sectores de la gobernanza. Además, en Europa lo será en los próximos dos años de forma más acentuada, gracias a la designación del nuevo Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, un profundo defensor de la Agenda 2030.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 2.7.19
Los parlamentos en las democracias modernas representan la caja de resonancia de la ciudadanía: es el voto en lo local que transforma a un candidato en parlamentario. Sean parlamentarios locales, provinciales, autonómicos, nacionales o comunitarios, responden a la misma lógica: los ciudadanos que eligen estos representantes son los vecinos, en los barrios, en las ciudades.



Las ciudades son las células vivas de la humanidad en términos de hábitat y sociabilidad, que precisan incorporar en sus políticas públicas soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y este papel es reconocido de forma expresa en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, que cuida específicamente de ciudades, sean grandes urbes o pequeñas y medias ciudades, o bien pueblos o asentamientos.

Asociaciones internacionales como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG) trabajan de forma activa en todos los continentes para preservar los intereses de las ciudades en las negociaciones internacionales, pero ya con la convicción que es la voz de las ciudades que hará los cambios que sean necesarios para poder cambiar los paradigmas e implementar la Agenda 2030 en lo local.

Para poder localizar los ODS es necesario que todos los poderes, en el marco de sus competencias, incorporen los mismos en sus políticas y programas y, en especial, que proporcionen los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de programas en armonía con la Agenda 2030. También la fiscalización sobre la aplicación de los recursos presupuestarios es fundamental para el proceso de monitorización del cumplimiento de las metas y la transparencia.

Por desgracia, pocos parlamentarios tienen el convencimiento de que la consecución de los ODS depende, más que nunca, de la capacidad de los gobiernos locales y regionales de fomentar un desarrollo territorial integrado, integrador y sostenible y es fundamental que pasen a considerar que todos los niveles de gobierno deben trabajar para alcanzar un consenso nacional que sitúe los ODS como elemento fundamental del desarrollo nacional, regional y local y monitorizar que su aplicación responda a las necesidades y prioridades locales y regionales y debe ser coherente con las estrategias nacionales y complementarlas.

Considero que los ODS y sus metas nos proporcionan una nueva oportunidad para reforzar los programas de descentralización de muchos países y promover nuevas formas innovadoras de gobernanza cooperativa (multinivel y multilateral) para poder empoderar a las autoridades locales para mejorar la gobernanza e incrementar el impacto en el desarrollo y aprovechar esta oportunidad para alentar a que la asociación estratégica birregional UE-CELAC que promueve el desarrollo de marcos legales e institucionales adecuados que garanticen una gobernanza multinivel eficaz y eficiente.

Los gobiernos locales, regionales y sus asociaciones deben aprovechar el compromiso internacional para localizar la Agenda 2030 y reclamar reformas que los doten de competencias claras y creen entornos propicios para garantizar un desarrollo local y regional eficaz.

Para ello es necesario que los parlamentarios apoyen firmemente la promoción de la apropiación local de las estrategias nacionales con el fin de reforzar el sentido de propiedad de los gobiernos locales y regionales sobre los ODS y, de este modo, fomentar su participación en el procedimiento de aplicación.

Por otro lado es importante destacar la creación de asociaciones multilaterales sólidas e integradoras, tanto formales como informales, que garanticen la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los autónomos, el sector privado, el mundo académico y considerar que estos mecanismos deben ser accesibles para todos los sectores de la sociedad, equilibrados, de forma que ningún grupo predomine sobre los demás y sean transparentes.

Es importante señalar que los gobiernos locales y regionales deben ser capaces de establecer asociaciones directas con las agencias internacionales y nacionales, y también con otros socios, como organizaciones filantrópicas, organizaciones no gubernamentales y el sector privado y hacer un esfuerzo especial para adaptar los planes locales y regionales a los principios de eficacia de la cooperación para el desarrollo con la advertencia de que esto implica trascender el planteamiento de "ayuda" y crear nuevas asociaciones para el desarrollo, considerando que la cooperación oficial para el desarrollo debe basarse en la cooperación descentralizada, a través de una amplia gama de esquemas de intervención, por ejemplo, cooperación norte-sur, sur-sur y triangular.

Los socios de la cooperación para el desarrollo, como existen en Andalucía y España en general pueden contribuir a la aplicación de los ODS, respaldando las reformas nacionales dirigidas a la descentralización política y presupuestaria, y proporcionando recursos, conocimientos, experiencia, tecnología e innovación para reforzar las capacidades institucionales y operativas de los gobiernos locales y regionales, en especial de África y de América Latina.

El aprendizaje entre iguales, el intercambio de mejores prácticas y el trabajo en equipo pueden ser medios eficaces para mejorar la prestación de servicios, modificar los métodos de trabajo y fomentar el aprendizaje basado en la resolución de problemas, considerando que, para los gobiernos locales y regionales que presenten un perfil similar, el aprendizaje entre iguales constituye un mecanismo de estímulo mutuo y de mejora del proceso de toma y de ejecución de decisiones políticas y técnicas.

También es primordial que en la definición de planes locales o regionales sobre ODS, o de planes alineados con ellos, se incluya un conjunto de indicadores vinculados a los de la Agenda 2030 y adaptados a las necesidades y al contexto de cada territorio y considerar de forma inminente, que los gobiernos locales y regionales definan estos indicadores según su capacidad de recogida de datos, incluidos sus recursos humanos y medios tecnológicos, fomentando, mediante la cooperación y la asistencia técnica, la eliminación de las diferencias en la disponibilidad de datos y la ampliación de la capacidad de recogida y tratamientos de datos, estimando que las metas que se definan deben hacerse operativas con plazos claros.

Es fundamental que los parlamentos regionales de América Latina y Europa asuman un papel destacado a la hora de impulsar la transformación del marco mundial en programas específicos a nivel regional y local, adoptando legislación y presupuestos, garantizando la rendición de cuentas respecto del cumplimiento efectivo de los compromisos de la Agenda 2030 y fomentando el desarrollo de vínculos entre los Parlamentos nacionales, regionales (como nivel intermedio de gobierno) y locales, poniendo de relieve el importante papel que han de desempeñar en el establecimiento de marcos normativos que contribuyan a la localización de los ODS.

Para ello ya propusimos en 2015, en el ámbito del parlamento del Mercosur, durante la Presidencia del senador del Brasil, Roberto Requiao y volvemos en los finales del segundo decenio del siglo XXI, la necesidad de la creación de una red interparlamentaria para la aplicación multinivel de los ODS desde donde se puedan elaborar propuestas de armonización normativa e iniciativas parlamentarias de políticas, planes, programas y proyectos interinstitucionales y de cooperación más efectivos y coherentes.

Incluso en el ámbito de la cooperación, cuando el asesor de la Presidencia, con la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Sudamérica, México y Chile, propone el senador Requiao la fundación, en el contexto de la cooperación birregional y con el apoyo de organizaciones multilaterales, de un laboratorio de ideas (Centro de Estudios Parlamentarios del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza Global) que se especialice en asuntos parlamentarios y preste asistencia técnica y académica para la gestión legislativa o el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales o internacionales adoptadas en el contexto de la aplicación de los ODS y propone en el ámbito de la reunión interparlamentaria, idea que hoy está siendo de nuevo dialogada en el marco de Eurolat, que es el establecimiento de alianzas entre los parlamentos nacionales y regionales y que sea el PNUD, organismo de las Naciones Unidas encargado de cooperar con los órganos legislativos y apoyarlos, considerando que estas alianzas serían beneficiosas para la concreción y aplicación de los ODS a nivel local.

Finalmente es importante que los parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea y de todos los países de América Latina y el Caribe, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento del Mercosur, junto con el Parlamento Europeo, puedan trabajar para la incorporación de los ODS en la Agenda Parlamentaria, local, regional, nacional y multilateral.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 25.6.19
La mención a las personas mayores en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es limitada y aleatoria. Sin embargo, hay puertas de entrada al tema que, si las consideramos de forma estratégica, pueden servir para hacer visibles a las personas de más edad en la labor de la localización e implementación de la Agenda 2030 en los territorios.



En las menciones específicas, que son pocos casos, las personas de edad se mencionan de forma explícita en algunas de las metas como, por ejemplo, en el Objetivo 2, relativo a la erradicación del hambre, ya que la meta 2.2 propone poner fin a la malnutrición, teniendo en cuenta entre otros grupos a las personas de edad.

Una de las metas de este objetivo es poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emacipación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad

En el Objetivo 11, que trata de las ciudades y de los asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, encontramos dos metas que incluyen menciones especificas a las personas mayores: cuando trata sobre los sistemas de transporte y en la meta sobre el acceso a las zonas verdes y a espacios públicos. En concreto, establece:

“De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad”.

“De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.


La primera observación que cabe hacer es preguntarse por qué solo en estas tres metas las personas mayores fueron mencionadas y no en otras, y da la sensación de que no existe una razón consistente que permita explicar esto.

La segunda observación es que ninguna de las tres metas coincide necesariamente con las reivindicaciones más importantes de las personas de más edad. De hecho, si se hubieran tomado en cuenta esas reivindicaciones, sería lógico esperar, por ejemplo, alguna mención explícita relativa a la salud, a la protección social, a los cuidadores o a la eliminación de la violencia y del abuso.

Las personas mayores podrían identificarse como un grupo que se ha quedado atrás. Por ello, es necesario que cada país, cada comunidad o cada provincia tengan que examinar e identificar en su propia realidad cuáles son aquellos grupos que se han quedado atrás o, dicho en términos tradicionales de derechos humanos, cuáles son aquellos grupos que han sufrido discriminación y marginalización y no disfrutan plenamente de sus derechos.

Tenemos en los antecedentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la Resolución 70.01 de Naciones Unidas donde se identifica explícitamente a las personas de edad como uno de los grupos susceptibles de experimentar situaciones de vulnerabilidad.

En el mismo sentido, en un gran número de metas, se menciona explícitamente la necesidad de tomar acciones para atender a la situación de los grupos vulnerables, para garantizar la universalidad del acceso a un bien básico o la cobertura de un servicio o para erradicar una situación considerada inaceptable.

Una de estas metas es fundamental implementarla en España considerando que la misma manifiesta de forma explícita la necesidad de implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, de aquí a 2030, y lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

Cada comunidad, provincia y cada municipio, en el caso de España, debe considerar en qué medida las personas mayores están desproporcionadamente excluidas de los sistemas de protección social y, en su caso, sobrerrepresentadas entre las personas pobres y vulnerables.

En la contextualización de cada Objetivo y de cada meta en el marco de cada comunidad, cuando se hable de grupos vulnerables es necesario considerar la situación de las personas de edad, identificarlas cuando sea preciso como un grupo vulnerable e implementar las acciones correspondientes cuando sea evidente que nos permita concluir que se han quedado atrás, respecto a otros grupos.

Una gran cantidad de Objetivos y metas son directamente relevantes para el bienestar y el pleno goce de los derechos humanos de las personas mayores y sin pretender ser exhaustivos, cabe destacar el Objetivo 1 sobre pobreza, incluida la protección social; el Objetivo 2 sobre poner fin al hambre y a la malnutrición; el Objetivo 3 sobre salud; el Objetivo 4 sobre educación, incluyendo el fin del analfabetismo.

También se puede considerar en este listado el Objetivo 5 sobre igualdad de género; el Objetivo 6 sobre agua y saneamiento; el Objetivo 8 sobre empleo; el Objetivo 10 sobre la igualdad en y entre los países; el Objetivo 11 sobre ciudades y asentamientos humanos; el Objetivo 16 sobre sociedades pacíficas, acceso a la justicia e instituciones eficaces e inclusivas; y, por último, el Objetivo 17 sobre cooperación internacional.

Para finalizar y a título de ejemplo concreto de que las reivindicaciones de las personas mayores no están muy bien cubiertas por la Agenda 2030, cabe citar el caso de los cuidados de largo plazo. Es necesario alinear la Agenda con una guía de instrumentos específicos referidos a las personas mayores. Estos instrumentos nos permitirán identificar los obstáculos que determinan que un grupo se ha quedado atrás y ofrecer una hoja de ruta respecto de las medidas adecuadas para lograr la meta con las personas mayores.

He aquí el gran desafío: hacer visibles a las personas mayores. Y sabemos que en países desarrollados como Japón, y también en los más sostenibles, podemos observar que consideran y tratan a las personas de edad como grandes referentes del conocimiento y, de hecho, sienten un profundo respeto por ellos.

En España, en sus comunidades y en sus ayuntamientos, así como en las entidades subnacionales de Iberoamérica, se debe caminar en esa dirección con la elaboración y ejecución de políticas efectivas de protección social para las personas mayores. El nuevo pacto social, la Agenda 2030, es la oportunidad, ya que nos proporciona una hoja de ruta para dignificar y reconocer de forma efectiva la aplicación de los derechos humanos a este colectivo que ayudó a construir la sociedad que hoy somos.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 18.6.19
Para poder implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es necesaria la participación de todos los actores del territorio. De todos sin excepción. El sector del conocimiento formal e informal es uno de los pilares, por ser la educación un elemento libertador de las sociedades.



Los países con mayores índices de desarrollo humano son aquellos que realizan inversiones importantes de su Producto Interior Bruto (PIB) en el área de la educación, lo que muestra la importancia que tienen en el desarrollo de las sociedades el aprendizaje y la formación en todos los niveles.

Siendo el nuevo pacto social un proceso de transformación, de cambios de paradigma, el sector del conocimiento tiene un papel importante en la búsqueda de las soluciones y en las innovaciones para esta situación de emergencia planetaria que vivimos en la actualidad.

La educación terciaria y la investigación científica son citadas en varios de los ODS, sin embargo, la contribución de la Universidad es necesaria a un nivel mucho más amplio, considerando que la Agenda de los ODS cubre un amplio número de desafíos sociales, económicos y medioambientales y su experiencia y preparación resultan claves para poder vencer y superar dichos desafíos.

Su cuerpo científico tiene la capacidad de proporcionar el conocimiento y las soluciones que sustenten la implementación de los ODS junto con todos los actores del territorio de forma participativa y no impositiva.

Abordar los desafíos de los ODS requiere de nuevos paradigmas, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de hacer las cosas, tomar decisiones difíciles entre opciones contrapuestas y, en algunos casos, realizar profundas transformaciones. Las universidades, junto con el sector del conocimiento en general, impulsan el progreso tecnológico y social a través de la investigación, el descubrimiento, la creación y la adopción de conocimiento.

Las universidades atraen y nutren el talento y la creatividad y son actores territoriales claves en los sistemas de innovación regional y nacional y estas funciones son fundamentales para ayudar a la comunidad local a comprender los desafíos, oportunidades e interacciones entre los ODS y las políticas locales. También son clave para desarrollar e implementar soluciones, para desarrollar y evaluar opciones de políticas y vías de trasformación y para poder realizar un seguimiento del progreso que permita medir los resultados alcanzados.

Es necesario crear implementadores de los ODS ya que las universidades forman a personas con habilidades y capacidades profesionales y personales. Tienen acceso a un importante número de jóvenes y no tan jóvenes, apasionados, creativos, con curiosidad y el deseo de un mundo mejor. También influyen cada vez más en el desarrollo global a través de estudiantes y exalumnos, campus internacionales y actividades de desarrollo del talento. Alcanzar los ODS requerirá de la contribución de todos.

Por lo tanto, el sistema educativo debe asegurar que están formando a los líderes actuales y futuros, a los responsables de la toma de decisiones, a los docentes, a los innovadores, a los empresarios y a los ciudadanos con los conocimientos, las habilidades y la motivación que los ayudarán a alcanzar las metas de los ODS.

A través de su personal, estudiantes, campus, vecindarios y cadenas de suministro, tienen un importante impacto social, económico y ambiental y, al implementar los principios de los ODS dentro de su estructura de gobierno y gestión y de su filosofía, las universidades contribuirán directamente al logro de los ODS dentro de estas extensas esferas.

También deben proporcionar liderazgo intersectorial en la implementación de los ODS, pues las universidades son reconocidas por la sociedad como entidades neutrales en las que se puede confiar. Por ello, las universidades tienen la capacidad y responsabilidad de colaborar a la necesaria respuesta local, nacional e internacional a los ODS a través del diálogo intersectorial y creación de alianzas. Tienen un papel clave en la educación pública y en otros sectores, así como en defender la importancia de los ODS.

Para contribuir a la educación para los ODS, las universidades y el resto de centros educativos pueden, por ejemplo:
  1. Integrar los ODS y los principios en todos los cursos, también de grado y posgrado, así como en la formación en investigación.
  2. Proporcionar formación sobre los ODS a las personas responsables de la elaboración de los planes de estudios, para favorecer la coordinación de los cursos y del profesorado.
  3. Ofrecer formación y creación de capacidades a empresas y a entidades externas sobre los ODS, así como el conocimiento y habilidades necesarias para abordarlos.
  4. Abogar por una política de educación nacional y estatal que defienda los ODS.
  5. Vincular a estudiantes en procesos de cocreación compartida de entornos de aprendizaje e iniciativas que apoyen el aprendizaje sobre los ODS.
  6. Estructurar cursos en torno a proyectos colaborativos para el cambio con aplicación práctica, en los que el estudiantado tenga opciones para actuar y reflexionar de manera iterativa, y desarrolle una capacidad adaptativa mientras trabaja por un objetivo.
Las universidades también pueden contribuir a todos los ODS cerciorándose de que están capacitando a los estudiantes para los trabajos necesarios para la implementación de los ODS y deben asegurar que los estudiantes sean ágiles, estén preparados para el cambio y tengan visión de futuro, de modo que sean útiles no solo para los trabajos que existen hoy, sino también para los que existirán en el futuro. Para ello, las universidades pueden:
  1. Establecer vínculos fuertes con empresas e industrias para monitorizar tendencias en cuanto a empleabilidad, por ejemplo, a través de comunidades de práctica empresariales.
  2. Ampliar las oportunidades para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, como la educación en entidades y empresas, aprendizaje en línea, y formación profesional.
  3. Mejorar las oportunidades para el desarrollo de formación de estudiantes y profesionales de países en desarrollo para abordar los desafíos relacionados con los ODS
Por otro lado, la creación de capacidades, a través de la educación, es un importante “medio de implementación” para ayudar a los países en desarrollo a abordar sus propios desafíos en el campo de la sostenibilidad. Las universidades tienen amplios vínculos con países en desarrollo a través de estudiantes en movilidad y exalumnos, campus internacionales, programas de intercambio académico, viajes de estudio y convenios con universidades de países en desarrollo.

Las universidades pueden aprovechar estos vínculos para apoyar la creación de capacidades para los ODS a través de diferentes maneras, tales como:
  1. Implicar a estudiantes internacionales en los ODS.
  2. Desarrollar cursos en línea de calidad y gratuitos sobre desarrollo sostenible y sobre cómo abordar de forma práctica los desafíos de los ODS.
  3. Desarrollar relaciones de intercambio con universidades en países en desarrollo y programas de capacitación en el país para abordar los ODS.
  4. Proporcionar becas relacionadas con los ODS para estudiantes.
Las Universidades y el sector educativo en Andalucía precisan avanzar más rápido. La Comunidad Valenciana o el País Vasco, por poner dos ejemplos, están muy avanzadas en las políticas públicas y acciones para la localizacion de los ODS y son, incluso, ejemplos de buenas prácticas de políticas públicas según diversos organismos internacionales, que reconocen a ambas comunidades en foros relacionados con la Agenda 2030.

Los desafíos que tenemos como humanidad no son para el futuro: son para hoy. Y para cambiar se precisa tomar consciencia de la necesidad y actuar en forma diaria de acuerdo a lo que propugnamos con el establecimiento de los principios que nos proporciona la Agenda 2030, en nuestro día a día.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 11.6.19
En el marco de la consecución de los Objetivos y metas de la Agenda 2030, la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de todos los actores del territorio es primordial. Los movimientos sociales, oenegés, plataformas, sindicatos, medios de comunicación y otras organizaciones del territorio tienen un papel protagonista en una agenda internacional de desarrollo sostenible que requiere del compromiso urgente de todos los actores del planeta.



Por una parte, las entidades de la sociedad civil contribuyen a la consecución de la Agenda 2030, llevando a cabo proyectos y programas para acabar con la pobreza, reducir desigualdades y apoyar a colectivos vulnerables, entre otros. Este tipo de acciones, sin duda, tendrán un impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por tanto, es importante identificar y medir este impacto para poder evaluar su desempeño y establecer objetivos a largo plazo.

Otro de los roles esenciales de los actores sociales es su función de sensibilización e incidencia política para alinear la acción de los poderes públicos con la Agenda 2030, su capacidad de incidir en la elaboración de políticas públicas y su monitorización para el cumplimiento.

Las organizaciones de la sociedad civil son un excelente canal de comunicación para trasladar el mensaje de la Agenda 2030 a la ciudadanía, y el sector de las comunicaciones y nuevas tecnologías tienen un papel fundamental en el proceso de difusión y sensibilización de la Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A través de estas acciones, las organizaciones pueden aumentar el conocimiento de la Agenda por parte de la sociedad, un paso esencial para lograr su consecución en el 2030. Por último, para el logro de los Objetivos y metas de la Agenda es fundamental la creación de alianzas.

La meta 17.17. se basa precisamente en este paradigma, incorporando a la sociedad civil como uno de los principales actores para llevarlas a cabo. En concreto, la meta indica la necesidad de fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Aquí, tanto la Sociedad Civil como el Sector Privado deberán también contribuir, a partir de la información que generan y relevan para sus operaciones. El rol del Sector Privado será bidireccional, ya que deberá nutrir con datos a estos Objetivos, pero a la vez, podrá verse beneficiado de la reutilización de los datos que emitan otros actores involucrados (principalmente Gobiernos y Sociedad Civil) para orientar sus Estrategias de Sostenibilidad.

Por tanto, no cabe duda de que es esencial que los actores que forman parte del Tercer Sector Social asuman plenamente los desafíos de la Agenda, ya que su papel es crucial para que esta sea viable en todos los niveles: local, autonómico, estatal y global.

Los ODS proporcionan un marco universal para guiar las contribuciones al desarrollo sostenible, debiendo identificar cada organización sobre qué objetivos y metas tienen capacidad de influencia y realizando acciones, programas y proyectos que contribuyan a su consecución.

La ayuda a las entidades a contribuir a los ODS puede hacerse realidad a través de la adaptación a una metodología que tiene un enfoque transversal, propuesta por Global Compact y es de aplicación para todo tipo de entidades, independientemente de su tamaño y sector. Se compone de cinco pasos:
  1. Entendiendo y apropiándose de los ODS: como primer paso, las organizaciones deben familiarizarse y apropiarse de estos objetivos.
  2. Definiendo prioridades: se estimula a las organizaciones a que definan sus prioridades, basándose en una evaluación del impacto de sus acciones, programas y proyectos.
  3. Estableciendo objetivos: el establecimiento de objetivos es fundamental para ayudar a promover prioridades compartidas y a mejorar el desempeño en toda la organización en relación a la responsabilidad social empresarial.
  4. Integrando: es clave integrar la sostenibilidad dentro de la gestión interna de la organización, en especial, a los colaboradores y funcionarios.
  5. Reportando y comunicando: los ODS permiten a las organizaciones divulgar información sobre sus acciones en el logro de la Agenda.
Estas consideraciones simples posibilitarán el análisis y, con esta metodología de la hoja de ruta, de las acciones que serán necesarias, entre otras por supuesto, se podrá hacer que las organizaciones de la sociedad civil puedan actuar de forma participativa del proceso de localización de los ODS y contribuir desde su territorio y con responsabilidad social y ambiental al cumplimiento de lo establecido en la Agenda 2030.

España y Andalucía precisan recorrer todavía un largo camino para poder incorporar a los actores de la sociedad civil al proceso de territorializacion de los ODS y esto debe traducirse en políticas y medidas que tengan como objetivo la participación permanente, orgánica y sistemática de la sociedad civil en el proceso de localización de la Agenda 2030.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 4.6.19
El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 1) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas busca poner fin a la pobreza en todas sus manifestaciones. También tiene como objetivo garantizar la protección social de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social como, por ejemplo, las personas de avanzada edad, aumentar el acceso a los servicios básicos y ayudar a las personas afectadas por fenómenos climáticos extremos y hacer frente a los problemas económicos, sociales y ambientales.



La erradicación de la pobreza extrema –definida actualmente a través de la línea de 1,25 dólares de ingreso diario–, central en los ODS, está superada en España. Sin embargo, en nuestro país persisten problemas graves de pobreza, que golpean especialmente a la infancia, cuya atención es imperativa.

Por otro lado, el ODS 1 es uno de los principales fundamentos del compromiso de España con la cooperación para el desarrollo. Las últimas estimaciones globales sugieren que el 10,9 por ciento de la población mundial (783 millones de personas) sufren pobreza extrema en el mundo (más de la mitad de ellas, en el África subsahariana).

Este compromiso de España con la erradicación de la pobreza extrema, y en todas sus dimensiones y países, se plasma en la política de cooperación para el desarrollo –recogida en el Plan de Acción como una de las políticas palanca para acelerar el alcance de los ODS– y Andalucía también está comprometida con su política de cooperación al desarrollo en este sentido.

En España, este objetivo se alinea con los recogidos en el Programa Nacional de Reformas (PNR) del Gobierno central a fin de alcanzar el Objetivo 5 de la Estrategia Europea 2020, que establecía disminuir el número de personas en riesgo de exclusión –en el caso de España, situado en 1.400.000 personas, tomando como año base 2008–.

En nuestro país, la crisis económica provocó un aumento de las situaciones de exclusión y desigualdad social y modificó los perfiles de las personas en esas situaciones. Un aumento que se debió a la rápida subida del desempleo durante la crisis.

No obstante, el inicio de la recuperación económica y la creación de empleo no están suponiendo una disminución de las cifras de pobreza y desigualdad. En cualquier caso, esta vuelta a la situación precrisis es una tarea larga, compleja y en la que todos deben aunar esfuerzos: Administración central, autonómica y local y, cómo no, el tercer sector.

Así, el indicador 1.2.1 refleja la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza. En el mismo aparece que un 21,6 por ciento de la población española en 2017 (con datos de ingresos de 2016) vive por debajo del umbral nacional de pobreza (60 por ciento de ingresos medios), y que la crisis lo que ha supuesto es un aumento del porcentaje de personas en todos los grupos de edad que viven por debajo del umbral nacional: 31 por ciento en menores de 16 años; 21,9 por ciento en el tramo de edad de 16 a 64; y 14,8 por ciento para mayores de 65 años. Cabe destacar el aumento de esta tasa para los mayores de 65 años (de 1,8 puntos).

Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza para los menores de 16 años se situó en el 28,1 por ciento, siendo 6,5 puntos superior a la del conjunto de la población. El punto álgido para las mujeres fue el año 2017 (22,2%) y para los menores de 18, el 2014, año en el que un 30,5 por ciento de los menores de 18 años se encontraba por debajo del umbral de la pobreza.

Si se considera el nivel de educación, y considerando la población mayor de 16 años, los porcentajes más altos de la tasa de riesgo de pobreza en la serie de encuestas (2008-2017, sobre la base de 2013) correspondieron a los niveles más bajos de Educación Primaria o inferior (26,5%) y Secundaria de primera etapa (27,1%). En la encuesta del año 2017, para el nivel de Educación Secundaria de segunda etapa era del 19,9 por ciento y para el nivel de Educación Superior, desciende a 9,7 por ciento.

Por sexo, la tasa de riesgo es ligeramente menor en las mujeres que en los hombres, menos en la carencia material severa. La edad constituye un factor determinante en cuanto al riesgo de pobreza y exclusión: las personas adultas jóvenes (entre los 16 y los 19 años) son los que presentan la tasa más elevada (37,60%), seguidos por la población infantil (31,70%), ya que cerca de uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de pobreza y o exclusión social. Tasa que pese a su elevada magnitud está disminuyendo desde 2015. Además, el 9,9 por ciento de la población menor de 18 años está en pobreza severa.

“No dejar a nadie atrás” es uno de los principios fundamentales de la Agenda 2030. En España, con el objetivo de cumplir con los retos plasmados en la Estrategia Europa 2020, se han adoptado diversas medidas de calado social y económico dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

La Agenda 2030 propone varios indicadores para medir el logro de la meta 1.2. El primero de ellos es el umbral de riesgo de pobreza o tasa de pobreza (fijado en el 60 por ciento de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de todos los hogares a nivel nacional.).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó el umbral de riesgo de pobreza de los hogares de una persona en 8.522 euros, un 3,8 por ciento más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 17.896 euros en 2017.

Según los estudios de la Fundación Foessa, el riesgo de quedarse atrás también se encuentra relacionado con características sociales y demográficas de las personas:
  • Personas pertenecientes a la etnia gitana, que cuentan con un altísimo riesgo de exclusión social, que asciende al 72 por ciento. Este colectivo tiene importantes déficits de integración social, unidos a persistentes problemas de discriminación.
  • Los desempleados sufren un alto riesgo de exclusión, un 50 por ciento, en el caso de los desempleados de larga duración el porcentaje asciende al 55 por ciento, y en los ocupados con empleos irregulares el riesgo aumenta hasta el 57 por ciento. Es importante incidir en “la cronificación del desempleo” asociada a la numerosa cuota de desempleados de larga o muy larga duración, en la alta tasa de paro juvenil y en la insuficiente protección frente al desempleo.
  • Los inmigrantes de origen no comunitario tienen un 53 por ciento de riesgo de exclusión social, fruto de las dificultades de integración, de las vulneraciones de derechos y de las deficientes redes sociales de apoyo tanto formales como informales.
  • En el caso de los menores de 18 años, el riesgo de exclusión llega al 35 por ciento. Al hablar de menores, además de la problemática de menores no acompañados nos estamos refiriendo a los problemas de las familias con menores y a las insuficientes medidas de protección y de ayuda a la crianza. Es importante enfatizar que las redes sociales de apoyo de familias y amigos constituyen un importante componente básico en la protección de los hogares, y este recurso se encuentra en un 26,1 por ciento de los hogares debilitado tras la crisis. 
  • Es importante destacar que el riesgo de sufrir problemas económicos en las familias con menores es especialmente significativo cuando alguno de ellos tiene discapacidad y es notablemente mayor al de cualquier otra configuración familiar. 
  • La tasa de exclusión social de los hogares en España se multiplica por 1,5 cuando en las familias convive algún menor de 18 años, y por 2,5 cuando estamos ante una familia numerosa. Un problema especialmente grave desde la perspectiva de romper el círculo vicioso de la pobreza. Como manifiesta el informe Transmisión Intergeneracional de la Pobreza, elaborado por Foessa en 2016, ocho de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia-adolescencia, las están reviviendo en la actualidad como adultos.
Como vemos por los datos antes descritos, España precisa todavía trabajar esta temática y existen situaciones de vulnerabilidad que necesitan de políticas públicas a nivel nacional, regional y local para poder paliar esta situación.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 28.5.19
España debe aprovechar el impulso que se ha dado en los últimos años a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para construir un modelo de sociedad compartida y responsable, dado que se trata de un proyecto movilizador que precisa del consenso y del esfuerzo de las administraciones, del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil, del sector de las comunicaciones, de la Universidad y de la ciudadanía para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible compartido con las personas y con el medio ambiente.



La incertidumbre y la urgencia de dar respuesta a los grandes desafíos sociales, económicos y ambientales marcan en el presente para las comunidades autónomas y para el conjunto de España como país. En algunos casos, y para grupos amplios de la sociedad, la vulnerabilidad se está haciendo estructural y está produciendo una quiebra del contrato social español.

Los políticos y el Gobierno, pero también la sociedad civil, la Universidad, el sector de las comunicaciones y el sector privado tienen una gran responsabilidad. Deben generar consensos y diálogos constructivos para definir un nuevo proyecto de país que aborde los problemas de mayor urgencia que afectan a la ciudadanía y a la naturaleza.

Para esto es necesario una nueva cultura de relaciones y una política de Estado que trascienda a los intereses de unos y otros y que tenga como foco principal a las personas y al medio ambiente para hacer frente a los desafíos sociales y económicos, garantizando así la sostenibilidad de nuestra sociedad.

El año 2030 está a la vuelta de la esquina y es necesario priorizar y seguir avanzando en lograr una visión compartida del rumbo que se quiere tomar. España dio pasos relevantes el pasado año 2018 para la incorporación de los ODS y su localización en el territorio y todo indica que seguirá en esa dirección.

El Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible es muy importante ya que, por primera vez, España aborda, desde la Administración general, la totalidad de la Agenda, mostrando la situación en que se encuentra el país, así como las prioridades políticas, económicas y sociales en las que confía avanzar para integrar y consolidar la integración de la Agenda en nuestro modelo de desarrollo.

Una importante herramienta, las políticas-palanca, tienen como objetivo establecer una serie de prioridades sobre las que consolidar esta transformación, la transición energética y la lucha contra el cambio climático, la prevención y la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la Agenda Urbana Española, el Plan Director de la Cooperación Española o el Plan de Gobierno Abierto y se configuran como elementos catalizadores a corto plazo para favorecer la transformación del modelo económico y social.

La creación del Alto Comisionado de la Agenda 2030 supone también un importante paso adelante en materia de coordinación de alto nivel, como lo están haciendo la mayoría de los países iberoamericanos, cada país con su modelo de gobernanza que se adapta a su propia cultura local.

Los esfuerzos realizados son importantes, pero no son suficientes, ya que es primordial tener una estrategia unificada y enfocada al cambio, que sea coherente con todos los objetivos. Las comunidades autónomas y sobre todo las ciudades y municipios han sido pioneras en la localización e implementación de los ODS, con estrategias de transversalización de los objetivos en el modelo de ciudad y en sus planificaciones estratégicas.

Varias comunidades, gobernadas por diferentes fuerzas políticas, han integrado la Agenda en sus planes a medio y largo plazo, no solo en el tema de la sensibilización, sino también en sus políticas públicas y planes estratégicos, para implementar la Agenda en su territorio, como la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Castilla y León o Andalucía.

De este modo, el desafío de los ODS se ha incorporado también en otros sectores: el empresarial tiene sus preocupaciones, ya que quiere avanzar más allá del marketing y la reputación a contribuir de forma activa para el desarrollo sostenible. Cada día son más las empresas y las personas que reflexionan acerca de su papel en el marco de la Agenda 2030 y plantean su integración más allá de relaciones públicas y publicidad y promoviendo su estrategia de competitividad hacia un mundo sostenible.

Queda un largo camino por recorrer y el sector privado –tanto las empresas como los autónomos–puede y debe participar activamente en los esfuerzos de consolidación, desarrollo y localización de la Agenda, no solo por la toma de conciencia o por la responsabilidad económica y social que representa, sino por tratar de conquistar un mercado en el que los consumidores exigen cada vez más niveles de responsabilidad social y ambiental.

Aún queda mucho trabajo por hacer y el Plan de Acción permite tener una ruta a corto plazo. Pero, hasta el momento, los planes anunciados no se han transformado en una nueva orientación de políticas públicas.

Estamos así frente a una gran oportunidad y España debe aprovechar el impulso de la Agenda 2030 para construir una visión de país compartida y responsable. La localización de los ODS debe plantearse en las ciudades, los barrios, los comercios de cercanía, la industria, los mercados de abasto, los mercadillos, los servicios y hogares de todas las poblaciones de este país.

El gran desafío en este momento, entre otros, es poder divulgar la Agenda, sensibilizar a todos y todas, hacer que los nuevos alcaldes se comprometan con la Agenda y apliquen los principios, metas e indicadores nacionales establecidos por los ODS para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Es fundamental que el sector del conocimiento se dedique con su potencial a estudiar y proponer modelos de economías sostenibles, relaciones sociales más pacíficas, mejor calidad en el aire y en los ríos y que ponga a disposición todo su conocimiento para que la Agenda se incorpore lo más rápido posible en la sociedad española.

El sector privado ya está trabajando en pequeña proporción sobre la Agenda y está realizado políticas y acciones que garantizan un mundo más sostenible y productos más ecológicos. Mucho nos falta en este sector y precisamos trabajar diariamente con las diferentes asociaciones empresariales, sector por sector.

En Andalucía, por ejemplo, el comercio y el turismo, el mundo rural, junto con las mujeres y los jóvenes, los inmigrantes, los cuidadores de personas vulnerables, entre otros, deben sumarse a esta dinámica, sin dejar a nadie atrás: nos espera la necesidad de tomar conciencia de la urgencia de la localización de los ODS y cada uno de nosotros es responsable por ello, ya que determina la vida de todos los ciudadanos, presente y futura.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 21.5.19
Promover el conocimiento y la apropiación de la Agenda 2030 por parte de la gobernanza del territorio y, en especial, entre la ciudadanía resulta fundamental para la implementación y localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para poder alcanzar este propósito es necesario promover campañas de sensibilización y difusión masiva, entre otros recursos.



Y es que si queremos una estrategia ambiciosa, habrá resistencias que romper y la complicidad con la ciudadanía debe considerarse un importante elemento de cambio. En todos los medios de comunicación –prensa escrita, digital, radio, televisión...– se debe incorporar el avance de los ODS mediante informaciones,  buscando alianzas con los medios privados para la sensibilización y la comunicación de los resultados.

Existe un claro consenso acerca de que uno de los grandes desafíos de la aplicación de la Agenda 2030 es el conocimiento e implicación de la ciudadanía con los ODS. Tanto los gobiernos estatales, autonómicos y locales como los medios de comunicación tienen la responsabilidad de abordar este desafío.

Será necesario, por tanto, que la ciudadanía vea que sus grandes preocupaciones, como el desempleo, la pobreza, la corrupción, el cambio climático, la violencia de género o la sequía, entre otras cuestiones, tienen una solución prevista en la Agenda 2030.

Pero hace falta algo más que buena voluntad para lograr este propósito. Los territorios españoles precisan una estrategia de desarrollo sostenible para un nuevo modelo de sociedad y de país que aborde los problemas más urgentes y que tenga como foco las personas y el planeta, no dejando a nadie atrás.

Los ODS son la hoja de ruta para luchar contra la pobreza y la exclusión social; para mejorar la sanidad; para promover una dieta sana para las personas; para garantizar derechos a todas las personas con independencia de su condición, de la región en la que vivan, de su ideología del color de su piel.

Sin duda, la Agenda 2030 es una oportunidad inmejorable para cambiar el paradigma en España. Y el momento es ahora. Por eso se precisan acciones rápidas e inminentes en el comportamiento de la ciudadanía, por la magnitud del problema planetario –por ejemplo, el cambio climático– para revertir las consecuencias catastróficas para el medio ambiente y para la vida en el planeta.

Se trata de comprender que la responsabilidad de la aplicación de la Agenda 2030 es del conjunto de la ciudadanía, que deberá sentir el respaldo de las políticas públicas y de las subvenciones a programas que busquen el cumplimiento de las metas establecidas sobre la base de los indicadores definidos por España, tanto por parte del poder público como del sector privado.

No hay más tiempo que perder. Las relaciones sociales, económicas y ambientales precisan ser reconsideradas y verse desde un prisma distinto, en una visión holística, realista y pragmática, que permita los cambios necesarios para evitar las consecuencias de tener resultados ambientales alarmantes, con índices de desarrollo humano por debajo de las potencialidades del capital social de España y de Andalucía en particular que, de no remediarse, se convertirá en una tierra rica con personas pobres.

Es necesario permitir la diversificación y el fortalecimiento de la actividad económica en el territorio andaluz, asegurando la incorporación de personas al campo, especialmente mujeres y jóvenes, y dotar de los servicios necesarios como escuelas, centros de salud, Internet de banda ancha o programas de desarrollo económico local, sin olvidar el fomento de la agricultura familiar, los mercados de abastos, los mercadillos, los comercios de cercanía y la labor de los artesanos. De este modo se potenciará el fortalecimiento del mundo rural.

A partir de 2020, todas las partidas de los Presupuestos Generales del Estado en España deben estar alineadas con las metas y objetivos de la Agenda 2030. De hecho, se deberá llevar a cabo un seguimiento económico de su implementación y, a su vez, se garantizará que los recursos llegan a los más vulnerables y a los grupos con mayor necesidad en cada uno de los territorios de este país.

De este modo, los Presupuestos Generales del Estado deberán contar con partidas dirigidas, por ejemplo, a promover la igualdad de oportunidades de colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres, la infancia, la población migrante, los autónomos rurales, los trabajadores pobres, así como a reducir la desigualdad entre los territorios. Por ello hay que cuantificar los umbrales mínimos de inversión dirigidos explícitamente a la consecución de los ODS y monitorizar los resultados de las acciones y la aplicación efectiva de cada una de las subvenciones.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 14.5.19
Existe una tendencia a que todos los grandes proyectos multilaterales pasen cuanto antes de la retórica a la acción. Es algo saludable. De hecho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se deben bajar al campo de la comunicación de manera inmediata, pero sin olvidar que en el orden lógico de los acontecimientos la retórica iría antes. Y que, si estamos implantando acciones y metas que no se han comunicado y que la población desconoce mayoritariamente, tenemos que contar con el riesgo de que el orden de los factores altere el producto.



Acabar con el hambre (ODS número 2) en Andalucía o en Extremadura tiene unas exigencias diferentes que facilitar comida a los habitantes de Córdoba, por ejemplo, o a los olvidados de la crisis en Cádiz. ¿Cómo se va a comunicar este objetivo de desarrollo sostenible de la misma manera a los cordobeses que a los sevillanos, a los argentinos o a los chilenos?

Muy al contrario, los ODS se deben dar a conocer contextualizados social y culturalmente, de forma que sean fácilmente entendibles e, incluso, atractivos para cada población de cada región. Comunicar desde lo local nos permite, para comenzar, cumplir con uno de los fundamentos de los ODS: la inclusión social, hacer realidad el axioma, tantas veces rebajado a desiderátum, de que todo el mundo cuente y que no debemos dejar a nadie atrás.

Esta apuesta por lo local también tiene derivadas en la organización del liderazgo. Los territorios deben asumir un rol mucho más protagonista que el actual. A fin de cuentas, casi el 60 por ciento de la población mundial vive en zonas urbanas, el 80 por ciento en el caso de la población en Andalucía y España.

¿No es en las ciudades y en los pueblos donde más se puede hacer por el cambio climático con políticas de movilidad, calidad del aire o energéticas, entre otras? ¿A dónde huyen los desheredados de la globalización y las víctimas de los conflictos? Sin olvidar lo rural, las ciudades deben jugar un papel principal en la adaptación social y cultural de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es en ellas donde mejor pueden encargarse de su difusión y de adecuar las expectativas de la población con los mensajes, con los medios y con los contextos.

Los ODS responden a la complejidad del mundo

Es una cuestión pendiente, sin duda, pero ello no obsta para que tengamos alguna idea de cómo se puede trenzar una comunicación compleja para los ODS:
  1. Dando preponderancia a las relaciones humanas (alianzas) antes que a los medios tecnológicos.
  2. Entendiendo la racionalidad humana como un encuentro con el otro, una relacionalidad.
  3. Comprendiendo que la comunicación es una capacidad humana por encima de otras consideraciones.
  4. Sopesando qué actuaciones comunicativas nos permiten pensar y obrar en lo complejo y desde lo complejo.
  5. Identificando el ecosistema de los ODS como una relación continuada entre lo humano y su entorno.
La falta de respuestas no debería hacernos caer en el pesimismo, sino alertarnos de los riesgos que corren los ODS sin una estrategia de comunicación coordinada, integral, compleja, contextualizada social y culturalmente, local y basada en principios diferentes a los cartesianos.

El contenido generado por el usuario es más común hoy en día, y las líneas entre los productores y las audiencias se han borrado. Gracias a Internet, las audiencias actúan casi como "periodistas ciudadanos". De hecho, estos usuarios activos tienen sitios web, blogs y cuentas de redes sociales que son seguidas por millones de personas y que son la principal fuente de información para muchas de ellas.

Uno de los principales objetivos de la Agenda 2030 es promover sociedades pacíficas e inclusivas (ODS 16). Este objetivo reconoce la importancia de la información y reconoce el hecho de que los ataques al personal de los medios de comunicación obstaculizan el logro de este objetivo.

Esto brinda la oportunidad de mejorar el indicador e influir en los procesos de formulación de políticas. Algunas de las acciones que podemos tomar para garantizar que los derechos de todos estén protegidos y ayudar con la transformación de nuestras sociedades incluyen:

1) Trabajar para mejorar los marcos legales nacionales de cara a asegurar que los derechos a la vida y a la libertad de expresión de los ciudadanos periodistas estén garantizados.

2) Contribuir con el fortalecimiento del sistema judicial, la lucha contra la impunidad y la protección de los periodistas ciudadanos iniciando los procedimientos legales correspondientes.

Los medios de comunicación tienen un papel primordial en el proceso de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Urbana de España. Y desde Andalucía Digital estamos trabajando en esta comunidad para que los actores territoriales conozcan la Agenda 2030 y tengan herramientas concretas para la localización de los ODS en cada uno de los municipios de Andalucía.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 7.5.19
Con la aprobación en septiembre de 2015 de la Agenda 2030 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han ido incorporando poco a poco a los quehaceres de la clase política española. Pero no han calado en todos los partidos políticos por igual.



Los 193 Estados miembro de Naciones Unidas se comprometieron con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. ¿Qué tiene que ver este plan global con políticas locales como la educación y la sanidad públicas, el empleo y la reforma laboral, el derecho a la vivienda y los desahucios, la violencia de género, los derechos de las personas migrantes y refugiadas, la libertad de expresión, etcétera? ¿Qué políticas y medidas deberían incluir los partidos políticos en sus programas electorales para que la Agenda 2030 sea real y efectiva en España?

Cristina Gallach, del Alto Comisionado de los ODS, ha estudiado los programas electorales de las formaciones políticas de cara a las elecciones municipales de mayo y pide también a las agrupaciones y partidos que articulen sus líneas programáticas fundamentales sobre la Agenda 2030 con el objetivo de trasladar el debate hasta la ciudadanía.

Los principales partidos políticos de España (PSOE, PP, Ciudadanos y la coalición de Unidas Podemos) están de acuerdo en que el cambio climático representa “la mayor amenaza” que tiene el país y el conjunto del planeta en estos momentos y, por eso, reclaman “transformar el modelo” de producción actual y a la forma de consumir para emprender una “transición” hacia una “economía circular” que sea sostenible.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó la Guía de orientación para las organizaciones políticas y la ciudadanía, formulada con el objetivo de servir como una herramienta práctica para que los partidos políticos puedan orientar la construcción de sus programas de gobierno, de manera articulada con la Agenda 2030 y sus 17 ODS.

Las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el domingo 26 de este mismo mes, son una coyuntura fundamental para promover la continuidad en la implementación del Pacto y hacer sostenibles los compromisos adquiridos por el país.

Esto será posible si se logra un trabajo colectivo y en alianza para que las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones municipales incluyan en sus programas de gobierno los principios y las estrategias para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y estos son los principios que rigen la Agenda y que deberían formar parte de la actuación de los partidos políticos en España.

1) No dejar a nadie atrás: los ODS y sus metas deben ser alcanzadas por todos los países, pero también realizar esfuerzos para llegar primero a aquellas personas que se están quedando atrás, tales como las mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes, LGTBI, entre otros. Ello implica el análisis de políticas, legislación y estrategias municipales y sectoriales, para la inclusión e impacto, en estos grupos poblacionales.

2) Universalidad: la Agenda 2030 considera el compromiso de todos los países, tomando en cuenta sus realidades nacionales, capacidades y niveles de desarrollo, así como sus políticas y prioridades nacionales y locales. Los esfuerzos para convertir las metas en acciones municipales deben ser guiadas por las aspiraciones globales de la Agenda 2030, pero teniendo en cuenta la propia estrategia de desarrollo del territorio y sus prioridades.

3) Integralidad e indivisibilidad de los ODS: la implementación de la Agenda 2030 debe tomar en consideración la interconexión entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas y las tres dimensiones del desarrollo sostenible de forma integrada (social, económica y ambiental). Ello implica analizar cómo se están diseñando y aplicando las políticas de desarrollo en los territorios para reflejar esa integración e interconexión (no seleccionando cada objetivo de forma aislada) a la luz de las sinergias programáticas, presupuestarias y sectoriales para maximizar recursos y esfuerzos.

4) Enfoque inclusivo y participativo: los ODS implican la participación de todos los actores y todas las personas representantes de las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad y exclusión de la sociedad en el proceso de planificación, de adaptación de los ODS al contexto nacional, regional y local, de implementación, de monitoreo y de rendición de cuentas.

5) Apropiación municipal: los ODS tendrán que adaptarse al contexto de cada país para definir metas territoriales en función de las circunstancias y prioridades. La Agenda 2030 reconoce explícitamente lo importante que es que los países y sus territorios se apropien de las estrategias de desarrollo abordando vectores estructurales al tiempo que se mantiene un margen de maniobra para establecer políticas y prioridades nacionales.

6) Enfoque basado en Derechos Humanos: los ODS aspiran a liberar a las personas del miedo y la escasez, lo que solo es posible si los gobiernos respetan, salvaguardan y promueven todo el abanico de derechos humanos bajo los principios de universalidad, igualdad y no discriminación.

Nos encontramos ante la posibilidad de que los partidos políticos en sus propuestas para los ayuntamientos se manifiesten sobre la necesidad de aplicar a sus políticas la hoja de ruta de la Agenda 2030 y es necesario que los próximos gestores públicos estén preparados para la aplicación de las mismas.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

  • 30.4.19
Diez años después del inicio de la denominada "crisis", una de cada tres personas residentes en Andalucía está en riesgo de pobreza o de exclusión social. En concreto, el 37,3 por ciento de la población (más de 3,1 millones de habitantes) se encontraba en esa situación el pasado año 2018. Pese a que en los últimos dos años la tasa se ha reducido en seis puntos porcentuales, las estadísticas y los indicadores de este fenómeno siguen ofreciendo datos sangrantes.



Tanto en lo que respecta a la media nacional como a su valor en el último periodo anterior a la crisis, la realidad de la pobreza en Andalucía ofrece una fotografía de la desigualdad "crítica" en la comunidad autónoma. Entre los datos más destacados sobresalen que un 33 por ciento de las pensiones en Andalucía se sitúan por debajo del umbral de la pobreza; que las mujeres cobran 3.583 euros menos al año que los hombres; o que tres de cada diez trabajadores de Andalucía no superan los 327 euros al mes.

En la Agenda 2030, el Objetivo 1 trata del fin de la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo y, a pesar de que los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990 –lo que, sin duda, constituye un logro importante– todavía hoy, una de cada cinco personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 1,25 dolares por día. Además, hay muchos más millones de personas que ganan poco más de esa cantidad diaria, a lo que hay que agregar que hay muchas personas, inclusive en España y en Andalucía, en riesgo de recaer en la pobreza.

Debemos considerar que la pobreza es más que la falta de recursos o de ingresos económicos que garanticen una vida sostenible. Entre sus manifestaciones se incluyen también el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión social, como así también la falta de poder influir en la toma de decisiones.

Por ello es importante que el crecimiento económico de los territorios sea inclusivo, con el objetivo de crear empleos sostenibles y que promuevan la igualdad. A ello deben ir dirigidas las políticas de generación de empleo y renta que las comunidades autónomas y los ayuntamientos promuevan en Andalucía y España.

Entre las metas establecidas por el Objetivo 1, es importante destacar –para que los próximos administradores públicos de los ayuntamientos y los diputados provinciales lo tomen en consideración– la necesidad de implementar a nivel nacional y territorial sistemas y medidas de protección social para todos, incluyendo niveles mínimos para que, de aquí hasta 2030, se pueda lograr una amplia cobertura de las personas más pobres y vulnerables.

Por otro lado, la Agenda se propone hasta 2030 reducir a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en situación de pobreza en todas sus dimensiones y garantizar a estos, en particular a los más pobres y vulnerables, que tengan los mismos derechos a los recursos económicos y el mismo acceso a los recursos básicos, la propiedad, el control de la tierra y otros bienes, así como la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías o los servicios financieros, incluida la microfinanciación.

Precisamos políticas públicas y planos de desarrollo local que promuevan la solución de este problema que acecha a Andalucía y es precisamente a través de los ayuntamientos y de los gobiernos autonómicos como podremos trabajar para solventar este problema junto con el sector privado, la sociedad civil y el sector del conocimiento.

Tenemos una oportunidad en Andalucía y en España a raíz de la elección de los nuevos diputados y senadores y, a partir del próximo 26 de mayo, de los nuevos alcaldes y concejales, que deberán trabajar de forma continua y eficiente en el día a día para dar respuesta a esta problemática, junto con otras necesidades básicas que busquen garantizar la justicia social y que, sin duda, son la base para el desarrollo sostenible de los territorios.

SANTIAGO MARTÍN GALLO
  • 23.4.19
Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron el 27 de septiembre de 2015 en la Organización de Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de alcance mundial y que el Reino de España hace suyos como miembro de este organismo multilateral. Es una decisión histórica sobre un amplio conjunto de objetivos y metas universales y transformadoras, de gran alcance y centralizadas en las personas, la paz y la prosperidad.



Es también un compromiso por trabajar diariamente y sin descanso, a fin de conseguir la plena implementación de estos objetivos de aquí hasta 2030, en los que se reconoce la pobreza en todas sus formas y dimensiones como el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible poder erradicarla.

Existe el compromiso de lograr el desarrollo en sus tres dimensiones –económica, social y ambiental– de forma equilibrada e integrada y, al emprender este gran viaje, el compromiso más importante es no dejar a nadie atrás.

Todos los países lo aceptaron, lo que proporciona a la Agenda 2030 un alcance y una importancia sin precedentes. Se aplica a todos los países, a diferencia de los Objetivos del Milenio, pero hay que tener en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno y, por supuesto, respetar sus políticas y realidades nacionales.

Los ODS son el resultado de más de dos años de un intenso proceso de consultas públicas y de interacción con la sociedad civil y otras partes interesadas en todo el mundo y España no fue una excepción. Durante ese periodo se tuvo en cuenta especialmente la opinión de los más pobres y vulnerables.

En los objetivos y metas se expone una visión de futuro sumamente ambiciosa y transformadora, que aspira a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, en el que todas las formas de vida puedan prosperar. Un mundo sin temor ni violencia; donde la alfabetización sea universal, con acceso equitativo y generalizado a una educación de calidad en todos los niveles, a la atención sanitaria y la protección social y donde esté garantizado el bienestar físico, mental y social.

Propone la hoja de ruta establecida en la Agenda 2030 el compromiso sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, para procurar una mejor higiene y que los alimentos sean suficientes, inocuos, asequibles y nutritivos, con hábitats humanos seguros, resilientes y sostenibles y donde haya acceso universal a un suministro de energía asequible, fiable y sostenible.

Los ODS son un motivo de celebración para los ayuntamientos y gobiernos locales de todo el mundo. La inclusión del Objetivo 11 para hacer de las ciudades y los asentamientos que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles es, en gran parte, el fruto de una dura campaña de los gobiernos locales, sus asociaciones y la comunidad urbana.

El ODS 11 representa un gran paso hacia adelante en el reconocimiento del poder transformador de la urbanización para el desarrollo y en el papel de sus líderes a la hora de impulsar el cambio global desde el territorio, pues ha entrado a formar parte de la agenda de las ciudades y va a condicionar cada vez más las políticas públicas urbanas. Es, por tanto, un paso necesario y muy positivo. Y es en las ciudades donde nos jugamos dar las respuestas necesarias a los retos globales.

Por otro lado, muchos municipios están entendiendo que la importancia de los ODS no solo reside en contribuir al desarrollo sostenible mundial, sino también a la comunicación de sus historias a escala mundial. La aplicación de políticas innovadoras enfocadas a los ODS puede ser una buena plataforma para presentarse al mundo.

Es fundamental e importante, por ello, que las ciudades de Andalucía están comprometidas con los ODS para poder conseguir mejorar la calidad de vida de sus habitantes y trabajar por un territorio más sostenible y más justo.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

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